Demandan que se lleve a cabo una "consulta real"

Senadores y ecologistas piden que no se apruebe al vapor la ley de bioseguridad

ANDREA BECERRIL

Pese a que el perredista Rodimiro Amaya es uno de los impulsores de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, que hoy se votará en el Senado de la República, integrantes de su fracción están en contra del proyecto y sumaron sus voces de protesta a las de grupos ambientalistas para exigir que no se legisle al vapor y haya una consulta real sobre el tema.

Los senadores Leticia Burgos y Daniel López Nelio enviaron incluso una carta al coordinador del grupo parlamentario, Jesús Ortega, y a la dirigente nacional del PRD, Rosario Robles, en la que adelantan su voto en contra de la iniciativa "si se persiste en obviar las observaciones y sugerencias" que han formulado al proyecto legislativo.

Advierten que además de que es necesaria una reforma al artículo 27 constitucional, es imprescindible tomar en cuenta la opinión de las organizaciones campesinas y sociales, así como de pueblos y comunidades indígenas, tal como lo establece el artículo 69 de la Organización Internacional del Trabajo, ya que no es suficiente la que hicieron los senadores que integran las comisiones dictaminadoras mediante Internet.

De aprobarse la ley tal como está, "se atropellarán los derechos de los pueblos indígenas y de los campesinos", toda vez que no contiene "una sola palabra sobre la defensa de sus recursos naturales", agregan los legisladores.

El pasado martes 16, cuando se presentó en primera lectura la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, representantes de Greenpeace, Grupo de Estudios Ambientales, Rapam y Bios Iguana advirtieron que el proyecto de ley "es muy débil y está hecho a gusto de las trasnacionales de la alimentación, por lo que más que proteger la riqueza biológica del país dará patente de corzo a los consorcios agrobiotecnológicos para sembrar y comercializar todo tipo de transgénicos".

Los ambientalistas acusaron al perredista Rodimiro Amaya, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y a la senadora del Verde Ecologista Verónica Velasco -quien encabeza la Comisíón de Medio Ambiente- de no tomar en cuenta sus planteamientos y negarse en días recientes a recibirlos. Además, de pretender que se apruebe la iniciativa de manera acelerada.

Ayer los senadores Burgos y López Nelio se quejaron también de que las comisiones dictaminadoras tratan de obviar las observaciones y sugerencias que han formulado, sobre todo en el sentido de que antes de aprobar la nueva ley se requiere modificar el artículo 27 constitucional, ya que no contiene ni un solo párrafo que haga referencia a la protección del medio ambiente y al equilibrio ecológico en cuanto a la liberación de organismos genéticamente modificados en cualquiera de sus modalidades.

Hicieron notar que aunque en la exposición de motivos de la iniciativa se asegura que su contenido es compatible con el Protocolo de Cartagena, en realidad sólo aparecen generalidades y subjetividades de los principios contenidos en ese instrumento internacional. "Incluso se rehuye a fincar responsabilidades cuando hay delitos al medio ambiente", tema muy delicado si se considera la experiencia de Oaxaca con la contaminación del maíz por la producción de trasgénicos.

Otro punto a destacar, recalcaron los senadores perredistas, es que la iniciativa no se consultó con el sector campesino, tal como se acordó en la mesa del diálogo entre los representantes de organizaciones agropecuarias y el gobierno federal.

La propuesta carece de "un gran capítulo sobre la participación ciudadana y el derecho de los habitantes a estar informados sobre los posibles daños a la salud y al medio ambiente" que traerá la liberación de transgénicos.