Ventilará lista de casos contra bienes del Distrito Federal, señala

Abogados infuyentes no pasarán: López Obrador

En juego $3 mil 600 millones por dos asuntos que lleva el despacho del senador panista Diego Fernández Demanda reformar la ley de servidores

ELIA BALTAZAR

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, denunció y cuestionó la actuación de aquellos abogados "bien pagados, vinculados con partidos" o que son "representantes populares", que litigan a favor de particulares y en contra de la administración capitalina, en clara alusión al senador panista Diego Fernández de Cevallos, cuyo despacho tiene a su cargo los casos de los predios La Mexicana y Paraje San Juan.

"Vamos a mostrar quiénes son los abogados y en qué juzgados están radicados esos asuntos, porque no nos vamos a quedar callados ni vamos a permitir que nos arrebaten los bienes de la ciudad", dijo el jefe de Gobierno, luego de anunciar que mañana jueves dará a conocer la lista de los casos que se encuentran bajo la responsabilidad de aquellos abogados.

El jefe de Gobierno se refirió particularmente a los casos de La Mexicana, en Santa Fe, y Paraje San Juan, en Iztapalapa, predios en litigio en los que están en juego 3 mil 600 millones de pesos, y en los que los particulares inconformes están representados por el ex diputado federal y ex procurador de Guanajuato Juan Miguel Alcántara Soria, abogado del bufete del senador Fernández de Cevallos.

López Obrador aseguró que se trata de "casos en los que evidentemente hay influyentismo y un equipo de abogados bien pagados, vinculados con un partido político, que quieren arrebatar bienes que pertenecen a la ciudad".

Para el caso del predio La Mexicana -recientemente recuperado por el gobierno capitalino, luego de que por más de 20 años estuvo concesionado a Federico Escobedo-, López Obrador solicitó incluso la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para vigilar el proceso legal que se desahoga en el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa, donde los abogados de Fernández de Cevallos reclaman la vigencia de un amparo interpuesto por el particular en 1998.

Dijo: "Quieren torcer las cosas y ya están haciendo gestiones y litigando en juzgados sin fundamentos legales, pues pretenden hacer valer un amparo que nada tiene que ver con el decreto de recuperación emitido en febrero pasado".

Pero que no crean los jueces, dijo, que este caso se resolverá nada más en los juzgados: "Vamos a ventilar y vigilar si hay una actuación apegada a derecho o prevaleció el influyentismo, pues de ser así procederemos legalmente: interpondremos una queja y recurriremos a todos los instrumentos que la ley permite para poner las cosas en claro".

López Obrador expresó lo anterior luego que el pasado lunes las autoridades se entrevistaron con la juez cuarta de distrito en materia administrativa, María Guadalupe Rivera González, quien lleva el caso del predio La Mexicana, cuya actitud despertó las reservas de funcionarios de la administración local, según fuentes del gobierno.

También limpiar juzgados

Aunque el jefe de Gobierno expresó su respeto por el Poder Judicial, también recomendó llevar adelante una limpia en los juzgados, pues advirtió que en ellos "se están atrincherando los abogados que allí saben moverse como pez en el agua porque se las saben de todas todas". Y no porque son buenos, aseguró, sino porque recurren a sus influencias y a las gestiones.

"Pero al diablo con eso ya", expresó: "Estamos viviendo otra época y tienen que terminar esas prácticas, sobre todo si está de por medio el interés general."

Así, ante el papel que ha desempeñado el bufete de Fernández de Cevallos y del también senador panista Fauzi Hamdan, representante legal de la empresa Eumex, en los litigios que enfrenta el gobierno capitalino, López Obrador insistió en la necesidad de reformar la Ley de Servidores Públicos para impedir que representantes populares, ya sean senadores, diputados o funcionarios, se dediquen a defender intereses privados en perjuicio de los bienes públicos, porque "es totalmente indebido e inmoral".

Dijo: "Tiene que haber una reforma a la ley para impedir que quienes ostentan cargos de elección popular realicen gestiones en beneficio de particulares y en contra del interés general".

Así, a propósito de una declaración del senador Fernández de Cevallos, en la que expresaban su preferencia por su actividad como abogado litigante frente a su función como representante popular, si llegara el caso de que le dieran a escoger, el jefe de Gobierno cuestionó: "ƑY qué espera? Si esa es su vocación porque le gusta el dinero, pues que se dedique a eso, pero que no mezcle el interés general con el particular".