Magdalena Gómez
Los focos rojos del acuerdo para el campo
El documento que contiene el Acuerdo Nacional para el Campo despierta preocupaciones antes que sensación de triunfo. Esto si nos colocamos en la lógica de las organizaciones campesinas que han mantenido, con sus variantes, posiciones independientes, porque si lo vemos con los ojos de la Confederación Nacional Campesina (CNC), francamente podemos decir que es un absoluto triunfo que una organización como ésta, representativa de la política clientelar y corporativista, aparezca ahora reconvertida en un ente político que se codea, de tú a tú, con organizaciones que antaño sufrieron sus embates en el campo.
Ciertamente uno debe reivindicar y ponderar esfuerzos de unidad en el movimiento campesino, también debe considerarse que el documento, cuasi acuerdo, es producto de la voluntad de parte del "gabinetazo", al que le urge reivindicar que la política tiene sentido y que la negociación da frutos, para enfrentar a los que desde adentro del mismo están claros de que su alianza es con el capital, sobre todo trasnacional.
Lo que no queda claro es su sentido. El texto del acuerdo amerita un ejercicio de concordancias con el Programa Nacional de Desarrollo y con el programa operativo anual de las dependencias que integran el sector social. Encontrando la coincidencia con lo ya escrito y ofrecido, debemos preguntarnos si vale la pena que las organizaciones campesinas independientes se hipotequen en una apuesta en favor de la llamada "corresponsabilidad", que más bien parece una "coadministración".
El grueso de las propuestas dependen del ejercicio normal presupuestario y, por tanto, su cumplimiento pasa por los "asegunes" de la normatividad administrativa. ƑCómo supervisarán transferencias y etiquetación de partidas para que efectivamente se cumpla lo firmado? Aquí francamente les lleva ventaja la CNC, pues tiene la experiencia directa en el manejo presupuestal por algunas décadas. En el plano legislativo es francamente pobre la propuesta, en contenido y en posibilidades. Evidentemente el preacuerdo sobre el acuerdo implica que las organizaciones campesinas le apostaron a la lógica que dice "de lo perdido lo que aparezca", y lo evidente son algunas ofertas de recursos adicionales que, insisto, pasan por las variables y puenteos administrativos, no son de aplicación y ejercicio inmediatos.
En el plano de la demanda central de revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuentan con expresiones de buena voluntad en el sentido de que se harán planteamientos a las contrapartes del tratado mediante los mecanismos normales. Nada garantiza de manera contundente que sus resultados coincidan con la demanda campesina que dio origen a esta etapa de movilizaciones. Por otra parte, en el caso indígena se confirma la peor de las previsiones: en adelante hay que preocuparse cuando se incluye en una negociación la expresión de que "se cumplan los acuerdos de San Andrés", porque lamentablemente ya se convirtió en una frase políticamente correcta cuyo contenido puede ser cualquier cosa. En este caso se concretó en la expresión ambigua y trivial de que "se revisará la legislación relativa a comunidades indígenas". Ya existe legislación; por ejemplo, la agraria las involucra en tanto ejidos y comunidades, y afecta, por cierto, sobre todo en el sentido privatizador del artículo 27 constitucional. Ya decíamos en otra colaboración que es muy difícil obtener el compromiso de la clase política de que se realizará una reforma constitucional para retomar el contenido de la propuesta de la Comisión de Concordia y Pacificación y los acuerdos de San Andrés. En este caso, Ƒno hubiera sido mejor reivindicar como un disenso esa demanda?
La decisión de las organizaciones de firmar este documento tendrá repercusiones en el complicado escenario político del país, donde hay una creciente desconfianza frente al conjunto de los partidos políticos. Probablemente en un escenario positivo lograrían el júbilo de campesinos y productores que en hipótesis se vieran favorecidos por recursos y programas vigilados, lo cual nada tiene que ver con la necesidad de reformas estructurales y de una nueva política para el campo, como se inició este movimiento. Que me perdonen las organizaciones campesinas, pero el discurso oficial foxista predomina en el documento que avalarían con su firma; perderían, pretendiendo ganar..
P.D. A Julio Boltvinik le preocupó más indagar las fuentes o el origen de mi cuestionamiento al uso que hace del concepto de indigencia, que el contenido del mismo. Lamentablemente no están de mi lado los diccionarios, ni en éste ni en la mayoría de los temas que trabajo. La definición de la indigencia como proceso de desafiliación social y familiar proviene del documento de política social del gobierno de Cárdenas en el Distrito Federal, y la validación de la misma la obtuve en la experiencia directa de coordinar, entre otros, el proyecto relativo a ese grupo social, lo que se sumó a la proveniente del trabajo en el medio indígena. Por último, le tengo mucho respeto a la expresión que utilicé de padecimientos mentales, los cuales podemos tener muchos y muchas de nosotros (as) sin ser "loquitos que duermen en la calle". Le agradezco la atención a la divergencia que hoy reitero.
