"Existe una serie de complicidades entre autoridades, líderes sindicales y patrones"

Labora en condiciones de alta precariedad gran parte de asalariados: investigador

PATRICIA MUÑOZ RIOS

En México la mayor parte de los asalariados -casi 20 millones de personas- laboran en condiciones de "alta precariedad", no reciben los beneficios establecidos en la Ley Federal del Trabajo, como el aguinaldo, el pago de horas extras ni ninguna otra prestación social, además que rebasan con mucho la jornada máxima establecida y los derechos son totalmente inexistentes para ellos.

Incluso están fuera de la seguridad social más de 27 millones de trabajadores, porque los patrones evaden la obligación de inscribirlos en estos servicios, según expone un análisis del investigador Saúl Escobar Toledo, director de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y experto laboralista.

En el análisis denominado El debate sobre las reformas a las leyes laborales: un trabajo digno o un sindicalismo indigno, el especialista señala que las referidas cifras muestran que en nuestro país se vive una ficción, según la cual la ley rige las relaciones obrero-patronales, lo que la realidad desmiente.

Sólo 9 por ciento de los trabajadores ocupados en el país tienen una relación laboral apegada a la ley, y 91 por ciento de ellos tiene que contratarse en condiciones por debajo de las permitidas en la legislación respectiva. Además, el derecho a la contratación colectiva y a la organización sindical sólo lo disfrutan uno de cada cuatro trabajadores.

"Existe en nuestro país un entramado de complicidades, corrupción e intereses facciosos entre las autoridades del trabajo, dirigentes sindicales y patrones que han permitido que este régimen de simulación exista y se desarrolle. Hace unas décadas este entramado permitió la vigencia del charrismo sindical, es decir, un sindicalismo autoritario, corporativo y clientelar. Hoy, sin embargo, este charrismo ha degenerado en un sindicalismo fantasma, que vive casi exclusivamente de los contratos de protección", apunta Escobar Toledo.

Desde su perspectiva, el problema que vive nuestro país no sólo es que no se están creando suficientes plazas de trabajo para la población, sino que además se ha generalizado el trabajo en condiciones indignas. No sólo es un problema cuantitativo, sino cualitativo, señala.

En su análisis incluido en el libro Reforma laboral, análisis crítico del proyecto Abascal de reforma a la Ley Federal del Trabajo advierte que en esta iniciativa que esta impulsando el gobierno de Vicente Fox se introduce una mayor flexibilización a las condiciones laborales, porque impone la jornada discontinua (acumulación de horas por encima de los límites constitucionales), los contratos a prueba y para capacitación, que permiten la terminación de la relación laboral sin indemnización.

En tanto, los sindicatos corporativos obtuvieron un conjunto de reformas que imponen más candados para obtener el registro de un nuevo sindicato y otras modificaciones destinadas a evitar la competencia y el pluralismo sindical, así como el surgimiento de nuevas tendencias en el movimiento obrero, de manera que se refuerza el control corporativo, apunta.

En su documento plantea que tanto las reformas encaminadas a flexibilizar la jornada de trabajo y la contratación, así como las nuevas disposiciones pensadas para elevar el proteccionismo sindical, dan satisfacción a los deseos del gobierno panista y el sindicalismo corporativo priísta. Pero lo que ni el Ejecutivo ni los dirigentes sindicales advierten es que con este tipo de acuerdos se agrava la crisis social, pues "las reformas de Abascal sólo pueden conducir a un mayor autoritarismo del Estado y a una mayor asfixia de la actividad sindical", expone el experto.

Detalla que en contraste, la propuesta de reforma planteada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el PRD busca eliminar los controles políticos y jurídicos que inhiben o desvirtúan el ejercicio de los derechos, trasladando las decisiones a los trabajadores, así como proponer un nuevo régimen laboral que restablezca el equilibrio entre las ganancias que obtienen los empresarios -que representan 65 por ciento del producto interno bruto- y el descenso en picada que registran los salarios.