Ana de Ita
El mito del eterno retorno
Una de las principales demandas de las organizaciones campesinas fue la renegociación del capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entendiendo después de nueve años de topar con pared que una reforma estructural en el campo era imposible con un tratado que obstaculiza y limita las políticas agrícolas internas.
El gobierno foxista desde el inicio se negó a tocar el TLCAN y a cambio ofreció un ''blindaje agroalimentario'', ''una política espejo''. Después de cinco meses de movilización y negociación de las organizaciones campesinas con el gobierno, el documento de trabajo del llamado Acuerdo Nacional para el Campo, que se pretende firmar lo más rápido posible, plantea simplemente lo mismo.
Si el conjunto del texto del acuerdo es confuso y ambiguo, el apartado B, referido al comercio internacional y al TLCAN lo es aún más, pues lograr el consenso de las organizaciones sin aceptar sus demandas fundamentales y sin molestar al gobierno de Estados Unidos es un ejercicio de retórica difícil.
Respecto al TLCAN, el documento cancela las demandas campesinas originales de revisión y renegociación del capítulo agropecuario, la de exclusión definitiva del maíz y frijol del proceso de liberalización comercial del TLCAN, y la de reintroducción de restricciones cuantitativas (aranceles-cuota) a las importaciones de los productos de las cadenas agropecuarias básicas y estratégicas para la seguridad y soberanía alimentaria.
En su lugar, el texto plantea que el gobierno, ahora sí, aplicará todos los mecanismos de defensa establecidos en las leyes y en el propio TLCAN, que deberían haberse utilizado desde los nueve años previos. Pero esta promesa suena hueca o tramposa: para todos los productos agropecuarios, excepto maíz, frijol y leche en polvo, no existe ninguna protección arancelaria a partir de este año. Para los productos que contaban con salvaguardas especiales, este año, al concluir su periodo de desgravación, se venció también la posibilidad de utilizarlas. Los mecanismos de defensa tan promocionados se reducen a entablar demandas antidumping por prácticas desleales de comercio para cada producto, las cuales son largas, costosas, poco transparentes y sin garantía de lograr protección por un algún periodo de tiempo. La otra opción es apelar a faltas de calidad, normalización, plagas, etcétera, que quizá en algún caso funcionen pero será la excepción. Así, trigueros, sorgueros, cebaderos, soyeros, y todos los demás productores agropecuarios quedarán en la indefensión, en libre competencia con la producción subsidiada pero legal de Estados Unidos, esperando que en la Organización Mundial del Comercio se pacten reducciones de subsidios y los países las acaten.
Para los casos del maíz blanco y el frijol el gobierno de México buscará ''sustituir lo establecido en el TLCAN por un mecanismo permanente de administración de las importaciones''. Para algunos dirigentes agrarios éste es el logro más importante del apartado, pero tiene también otra lectura. Justo para maíz y frijol el TLCAN permite una protección ''extraordinaria'', todavía vigente hasta 2008, a partir de aranceles altos, cuando sus volúmenes de importación rebasen una cuota establecida. Esta cuota nunca ha sido respetada por el gobierno mexicano; por el contrario, los sucesivos gobiernos han adoptado un mecanismo de administración de importaciones, el Comité de Cupos de Importación, que ha permitido rebasar las cuotas sin imponer la protección del arancel.
Además, mientras se logra convenir con Estados Unidos y Canadá este mecanismo, el texto del acuerdo plantea que ''se suspenderá la asignación de cupos de importación de maíz blanco, excepto en casos comprobados de desabasto''. En el TLCAN lo negociado fue maíz, pero el gobierno optó por diferenciar maíz blanco de amarillo. Las importaciones de maíz blanco son insignificantes comparadas con los volúmenes importados de maíz amarillo que son el verdadero problema, sin ningún compromiso en el texto. Para el frijol el gobierno se compromete a ''iniciar el procedimiento de investigación contra prácticas desleales o salvaguarda''. Victoria pírrica pues Bachoco, Pilgrims y Tyson no necesitaron movilizar un solo productor para obtener su salvaguarda para pierna y muslo, y el frijol, aún sin salvaguarda, tiene derecho a la aplicación de un arancel de 58.7 por ciento en 2003 para los volúmenes fuera de cuota, que se han rebasado sistemáticamente y el arancel nunca se ha cobrado.
Respecto a la anticampesina política de cupos de importación, sólo para maíz, frijol y leche en polvo, el gobierno se compromete a consultar a las organizaciones de productores, campesinos y agroindustriales a fin de diseñarla, instrumentarla y vigilarla, considerando ''los requisitos mínimos previstos en los tratados de libre comercio y las necesidades adicionales en función de la oferta y demanda nacional, con objeto de atender sólo los casos de déficit real''. El gobierno ha sostenido que el aumento de los cupos por arriba de los comprometidos en el TLCAN siempre ha sido por un déficit real y ha simulado durante los últimos años una consulta previa con las organizaciones. ƑCuál será la diferencia? En el margen del TLCAN del que el gobierno se niega a salir, el texto del acuerdo no se compromete siquiera a lo mínimo: ''cobrar el arancel máximo estipulado para todo volumen de importación que rebase la cuota comprometida''.
Una demanda de las organizaciones campesinas que impulsaron uno de los más importantes movimientos contra las trampas del ''libre comercio'', en el texto del acuerdo que posiblemente se firme, retornó al inicio: ''blindaje agroalimentario'' y ''política espejo'', con muchos menos recursos que los productores de Estados Unidos, pero ahora con el aval de las organizaciones campesinas.
