Legisladores del PRI acusan a Creel de presionar para aprobar dictamen de ley

La pugna priísta por los casinos, un "cochinero", según diputados del PRD

La normatividad del ramo afectaría intereses de miembros de la cúpula del tricolor, dicen

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ /II

La batalla entre diputados del PRI por la instalación de casinos ha derivado en acusaciones mutuas de aceptar sobornos y viajes, con todo pagado, a Las Vegas y Montecarlo -Manuel Añorve, por ejemplo, habla de "cochupos"-, a cambio de aprobar la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, y luego de cinco meses de agrios debates optaron por dejarle la tarea a la siguiente Legislatura.

En el camino, este conflicto de intereses derivó en un "cochinero", según legisladores del PRD. Ansiosos por repartir culpas, diputados del tricolor también acusan al secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, de haber intervenido, mediante un "representante" del gobierno federal, para que en el dictamen de la iniciativa, presentada en febrero de 1999, se autorizaran los casinos.

Sólo que dicho "representante" resultó ser Guillermo Flores, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Financieros, quien participó en las sesiones de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con la autorización del actual presidente de la cámara, Armando Salinas Torre.

El enredo legislativo -en el dictamen de la Comisión de Gobernación se borró el capítulo de casinos, pero se dejó intacto lo relacionado con la infraestructura que permite montarlos- y los compromisos asumidos tanto por los priístas deseosos de autorizar la apertura de casinos en México como por los que se oponen, para proteger los centros de apuestas que ya operan en territorio nacional, derivó en la ruptura de amistades en la bancada del PRI.

Salvo los artículos que se omitieron para no incluir la palabra "casinos" en el dictamen, el resto refleja la pugna de los legisladores, pues en la redacción se refleja de distintas formas la intención de incluir o sacar los casinos de la regulación del juego y las apuestas.

Miguel Barbosa, diputado del PRD, recuerda que al principio de la actual Legislatura acudieron a una cita con Santiago Creel. En esa ocasión, dijo, el titular de Gobernación "nos expresó el interés del gobierno porque hubiera una ley. Si no se daba así y ésta representaba una dificultad, ellos iban a caminar con un decreto. Después se constituyó un grupo de trabajo para redactar el proyecto de dictamen. Al frente de él estuvo el priísta José Antonio Hernández Fraguas. Cada paso que dio lo consultó con Santiago Creel".

Con el paso de los meses "las cosas comenzaron a viciarse", acepta el perredista, y refiere que un grupo de priístas "que hoy tienen permiso para operar los yaks y sports books" rechazaron la posibilidad de casinos, pues afectaría sus negocios. "Esos son establecimientos donde se desarrollan juegos. Se dice que quien está detrás de eso y los controla es Manlio Fabio Beltrones", recalca el diputado perredista.

A esa descomposición en el debate por los casinos se acumuló otro ingrediente: la intervención de personajes ajenos a la Cámara de Diputados, quienes acudían a San Lázaro como "representantes" de legisladores priístas. Uno de ellos, recuerda Miguel Barbosa, es Daniel Chávez, hotelero de Puerto Vallarta quien mantiene sólidos vínculos económicos con el diputado Salvador Cosío.

Barbosa relata: "nos dijo que representaba a varios priístas y también aseguró que lo habían buscado. Y justo cuando él vino a la Cámara comenzaron a publicarse en los periódicos más importantes del país planas enteras en favor de los casinos. Esta campaña de alto costo no pudo haber sido sufragada por personas aisladas ni por la propia Cámara de Comercio de Tamaulipas, que firmaba los desplegados.

"Yo digo que hay intereses más importantes que esos. Por eso, insisto, lo más sano es que esta Legislatura no apruebe ninguna ley y que quienes impulsaron a unos y otros empresarios no salpiquen con sus cochineros a la Cámara de Diputados."

Daniel Chávez, integrante de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, ha manifestado que los casinos en México deberán ser operados por empresas públicas extranjeras profesionales, con una participación de 51 por ciento de la industria hotelera nacional.

También el diputado Manuel Añorve, vicecoordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, la emprende contra la intromisión de Creel, quien -confirma- envió a la Cámara de Diputados como "asesor" de Gobernación a Guillermo Flores, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Financieros, a quien el gobierno federal pretendía designar comisionado nacional de juegos y sorteos una vez aprobada la nueva ley de juegos con apuestas.

El legislador priísta abunda: "Armando Salinas Torre, presidente de la Cámara de Diputados, promovió un acercamiento con Creel, quien impuso como asesor externo de la Comisión de Gobernación a Guillermo Flores. Este personaje comenzó a influir en todo el dictamen; no sólo opinaba, también participaba en reuniones de trabajo en Polanco. Ahí estuvo Jaime Mantecón (diputado priísta), y doy nombres porque no se puede hablar así, por pura casualidad".

Es Añorve quien destaca el papel de Guillermo Flores: "él propuso y expuso todo lo que consideró que debería ser la Ley de Juegos y Sorteos. Es el asesor externo del secretario de Gobernación, es el presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Financieros. Como tal, coloca los recursos en paralelo a las casas de bolsa".

Acuerdos secretos

Si bien los amarres entre los dos grupos del PRI y la intervención de Creel Miranda hicieron avanzar el proyecto, el 13 de marzo pasado se selló el futuro del dictamen porque Salinas Torre -entonces presidente de la Comisión de Turismo- convocó a una sesión de ese grupo de trabajo con objeto de modificar el texto. Añorve resume así aquella maniobra: "fue una reunión medio secreta, convocada dos días antes de que Armando Salinas tomara posesión como presidente de la mesa directiva. Nosotros propusimos que el dictamen regresara a las comisiones unidas de Turismo y Gobernación. El argumento fue que no se podía porque Antonio Hernández Fraguas y Salinas, con el que hizo acuerdos paralelos, ya habían trabajado el documento con Guillermo Flores. Nos dijeron que estaban en una posición muy complicada porque también Miguel Barbosa estaba amarrado con los panistas.

"El 13 de marzo, en el orden del día se incluyó una solicitud del grupo parlamentario del PRI para regresar a comisiones el dictamen, que ya estaba en primera lectura. Nos mayoritearon y nos dijeron que no. šY aquí vienen los pinches cochupos! El perredista David Augusto Sotelo propuso un addendum (texto adicional al dictamen para incorporar un artículo transitorio, en el que se concedían al Ejecutivo las facultades no dispuestas en la ley) y salvar así el asunto de los casinos".

Al presentarse el actual proyecto de dictamen de la Comisión de Gobernación, ante la presidencia de la Cámara, que le dio trámite de primera lectura, y a pesar de haber sido avalado por los diputados del PRI en dicha comisión, ellos mismos detectaron "defectos" que antes no habían descubierto. Ahora reclaman que sea devuelto a las comisiones unidas de Gobernación y Turismo.

El último capítulo de la historia del diferendo priísta ocurrió el pasado 15 de abril en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El presidente de la mesa directiva, el panista Salinas Torre, y el coordinador de la bancada del PAN, Alejandro Zapata Perogordo, incluyeron en el orden del día la discusión, en segunda lectura, del proyecto de dictamen de la Ley de Juegos y Sorteos sin consultar a los representantes del resto de las fracciones.

Ese hecho provocó una fuerte reacción de los priístas, porque en caso de aprobarse como está redactado el dictamen afectaría los negocios de líderes del PRI. La maniobra de Salinas Torre y Zapata Perogordo les dio el pretexto perfecto para argumentar que los panistas violaron el proceso legislativo.

Recordaron que, por orden del presidente de la cámara, la Comisión de Turismo también deberá realizar su propio dictamen antes del 25 de abril y el presidente de esa comisión, Jaime Larrazábal, citará a reunión para el próximo jueves; como la redacción será distinta a la de la Comisión de Gobernación se tendrá que regresar la iniciativa a comisiones unidas para cumplir con el trámite legislativo.

Las dos comisiones tendrían cuatro días para negociar un solo dictamen para presentarlo en la última sesión del periodo, el martes 29. Ese mismo día se tendría que considerar el asunto como "de urgente y obvia resolución", para darle primera y segunda lectura antes de someterlo a votación.

El escenario para los diputados del PRI no podría ser mejor. La maniobra de los panistas les abrió el camino para devolver el dictamen y con ello se sacudieron la responsabilidad de aprobar en esta legislatura una ley de juegos y sorteos.