Acuerdo para el campo: cambiar para que todo siga igual

El pasado 16 de abril, el gobierno federal entregó a El campo no aguanta más, la Confederación Nacional Campesina, el Congreso Agrario Permanente y El Barzón el último documento de trabajo para establecer un pacto entre Estado y campesinos. La propuesta fue nombrada Acuerdo Nacional para el Campo: por el desarrollo de la sociedad rural, la soberanía y seguridad alimentarias, y se entregó para consulta entre las bases de las organizaciones agrarias. Podría firmarse el 21 o el 28 de abril.

El documento consta de 47 páginas y 19 mil 715 palabras, divididas en seis capítulos. Su contenido incluye una introducción, 31 considerandos, 16 principios rectores y 281 acuerdos básicos. Estos últimos abarcan acciones inmediatas, cuestiones relacionadas con el comercio internacional, medidas para el desarrollo económico y desarrollo social, modificaciones al marco legal e iniciativas para dar seguimiento y evaluación al acuerdo. Como parte de ellos se establece un fondo de emergencia de 2 mil 800 millones de pesos.

¿Resuelve el acuerdo las demandas centrales del movimiento campesino? ¿Modifica el sesgo antirrural y contra la pequeña producción rural de las políticas gubernamentales? ¿Realmente establece un nuevo pacto entre Estado y sociedad rural? El gobierno federal asegura que sí. De hecho, lo dijo aun antes de iniciar negociaciones formales, a través de una costosa campaña publicitaria en los medios de comunicación electrónicos. Sin embargo, el análisis del documento contraviene el optimismo oficial.

Soberanía y seguridad alimentarias

El Acuerdo Nacional para el campo: por el desarrollo de la sociedad rural, la soberanía y seguridad es un documento inútilmente extenso, farragoso, poco jerarquizado, reiterativo, con importantes contradicciones y sin sentidos. Las medidas que establece no tienen correspondencia con los 31 considerandos que estipula.

Su redacción sugiere que más que el producto de una negociación entre pares es un programa gubernamental diseñado desde el gobierno mismo. No pocos puntos incorporados a los 281 acuerdos básicos son tan sólo ordenamientos legales que el Ejecutivo federal debe cumplir independientemente de cualquier negociación.

Los problemas comienzan desde el nombre mismo del documento. En un caso, en el del desarrollo de la sociedad rural, porque sus afirmaciones difícilmente corresponden al contenido de lo que propone. En otro, el de la soberanía y seguridad alimentarias, porque hace aparecer como una misma línea de acción políticas que en los hechos son diferentes.

Aunque el acuerdo dice buscar la promoción del desarrollo de la sociedad rural, una enorme cantidad de las iniciativas propuestas son, lisa y llanamente, acciones de gobierno destinadas a fortalecerse. Lejos de trasladar facultades, funciones, competencias y recursos a la sociedad civil rural o al Legislativo, define modalidades de intervención estatal en el sector.

Sus propuestas de descentralización se limitan a promover mayor participación de otros niveles de gobierno (estados y municipios), no a crear espacios de intervención relevantes en la definición o evaluación de las políticas públicas para los productores organizados. Los dirigentes de las organizaciones campesinas nacionales tendrán un poco más abiertas las puertas de las instituciones, pero éstas no se reformarán.

La soberanía y la seguridad alimentarias son propuestas de política rural distintas. Cada una fija prioridades diferentes. Aunque el documento busque apoyarse en lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, hacerlas aparecer como parte de una misma línea de acción no es lo más adecuado.

Por seguridad alimentaria se entiende el acceso sostenido y garantizado a la alimentación de todos los grupos sociales e individuos, asegurando su cantidad y calidad en el mercado mundial, de manera que puedan satisfacer los requerimientos nutricionales que se necesitan para llevar una vida activa y sana. En cambio, la soberanía alimentaria consiste en la capacidad de garantizar la producción y el acceso a los bienes básicos de consumo, de acuerdo con las realidades culturales específicas de cada nación. Implica, en ciertas condiciones, la autosuficiencia en la producción de básicos para no depender de las presiones imperiales.

La seguridad alimentaria pone el acento en garantizar el abasto de comida mientras que la soberanía alimentaria da preminencia a su producción. Una versión de la seguridad alimentaria ha sido la bandera de quienes promueven que la política rural de nuestro país debe regirse por el principio de las ventajas comparativas y sacrificar la agricultura nacional en nombre de la globalización y la macroeconomía. Quienes defienden la necesidad de no depender de los chantajes de los poderosos para alimentar a la población reivindican la soberanía alimentaria y exigen políticas comerciales (ausentes en el documento) que la hagan posible.

El acuerdo se refiere indistintamente a ambas políticas, pero en los hechos toma muy pocas medidas para garantizar la soberanía alimentaria.

Sin pies ni cabeza

La propuesta señala que el principio que rige y sustenta el Acuerdo nacional es promover una "Política de Fomento Productivo y Desarrollo Económico y una Política Social para el Desarrollo Rural". Confunde así la causa primera con el medio para obtenerla; el valor primordial sobre el que se funda una relación con las herramientas requeridas para desarrollarla. Este revoltijo está presente en todo el texto. Frecuentemente se mezclan como si fueran lo mismo principios, políticas, programas y acciones.

El asunto podría ser secundario si las políticas de fomento social representaran realmente una nueva orientación del gasto público en favor del campo y los campesinos. No es así. La política social desglosada en el documento no se distingue en casi nada de la practicada por la administración de Vicente Fox (incluyendo la continuidad del cuestionado Seguro Popular) y en muchos puntos no pasa de ser un listado de acciones sin ideas originales de cómo combatir la pobreza rústica.

En el caso de la política de fomento, aunque hay avances (programa en favor de los deudores de la banca de fomento o la aceptación de las pérdidas del capital de riesgo de Fonaes y apoyos a la comercialización), en lo esencial no se modifican las líneas de acción del actual sexenio. No se compromete con acciones para acabar con el déficit en la balanza agropecuaria (apenas se le menciona como un elemento que los programas deberán incorporar), e incluso su oferta de dar certidumbre a los ingresos de los productores se hace sin establecer pagos asociados a los precios de los productos agrícolas, la producción o a la productividad.

El espíritu gatopardista del texto se hace aún más evidente al despojar de su contenido original a conceptos claves. Es el caso del principio de paridad.

Surgido de la legislación agrícola estadunidense, se define como la equivalencia entre el poder de compra actual de un productor rural y su capacidad para adquirir bienes durante un periodo base seleccionado, garantizado con apoyos gubernamentales a los precios agrícolas. El acuerdo, en cambio, define la paridad como "el derecho a tener acceso a las mismas oportunidades para su desarrollo, de la población urbana y la población rural". De esta manera, un principio que inspira políticas compensatorias directas es sustituido por una declaración en favor de la igualdad de oportunidades.

Las recientes protestas campesinas exigieron la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Además de cuestionar las formas de lucha utilizadas en nombre de la gobernabilidad democrática, el acuerdo deja fuera esta reivindicación. Ofrece evaluar su impacto (así como el del farm bill de Estados Unidos), cosa que ya debería haberse hecho. Promete utilizar todos los recursos legales para efectuar "consultas y convenir con Estados Unidos y Canadá las adiciones" convenientes o acuerdos complementarios, especialmente en el caso del maíz blanco y el frijol. Conviene suspender la asignación de cuotas de importación de maíz blanco. En los hechos redita la propuesta de blindaje agropecuario del presidente Fox, pero en ningún caso acepta suspender o abrir negociaciones para modificar el TLCAN.

Lo mismo sucede con la demanda campesina de modificación al artículo 27 constitucional. No hay en el acuerdo un solo ofrecimiento de modificar esta norma; en cambio se otorga plena legitimidad a los programas de certificación agraria, fuertemente cuestionados por muchas organizaciones rurales.

En el texto aparecen políticas gubernamentales como si fueran demandas campesinas. Este es el caso, por ejemplo, de la reivindicación de la agricultura por contrato o de la Ley sobre Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados. La exigencia de reconocer los acuerdos de San Andrés desapareció y ni siquiera se habla de los pueblos indígenas. Los puntos en los que se aborda la situación de jornaleros agrícolas y trabajadores migrantes son de una pobreza lamentable.

Una decisión difícil

Los líderes de las centrales agrarias que han vivido de los favores del gobierno dirán que el acuerdo es un gran triunfo. No es novedad; siempre lo han hecho así. Para las organizaciones democráticas la situación es más compleja. Habrá quienes consideren sinceramente que es un pequeño paso y que es mejor que nada. Otros evaluarán que es lo máximo que se pudo conseguir con la correlación de fuerzas existente. Algunas más cuestionarán su alcance.

Los dirigentes independientes están frente a una difícil situación. Aunque no firmen, los líderes corporativos lo harán. Pero si avalan el acuerdo, muchas organizaciones regionales, parte del movimiento indígena, así como muchos aliados considerarán que malgastaron su fuerza y que llegaron a un arreglo indebido con el gobierno. Ellos deben rendir cuentas a sus bases y ofrecerles resultados, pero también tienen la obligación de hablarles con la verdad.

Decidan lo que decidan, lo cierto es que el acuerdo no modifica sustancialmente la orientación antirrural y anticampesina del actual gobierno. Es cierto que reconoce algunas exigencias de los labriegos, pero son insuficientes para modificar el rumbo de la política en marcha. Sobre estas bases no hay forma de establecer un nuevo pacto entre el Estado y la sociedad rural. ¿O acaso el campo si va a aguantar más con el acuerdo?