El aumento para trabajadores de menor categoría llega a 5.5%

Acepta la FSTSE incremento salarial de 3.7% en promedio

Critica Ayala Almeida el programa de retiro voluntario

FABIOLA MARTINEZ

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) aceptó un incremento salarial de 3.7 por ciento -en promedio- para los 450 mil empleados del sector público del país, el cual se pagará a partir del 15 de mayo, con retroactividad al primero de enero pasado.

Tras varios meses de negociaciones, el presidente de la FSTSE, Joel Ayala Almeida, y el titular del Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Jorge Delgado García, definieron la forma de repartir una bolsa de mil 100 millones de pesos autorizada por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2003.

Con base en lo anterior, acordaron un incremento promedio para los trabajadores operativos de base de 5.5 por ciento, por lo que aquellos de menor categoría pasarán de un sueldo "piso" de 2 mil 850 a 3 mil 350 pesos mensuales. Así, el avance salarial para los que menos ganan en la burocracia será de 250 pesos a la quincena o 16 pesos diarios.

Entre las prestaciones adicionales al aumento anual, la FSTSE y Hacienda aprobaron un nuevo rubro denominado Apoyo para el desarrollo y la capacitación, que consiste en 250 pesos mensuales que, junto con 50 por ciento de los "incentivos económicos" de fin de año, se sumarán al monto total de percepciones del trabajador con el propósito de calcular jubilación, préstamos personales o créditos hipotecarios, es decir, este rubro no impactará directamente en los bolsillos del empleado sino en el nivel para cotizar aspectos como el retiro.

Para hacer más "dinámico el tabulador", éste se compactó de 15 a 12 niveles salariales, correspondientes al personal de base, en su mayoría perteneciente a los sindicatos agrupados en la FSTSE. Cabe precisar que la plantilla de 450 mil empleados a la que hizo referencia el representante de la SHCP en la negociación referida, no incluye a los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuya revisión se realiza por separado y concluye el 15 de mayo próximo.

El líder de la FSTSE, Ayala Almeida, también senador priísta, convocó a una conferencia de prensa conjunta con el titular de Servicio Civil de Hacienda, para afirmar que el aumento salarial diferenciado (de 3.7 a 5.5 por ciento) forma parte de una nueva fórmula que permitirá "cerrar por etapas la brecha tan distante entre el tratamiento salarial de los trabajadores de confianza, respecto de los trabajadores sindicalizados".

Los temas difíciles

Sin embargo, enseguida se pusieron en evidencia las diferencias entre esta federación sindical y el gobierno del presidente Vicente Fox en tres temas sustantivos: el programa de "separación voluntaria", el cambio de adscripción de empleados del sector público y la eventual contratación de administradoras privadas de recursos para el retiro, todos ellos esquemas promovidos por el actual gobierno y, en especial, por el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

El funcionario reconoció que el esquema de retiro voluntario se encuentra suspendido y sometido a revisión por parte de la FSTSE, aunque en entrevistas previas informó que desde su puesta en marcha, en enero pasado, habían enviado su solicitud cerca de 18 mil trabajadores. En lo que va de la actual administración han salido de la plantilla, por esta vía, alrededor de 28 mil burócratas.

Respecto a los traslados "radicales" de adscripción, denunciados inclusive por personal del Sistema de Administración Tributaria, Delgado aseveró que no son cambios forzados sino procesos de reubicación para "compaginar servicios" en todo el país.

Enseguida, Ayala Almeida reiteró que el programa foxista de "separación voluntaria" sólo lleva a sus afiliados a engrosar las filas del desempleo y se contradice con la política de generación de fuentes de trabajo del mandatario; aseveró que más que liquidar personal hacen falta 8 mil nuevas plazas para las instituciones de salud y educación.

También se pronunció en contra de "los cambios arbitrarios" de adscripción, así como de formas "inquisitoriales" para promover la transparencia en las dependencias: "reubicar es, en términos prácticos, solicitarle la renuncia al trabajador", dijo.

De igual forma, aseveró que la federación que encabeza no aceptará pagar comisiones para que un tercero administre los fondos para el retiro de casi 2 millones de trabajadores al servicio del Estado, en un esquema similar al que opera para los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, propuesta por el titular de Hacienda, como una alternativa para salvar el sistema de pensiones de los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.