Faltó dinero para que una empresa estadunidense proporcionara la información: Fepade

En reserva desde 2001, la denuncia del GDF sobre uso ilícito del padrón

En 1998 se solicitó apoyo al gobierno de Washington, pero éste alegó que no podía obligar a una compañía particular a entregar datos a un país extranjero, indica Fromow

JESUS ARANDA

El 21 de mayo de 2001, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) determinó poner en reserva la averiguación previa sobre la denuncia presentada en 1998 por el gobierno del Distrito Federal respecto al presunto uso ilícito del padrón electoral; en aquella ocasión se solicitó apoyo al Gobierno de Estados Unidos, pero éste alegó que no tenía facultades para obligar a una empresa particular a que entregara información a un gobierno extranjero.

Reveló lo anterior la titular de la Fepade, María de los Angeles Fromow, quien explicó que la decisión de enviar a la reserva la indagatoria se basó en la imposibilidad de ''obtener pruebas documentales'', así como incapacidad económica y legal para pagar 40 mil dólares a la empresa estadunidense, que es lo que cobraba por permitirle el acceso a 20 por ciento de su base de datos, lo cual era indispensable para ''cruzar datos'' y corroborar el uso indebido o no de documentación oficial.

Alta cotización

De acuerdo con la cotización que en aquel entonces le hicieron a la Fepade, el acceso a la información completa del presunto registro de alrededor de 4 millones de capitalinos era de 200 mil dólares. En este sentido cabe preguntarse: Ƒcuál sería el precio de la base de datos del Registro Federal Electoral de casi 65 millones de mexicanos?

En el caso de la reciente denuncia presentada por el IFE en contra de quien resulte responsable por la presunta adquisición de los datos del padrón electoral por parte de la empresa estadunidense Choice Point, la Fepade analiza, junto con la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, la posibilidad de solicitar de nueva cuenta al gobierno estadunidense apoyo jurídico, con la esperanza de superar los ''elementos insalvables'' que obligaron a la fiscalía a dejar en reserva la indagatoria.

Entrevistada en sus oficinas, la fiscal Fromow reveló que, pese a que se ubicó a la empresa que habría adquirido la información del padrón del Distrito Federal (de acuerdo con la denuncia de 1998), cuyo nombre no quiso dar a conocer por estar bajo averiguación, no hubo forma de ''forzarla'' legalmente para que la Fepade tuviera acceso a dicha información, por lo que la única forma posible de obtenerla era mediante la compra, lo cual no se logró por no contar con los recursos suficientes para ello.

-ƑSe teme que en esta ocasión los resultados sean similares?

-Tenemos que hacer todo lo necesario para investigar, tener los elementos; no podemos decir que en este caso va a suceder lo mismo que en el otro...

-ƑHa cambiado el marco de asistencia jurídica con Estados Unidos?

-No podemos decir que el marco legal siga igual o no, porque en este momento apenas estamos haciendo el análisis. La denuncia fue presentada en contra de quien resulte responsable y hasta el momento está encaminada únicamente con base en notas periodísticas; no hay ningún otro elemento aportado en la denuncia que presentó el IFE el pasado martes, aunque podríamos hablar de los delitos de uso indebido de expedientes electorales y apoderamiento ilegal de documentos oficiales.

-ƑPor qué es delicado que este tipo de información esté en manos de compañías privadas o gobiernos extranjeros?

-Hay toda una estructura de confidencialidad de los datos en poder del Registro Federal de Electores, los cuales sólo pueden ser utilizados para procesos electorales, y ese bien jurídico es el que la Fepade está obligada a tutelar.

Primeros citatorios

Finalmente, la fiscal Fromow Rangel indicó que ya se giraron los primeros citatorios sobre la denuncia que presentó el Instituto Federal Electoral el pasado martes, y aun cuando insistió en que no le era posible revelar mayor información aceptó que son los partidos políticos, institutos estatales electorales que tengan acuerdos con el IFE y el propio Registro Federal Electoral los que tienen acceso a dichos datos.