Crear una subprocuraduría en materia de tortura, entre ellas

Proponen 7 ONG a Salazar Mendiguchía medidas para erradicar abusos policiacos

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristobal de las Casas, Chis., 14 de abril. Siete organismos defensores de los derechos humanos hicieron una serie de propuestas al gobernador Pablo Salazar Mendiguchía para "erradicar los abusos de la policía en contra de la población", entre las que se encuentra la creación de una subprocuraduría especializada en materia de tortura "y demás abusos" de las fuerzas de seguridad pública y de investigación.

En el documento de 15 páginas, los organismos civiles indicaron al mandatario estatal que "su llegada al gobierno de Chiapas generó expectativas entre los diferentes sectores de la sociedad chiapaneca, en el sentido de que en coordinación con las comunidades indígenas, los gobiernos municipales, la sociedad organizada y el gobierno federal, su administración atendería el fondo de los problemas más sentidos" de la sociedad.

El documento fue dado a conocer este lunes en conferencia de prensa, y los organismos que lo suscriben son los centros de derechos humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Fray Bartolomé de las Casas, Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Indígenas, Colectivo de Educación para la Paz y el Comité de Defensa de las Libertades Indígenas.

Asimismo, el escrito señala que "con preocupación hemos detectado una constante en la actuación de las policías estatales y municipales, especialmente prácticas abusivas en perjuicio de los miembros de comunidades indígenas o de personas que libremente transitan por las zonas urbanas del estado".

Agrega que los organismos civiles están "conscientes" de que la actuación de las fuerzas de seguridad pública "es resultado de diversos factores que se han acumulado con el tiempo y que su erradicación no tiene una solución sencilla ni bastaría con la aplicación de una sola medida correctiva".

Basados en lo anterior, han propuesto al gobernador, además de la creación de una subprocuraduría especializada en materia de tortura, que a las víctimas se les brinde atención inmediata, respetuosa y apropiada, así como posibilidad de ejercicio de su derecho a la coadyuvancia y garantías de que no sufrirán represalias a causa de su denuncia.

De igual forma plantean el establecimiento de lineamientos de actuación respetuosa de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad pública y de investigación, estrategias de monitoreo y control de las mismas, incentivos que motiven su trabajo, un sistema de reclutamiento que atienda la formación profesional y aspiraciones del sujeto, capacitación integral, dar lugar a la participación ciudadana en el establecimiento de
estas políticas, y coordinación con los municipios y autoridades indígenas y federales para la atención de la problemática.

También plantean promover iniciativas de reformas a la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, con el propósito de adecuarla con los estándares más altos de protección contra la tortura adoptados por el Estado mexicano.

"La razón por la cual los organismos civiles formulamos esta propuesta es porque en múltiples ocasiones hemos denunciado las reiteradas actuaciones abusivas de policías de seguridad pública y agentes estatales de investigación, la mayoría en agravio de miembros de comunidades indígenas o campesinas", puntualizó el documento.