Promoverán ante los congresos locales un modelo común de tipo penal

Procuradores, contrarios a trasladar al fuero federal el delito de secuestro

Rechaza un funcionario de la PGJDF que la capital sea donde más plagios se presenten

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

En las reuniones de procuradores para evaluar el problema del secuestro hay un mayor convencimiento de que el delito no debe ser de competencia federal y las autoridades locales deben ser las que se ocupen de investigar los casos que se denuncien en su jurisdicción, señaló el fiscal para la Seguridad de las Personas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Jesús Jiménez Granados.

Es por una razón obvia, explicó, los delitos se cometen por zonas y "los que conocemos mejor estas zonas somos las autoridades locales".

De hecho, comentó que en la mayoría de los casos interviene también la Procuraduría General de la República, a la que se envía un desglose de las averiguaciones previas por secuestro para que integre y consigne a los detenidos por el delito de delincuencia organizada, que sí es competencia de la dependencia federal.

El funcionario refirió que en los casos en los que una banda opera en los linderos de dos entidades distintas, como ocurre frecuentemente en el Distrito Federal, donde las personas secuestradas son llevadas a casas de seguridad en algún municipio del estado de México, existen los mecanismos de colaboración que permiten detener a los secuestradores y, en algunos casos, liberar a la víctima.

Para el fiscal Jiménez las autoridades están controlando bien el problema, "estamos haciendo un frente común las procuradurías, estamos intensificando la coordinación con la PGR y los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Veracruz y Morelos, con lo cual pretendemos abatir en el corto plazo los grupos que se pudieran haber generado a raíz de los desmembramientos de las principales bandas".

En las reuniones de análisis estratégico para el combate del delito de secuestro se logró el acuerdo de adoptar un modelo del tipo penal para que los procuradores lo promuevan ante el legislativo de su entidad y se adopte en los códigos locales. Incluso las penalidades en cada estado para este ilícito es más o menos similar, de 35 años de cárcel la máxima, y de entre 10 y 15 la mínima.

En el DF, el nuevo Código Penal, que entró en vigor en diciembre pasado, aumentó la pena máxima a 40 años, que podría llegar hasta 50 en el caso de que la víctima fallezca, independientemente de la pena que corresponda por homicidio, y cuando el secuestrado sea menor de edad y lo trasladen fuera del territorio del Distrito Federal.

Jiménez Granados rechazó que la capital del país sea la entidad con el mayor número de estos ilícitos: "si hacemos una comparativa en cuanto a la proporción de la población, estamos muy por debajo de ciudades que no tienen ni la mitad de habitantes de nosotros". Aseguró que hay estados de la República que han negado que existan secuestros en su territorio, mientras que la PGJDF se lleva una estadística muy puntual de los casos que son denunciados ante la dependencia.

Así, señaló que al mes de marzo se recibieron 29 denuncias y se consignaron 14 averiguaciones previas con 27 personas detenidas. El año pasado, recordó, se iniciaron 167 denuncias y 115 secuestradores fueron consignados, y en 22 resultaron ser autosecuestros.