Emilio Pradilla Cobos
Reforma política integral
A raíz de su designación, el nuevo secretario de Gobierno del Distrito Federal hizo un anuncio importante para los capitalinos: uno de sus mayores retos será impulsar la reforma política para la capital (La Jornada, 22/3/03). Seguramente el gobierno defeño piensa que contará para ello con una cómoda mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal después de las elecciones de julio, aunque no es previsible que ocurra lo mismo en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la reiterada oposición de los legisladores federales del PRI se convertirá en una barrera, quizá infranqueable, para la aprobación de la reforma (La Jornada, 4/4/03).
El intento hecho hace un año por la administración capitalina fracasó ante la oposición del PRI en el Senado, luego de que la mayor parte de su fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados la había aprobado. Ese proyecto fallido tenía tantas limitaciones que no hubiera resuelto el problema institucional, obligando a una nueva reforma posterior, en un interminable proceso gradualista. Ahora debería intentarse una reforma política integral y completa que aborde los problemas centrales que el pasado proyecto no incluyó. Igualmente, debería abrirse un amplio proceso de consulta ciudadana, que le dé el carácter democrático que no tuvo el pasado proyecto, negociado por las cúpulas partidistas mayoritarias; sólo la movilización ciudadana podrá vencer la resistencia de los emisarios del viejo régimen autoritario.
Varios son los temas esenciales que el pasado proyecto no abordó, y a los que debe responder el que se proponga en el futuro. El aspecto central es la transformación del Distrito Federal en el estado 32 de la Federación, reduciendo el área federal al territorio real de asiento de los poderes federales, única opción para que la capital logre soberanía plena y condiciones de igualdad en el pacto federal con las otras entidades estatales. De allí se derivaría naturalmente, sin recurrir a fórmulas de ocasión y sin validación histórica, la solución a dos preocupaciones particulares del secretario: la formación de un Congreso local con facultades legales plenas, incluyendo la de decidir soberanamente sobre el nivel de endeudamiento público, y la elaboración de una Constitución local para sustituir al anacrónico estado de excepción contenido en el actual Estatuto de Gobierno. Igualmente, esta alternativa conduciría a la transformación de las delegaciones en municipios y a la formación de ayuntamientos políticamente plurales, y reduciría también la subordinación de los jefes delegacionales a la jefatura de Gobierno central, que tanto ruido ha hecho en este periodo, aumentando la autonomía de gestión de estos gobiernos locales y reduciendo su monolitismo político actual.
Pero para muchos analistas, entre los que me incluyo, la reforma política integral debería afrontar de lleno el problema central de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la ciudad real, de la cual el Distrito Federal es sólo una parte cada vez menor: el del gobierno metropolitano. Esta necesidad es aún más imperativa, dado que en la coyuntura actual los gobiernos del estado de México y el Distrito Federal han llevado al extremo la descoordinación de la gestión metropolitana, cuyos focos de conflicto mayores han sido el del aeropuerto metropolitano en Texcoco, la construcción del segundo piso en Periférico y Viaducto y el tema del agua que aporta el estado de México al Distrito Federal. La metrópoli es una unidad socioeconómica y territorial que no puede gobernarse a pedazos, fragmentadamente, por múltiples administraciones inconexas e incomunicadas: tres gobiernos estatales y 75 locales.
El tema, que interesa a muchas otras zonas metropolitanas localizadas en la mayoría de los estados de la Federación, podría afrontarse mediante una reforma constitucional que otorgue a los congresos estatales involucrados la facultad de declarar zonas metropolitanas y formar sus gobiernos, en las ramas legislativas, por delegación de los congresos locales, y ejecutiva, con participación de las autoridades electas de los estados y municipios constitutivos, dotados de facultades expresas para el ámbito territorial que incluya la declaratoria de Zona Metropolitana. Así podrían abrirse caminos institucionales efectivos y eficaces para lograr la planeación democrática y por consenso del desarrollo económico, social y territorial de las metrópolis, y el diseño conjunto, la ejecución coordinada y la gestión compartida de obras y servicios públicos de interés metropolitano, sin duplicidades ni contradicciones y con ahorro de recursos. Igualmente, podrían crearse fondos metropolitanos de desarrollo para financiar estos proyectos. La ZMVM es sólo un caso, aunque el más complejo e importante de esta problemática de hoy, que la Constitución de 1917 no podía prever, pero que se ha convertido en un tema central de la constitucionalidad actual en diversos países del mundo.
