Excluye el uso de excedentes petroleros y considera al campo en "situación adversa"

Presenta el gobierno propuesta para el capítulo de emergencia en el agro

Algunas agrupaciones inconformes; las diferencias se saldarán en reunión con el Ejecutivo

ANGELICA ENCISO L.

El gobierno federal presentó a las organizaciones campesinas su propuesta para el capítulo de emergencia en el agro, uno de los puntos críticos, del Acuerdo Nacional para el Campo, pero no específica asignación de recursos y se limita a hacer un recuento de programas.

Esto fue rechazado por algunas agrupaciones, quienes dijeron que los desacuerdos se resolverán directamente en la reunión que tendrán con el Ejecutivo federal.

Será hasta el encuentro de la Comisión Organizadora y Acuerdos -en la que participan ocho dirigentes campesinos y los secretarios de Gobernación, Agricultura y Economía- donde se definirán los apartados conflictivos, que son sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la propuesta de acciones para emergencia del agro, la cual en el documento está considerada como "situación adversa" y sólo en la enumeración de los actuales programas es donde se precisa que responden a la "emergencia en el campo".

El campo no aguanta más, El Barzón, la Confederación Nacional Campesina (CNC) y el Congreso Agrario Permanente (CAP), organizaciones convocantes del Acuerdo Nacional para el Campo, recibieron el domingo de la Secretaría de Hacienda la propuesta sobre uno de los temas que falta por resolverse, el capítulo cinco: Acuerdos básicos y acciones inmediatas (el rubro de emergencia).

En este borrador fue excluida la demanda campesina de que al fondo se destinen recursos de los excedentes petroleros por 20 mil millones de pesos y la reasignación de los 117 mil millones de pesos que se aprobaron para los 60 programas rurales este año. Lo que se plantea es que los recursos provengan de los excedentes petroleros que se asignaron a los estados, los cuales suman 7 mil millones de pesos. Esto implica que la negociación sería con cada gobernador y no como compromiso del acuerdo.

El texto indica que tanto el Ejecutivo federal como las organizaciones firmantes del acuerdo promoverán ante los gobiernos estatales "un programa de inversión en ampliación y mantenimiento de la infraestructura rural básica y productiva". Indica que se propondrá que en el uso de los recursos las entidades privilegien a los municipios de alta y muy alta marginalidad.

Asimismo, en el marco del Programa Especial Concurrente, el gobierno se compromete a "identificar los programas federales que puedan orientarse para enfrentar la situación adversa que vive el campo y que estos se ejecuten con base en criterios redistributivos, a fin de privilegiar a la población en condiciones más desventajosas".

Además, con "objeto de asegurar que tales programas se ejecuten de manera oportuna y con apego a los criterios señalados, en el seno del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable se establecerá una subcomisión de seguimiento del ejercicio del presupuesto de los programas".

Establece que en consulta con las organizaciones campesinas, el Ejecutivo federal se compromete a diseñar, concertar, instrumentar y vigilar una política en materia de apoyos, subsidios y compensaciones a los productores nacionales para 2003. También plantea la revisión de las reglas de operación de los programas en consulta con las agrupaciones y "para orientar los recursos con base en los estipulado en este Acuerdo Nacional".

Respecto a los servicios de salud para el sector rural, propone su ampliación mediante el seguro popular, "las familias pagarán una cuota de afiliación de acuerdo con su capacidad económica y no tendrán que cubrir la cuota de recuperación por los servicios".

Retoma el actual Programa de Empleo Temporal para que los jornaleros tengan una opción adicional de ingreso y fortalecer los programas especiales de apoyo al campo.

El único rubro en el que se mencionan montos es Procampo, para el que establece cien pesos por hectárea, adicionales a la cuota actual para quienes tengan hasta cinco hectáreas. Serían mil 130 pesos para 2.6 millones de productores.

Refiere que "el gobierno federal se compromete a financiar las acciones anteriores mediante la realización de ahorros en la ejecución de otros programas".

Sobre la cartera vencida, indica que se compromete a la instrumentación de un programa de apoyo a deudores en la banca de desarrollo para promover su reingreso al financiamiento.

En cuanto al programa energético sostiene que se hará una evaluación para proponer modificaciones en el caso del diesel; en breve se establecerá una tarifa nocturna para el servicio eléctrico y se elaborará el reglamento de la ley de energía para el campo.