Miguel Concha
Fomento a las actividades de la sociedad
El pasado 13 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó por 433 votos a favor y sólo una abstención el dictamen de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, y la turnó al Senado para su revisión. Con ello culminaba un amplio proceso plural e incluyente de elaboración y discusión, iniciado y promovido por la sociedad desde hace más de 10 años, en el que participaron cientos de organizaciones civiles y sociales agrupadas en tres grandes redes, y durante el que se realizaron más de 5 mil reuniones, foros y asambleas por toda la República.
Ya antes, a partir de 1995, se habían presentado otras cuatro iniciativas, que durante todo este tiempo fueron perfeccionadas y consensuadas con los organismos del Estado. Sería, pues, una catástrofe que el Senado de la República, faltando a su promesa, expresada en el llamado Consenso de Xicoténcatl, emanado del foro El Senado de la República y la sociedad civil: hacia una nueva relación, celebrado en junio del año pasado, de apoyar este dictamen, no lo hiciera en este periodo de sesiones. Sería una catástrofe el que se pretendiera discutir y aprobar esta ley, como se ha dicho, "en paquete" con las iniciativas de ley de desarrollo y de asistencia social, pues con ello no únicamente se darían muestras de una terrible insensibilidad, sino además se daría al traste con un ejemplar proceso ciudadano de participación democrática, en el que han estado comprometidos todos los partidos. Sería también trastocar de algún modo la lógica del proceso legislativo, pues en este caso el Senado no es la cámara de origen, como en los otros dos casos aludidos, sino simplemente la cámara revisora.
Si de verdad el Senado quiere, con toda razón, estrechar sus lazos con la sociedad, y unirse con ella para protestar, por ejemplo, por la invasión armada a Irak, y demandar entre otras cosas la convocación urgente a una Asamblea General, para que sea la ONU quien se encargue de la defensa de la soberanía e integridad de ese sacrificado país, sepa que está en deuda con ella, no solamente por la aprobación que hizo de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas, ni únicamente por no haber dictaminado y aprobado hasta el momento la propuesta ciudadana de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, que se le entregó el pasado mes de noviembre, como también se prometió, sino porque hasta el presente ni siquiera ha tenido la deferencia de agendar este asunto entre sus prioridades.
No es posible, en efecto, que las organizaciones civiles y sociales, que desde hace muchos años, no ahora, comparten con el Estado la responsabilidad del bienestar social, y expresan su voluntad de transparentar legalmente su funcionamiento y administración, sigan siendo tratadas como empresas lucrativas, a quienes se obliga, como en ningún país del mundo, a pagar 33 por ciento de sus exiguos remanentes no distribuidos, como si fuese el Estado mexicano el que se los proporciona.
Antes que ocuparse de las prerrogativas, el dictamen de la ley se ocupa con toda precisión de las actividades de interés público realizadas por las organizaciones que son objeto de regulación, de las autoridades que tendrían competencia en ello y de las obligaciones legales que aquéllas contraen frente al Estado y la sociedad. Hay además un capítulo de infracciones y sanciones, y, respetando su naturaleza y autonomía, se prevén mecanismos de control y vigilancia.
En el artículo 2 se dice claramente que las organizaciones sujetos de esta ley son aquellas constituidas de acuerdo con las leyes mexicanas, "para beneficio de terceros y no para autobeneficio o beneficio mutuo", y que tienen que "destinar sus activos y remanentes al cumplimiento de su objeto social, sin designar individualmente a sus beneficiarios y realizar las actividades a que se refiere (esta) ley, sin fines de lucro ni proselitistas político-partidistas o religiosos".
Si es verdad que entre sus derechos se les concede el "gozar de subsidios, estímulos fiscales y demás apoyos económicos conforme a las disposiciones en la materia", también se les obliga a "mantener a disposición de las autoridades competentes, y del público en general, la información de las actividades que realicen y la información financiera de la aplicación de los recursos públicos utilizados, con los propósitos de mantener actualizado el sistema de Información y garantizar la transparencia de sus actividades". La ley las sanciona con apercibimientos, multas y cancelación temporal o definitiva de su registro si no cumplen con cualquiera de estas obligaciones.
