Ningún testimonio lo liga con el narco o con los oficiales Quevedo Guerrero y Maya Díaz

La procuraduría militar no ha presentado pruebas contra Ricardo Martínez Perea

JESUS ARANDA

Después de tres días de audiencias del consejo de guerra, la procuraduría militar no ha presentado testimonios directos ni documentales que impliquen al ex comandante del 21 regimiento de caballería motorizada, general Ricardo Martínez Perea, con el narcotráfico, como tampoco vínculos directos con los oficiales Ricardo Antonio Quevedo Guerrero y Pedro Maya Díaz, a quienes se les acusa de cometer diversos actos de corrupción para proteger al cártel del Golfo.

Ayer correspondió leer las testimoniales de la defensa de los tres acusados en el salón de consejos de guerra del Campo Militar Número Uno. En lo que respecta a Martínez Perea, éste presentó documentación para desvirtuar los señalamientos en su contra.

Apoyado en las Ordenes generales de operaciones 2000-2001, la defensa del general destacó que era falsa la acusación de la fiscalía, en el sentido de que Martínez Perea dejó actuar libremente a los dos oficiales para que estos permitieran el paso de droga a Estados Unidos, utilizaran radios de comunicación para alertar a los traficantes sobre los movimientos de los puestos de control, además de tolerar el uso ilícito de camionetas de modelo reciente en labores oficiales.

De acuerdo con los manuales de operación del Ejército, son la Cuarta Región Militar y la Octava Zona Militar -de quienes dependía del 21 regimiento de caballería motorizada-, las encargadas de realizar las revisiones sobre los puestos de control y bases de operación, dos de las cuales eran operadas por Quevedo y Maya. Además, no tenía conocimiento de cuándo se llevarían a cabo las revisiones; sostuvo que la libertad y movilidad que tenía la gente a su cargo era "para que obtuvieran mejores resultados" en sus operaciones contra el narcotráfico.

Insistió en que los radios de comunicación que tenía el personal operativo habían sido adquiridos con medios propios de estos, y que la frecuencia que se utilizaba era únicamente para conocer el estado en que se encontraba el personal del puesto de control; pero rechazó tajante que por ese medio pudiera "filtrarse" información a los narcotraficantes, porque ese tipo de comunicación se lleva a cabo mediante el sistema Harris, complementado con datos en clave.

Negó por otra parte que existiera impunidad para el cártel del Golfo, que comandaban Osiel Cárdenas Guillén y su lugarteniente Gilberto García Mena El June; en apoyo a su dicho, los defensores de los acusados presentaron al menos ocho reconocimientos al 21 regimiento de parte del alto mando por diversos operativos en los que decomisaron droga, armas y automóviles.

En el caso del teniente Quevedo se presentaron resultados de exámenes toxicológicos que demuestran que no ha consumido drogas, pretendiendo desvirtuar un señalamiento de la fiscalía en el sentido de que en una ocasión se internó en una clínica de Reinosa, Tamaulipas, propiedad del narcotraficante Heladio López El Yeyo.

Sin embargo, al respecto, la fiscalía pretendió llamar la atención del consejo de guerra, que preside el general de brigada Gonzalo Bernardino Durán Valdez, sobre un supuesto examen sicológico de Quevedo en el que se afirmaba que es un sujeto violento, manipulador y que además amenazó de muerte a una agente del Ministerio Público, ya que "por su culpa" no había conocido a su hijo de cinco meses por estar recluido -al igual que Martínez y Maya- desde abril de 2001. Sin embargo, dicho dictamen carece de firma, por lo que se cuestiona su validez.

En el caso de Maya, se presentaron documentales que desvirtuaban que usara vehículos no oficiales, que ordenara a sus subordinados permitir el paso de droga, además de que su modo de vida correspondía a sus ingresos, incrementados estos con préstamos de Banjército, que de 1996 a 2000 sumaron 62 mil pesos.

Este viernes continuará el consejo de guerra con la presentación de testigos de cargo y descargo.