Está relacionado con la expropiación del terreno El Encino, en Santa Fe

Lleva el despacho de Diego Fernández caso contra el GDF por $1,600 millones

Otro asunto tiene que ver con un predio en Iztapalapa En ambos reclama fuertes sumas

ELIA BALTAZAR

El bufete del senador panista Diego Fernández de Cevallos tomó dos demandas de particulares en contra del Gobierno del Distrito Federal, uno de los cuales obligaría a las autoridades a pagar una indemnización de mil 600 millones de pesos si la Suprema Corte de Justicia de la Nación falla en su contra.

Los litigios emprendidos por el bufete de Fernández de Cevallos han sido encomendados al ex diputado federal y ex procurador general de Justicia de Guanajuato -durante el gobierno de Carlos Medina Plascencia-, Juan Miguel Alcántara Soria, quien se ha sumado al equipo de abogados panistas, cuya eficiencia en juicios contra entidades gubernamentales está probada en los casos contra las secretarías de la Reforma Agraria y de Hacienda.

Así se demostró cuando Fernández de Cevallos y el ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, obtuvieron un fallo en favor de la familia Ramos Millán, frente a la SRA, que significó el pago de mil 200 millones de pesos. Más tarde fue el caso de Jugos del Valle, que obtuvo de la SHCP la devolución de mil 600 millones de pesos por impuestos mal retenidos.

Ahora los panistas han tomado en sus manos sendos litigios en contra del gobierno capitalino por los terrenos El Encino, en Santa Fe, y Paraje San Juan, en Iztapalapa, este último actualmente radicado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se dictará el fallo que podría significar para las autoridades locales el pago de mil 600 millones de pesos que reclaman los presuntos propietarios como indemnización por 292 hectáreas expropiadas en el pasado.

Para el caso de Paraje San Juan las autoridades locales han emprendido una profunda investigación sobre la titularidad del derecho de propiedad, pues han advertido diversas irregularidades en los documentos exhibidos, que presuntamente son apócrifos.

El director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica del DF, José de Jesús García, explicó que existen muchas dudas sobre la naturaleza jurídica de la propiedad, si bien hasta ahora las autoridades no pueden confirmar nada en tanto no se concluya la investigación histórica para saber, en principio, si realmente este terreno tuvo en la extensión que reclaman los "presuntos propietarios".

El funcionario informó que los presuntos propietarios, por medio de sus abogados panistas, reclaman "cantidades millonarias de indemnización", aunque hasta ahora no se ha comprobado siquiera si realmente existió la propiedad, cuál era su superficie y quién el propietario.

Además, según se ha comprobado en las investigaciones, fueron "varias" las expropiaciones que se llevaron a cabo de ese terreno y hubo pagos previos a algunos propietarios, cuyos nombres ya están en poder de las autoridades.

Según fuentes cercanas al caso, de ganar los demandantes el litigio, el bufete de Fernández de Cevallos obtendría por lo menos 10 por ciento de la suma reclamada, lo que significaría al menos 160 millones de pesos por honorarios.

También en litigio -actualmente en juicio de amparo- y con la representación legal de Juan Miguel Alcántara Soria está el terreno El Encino, ubicado en Santa Fe, por el cual el propietario, Federico Escobedo Garduño, reclama a las autoridades la compensación por daños y perjuicios o su restitución.

Este terreno formó parte del conjunto de predios cuya propiedad mantuvo Escobedo desde 1979 hasta febrero pasado, cuando el gobierno capitalino emitió un decreto para recuperar 11 hectáreas que le fueron cedidas al particular para la construcción de infraestructura urbana, a cambio de la explotación de minas de arena en la misma zona de Santa Fe.

Según las autoridades, Escobedo no cumplió con los convenios, aun cuando la concesión de derechos que en su momento le otorgó el entonces regente, Carlos Hank González, le reportó amplios beneficios económicos.

De aquellos terrenos, sólo quedó bajo su propiedad El Encino, por el cual ahora reclama una compensación o, en su caso, la realización de obras de infraestructura, con el argumento de que la construcción de dos vialidades en la zona -que permiten el tránsito hacia el hospital ABC- restaron valor al predio donde pretendía construir desarrollos urbanos, pues interrumpieron el acceso a su terreno.

Este litigio, sin embargo, deberá esperar la resolución de un juicio de amparo promovido por el particular en contra de las acciones de las autoridades del Distrito Federal.