Presenta recurso al TEPJF como "tercero interesado"
El PRD defenderá la legalidad de la multa impuesta al PRI por el IFE
ALONSO URRUTIA
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó ayer por la tarde un recurso para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo acredite como "tercero interesado" en la apelación que en su momento presentó el PRI en contra de la multa de mil millones de pesos que aprobó el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE).
En un documento de 59 cuartillas, el PRD consideró inatendibles la mayor parte de las objeciones legales que el PRI alega en contra de la legalidad de la sanción aplicada por el IFE, y cuestiona el hecho de que en su recurso "omite probar sus afirmaciones" y se basa principalmente en "afirmaciones dogmáticas y subjetivas".
Al rebatir los cuestionamientos del PRI a la base legal de la actuación del IFE, el escrito del PRD rechaza que la sanción, por no haber reportado el ingreso de 500 millones de pesos provenientes del sindicato petrolero, se haya basado exclusivamente en testimoniales, pues el Consejo General resolvió basado en diversos documentos públicos que "valoró conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia", llegando a la convicción de que efectivamente ingresó el dinero.
De igual forma, al advertir que el PRI no tiene razón en cuestionar la legalidad de que el IFE haya obtenido información proveniente de la Procuraduría General de la República, el PRD argumenta que la propia sala superior del TEPJF ha sostenido en diversos precedentes que el IFE cuenta con atribuciones constitucionales y legales para solicitar información contenida en la averiguación previa. en la medida en que pueda resultar útil para su investigación.
Asimismo, el documento argumenta que tampoco es plenamente apegado a la verdad la prohibición para que las averiguaciones previas realizadas al amparo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, toda vez que la propia Ley Orgánica de la PGR establece que el Ministerio Público puede otorgar copias certificadas de constancias que obren en su poder cuando sean solicitadas por mandamiento de autoridad competente que motive y funde su actuación.
Finalmente señala que el PRI no acredita la forma como presumiblemente se desvirtuarían las documentales que se hicieran llegar por esta vía.