La Corte no tiene facultades para consignar
a los culpables, dice Adriana Carmona
Inconveniente, que la SCJN investigue los crímenes
contra mujeres: abogada
La jurista recomienda que el caso sea llevado por la
Procuraduría General de la República
CLAUDIA HERRERA BELTRAN
La abogada Adriana Carmona, quien lleva varios casos de
mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, consideró que por ahora
no conviene que estos expedientes se lleven al ámbito de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y demandó que en lugar
de ello, la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga
las investigaciones.
Carmona,
integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos, señaló que la SCJN sólo tiene
facultad de investigar, pero no de consignar, lo que limita la posibilidad
de que se castigue a los culpables de estos crímenes.
En el contexto de la cátedra Violencia hacia las
mujeres: una cuestión de derechos humanos, que se realizó
en el Centro Universitario Cultural, también participó Norma
Ledesma, madre de Paloma Escobar, una joven de 16 años que fue asesinada
en marzo de 2002.
Ledesma dijo no saber mucho de política, pero consideró
que ni al gobernador Patricio Martínez ni al presidente Vicente
Fox les interesa esclarecer los crímenes en el estado, "lo único
que les interesa son las votaciones".
Acusó a las autoridades estatales de proteger a
los culpables de los secuestros y asesinatos y de hostigar a las madres
y organizaciones que pugnan porque se ponga fin a la impunidad.
Carmona señaló en referencia al pronunciamiento
del Parlamento de Mujeres en favor de que la SCJN investigue los crímenes
en Chihuahua, que esto puede resultar negativo y recordó el caso
de Aguas Blancas, donde a pesar del pronunciamiento de la Corte no se pudo
consignar al ex gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, como culpable
de la matanza de los campesinos.
Dijo que la SCJN sí podría intervenir, pero
en una etapa posterior para sancionar a los servidores públicos
que participaron en las investigaciones y que permitieron esta impunidad.
Señaló que el camino a seguir es que la
PGR atraiga la investigación y que estos casos se sigan ventilando
en organismos internacionales.
Por su parte, la directora regional del Fondo de las Naciones
Unidas para la Mujer, Teresa Rodríguez, consideró que lo
peor que le puede ocurrir a un país en transición democrática
es la impunidad, como está sucediendo con los asesinatos de mujeres
en la frontera norte.
Aseguró que la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) está preocupada por estos crímenes y que ha
actuado en diversos ámbitos. Por ejemplo, explicó que a petición
de funcionarios de la ONU el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) se comprometió a destinar recursos para mejorar la precaria
infraestructura de seguridad pública en Chihuahua, que ha sido un
factor importante en la comisión de estos crímenes.
Al final del foro, los participantes emitieron una declaración
para condenar la violencia contra las mujeres y en particular la impunidad
en los casos de Chihuahua.
"El caso de las mujeres asesinadas y secuestradas en Chihuahua
es una de las muestras más crudas y paradigmáticas de la
violencia que viven las mujeres en nuestro país. En el estado de
Chihuahua la falta de acceso a servicios básicos, a salarios justos
y a oportunidades reales de desarrollo, así como la impunidad en
la que permanecen los crímenes en contra de las mujeres las ha colocado
en una situación de vulnerabilidad que provoca que sean sistemáticamente
objeto de actos de violencia", afirmaron en su pronunciamiento.
La declaración firmada por Miguel Concha Malo,
director del centro Fray Francisco de Vitorias y por Sylvia Aguilera, de
la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos, demanda que se ponga un alto a esta situación de violencia
y discriminación contra las mujeres que se viven en la frontera
para que no se repita en todo el país.