En 2005 vencen 236 mil millones de pesos y dejar de pagar sería ''gravísimo''
Los pagarés del IPAB presionarán las finanzas públicas, reconoce vocal
Todavía quedan activos del instituto por vender que suman 104 mil millones
ISRAEL RODRIGUEZ
Héctor Tinoco Jaramillo, nuevo vocal independiente de la junta de gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), reconoció que el vencimie
nto en 2005 de pagarés Fobaproa-IPAB por 236 mil millones de pesos, derivados del rescate bancario, presionará las finanzas públicas.
Sin embargo, aclaró que a este problema tendrá que responder la Secretaría de Hacienda porque las alternativas serán que el gobierno federal se muestre dispuesto en 2005 a elevar su déficit público, refinanciar los pagarés o no pagar. Sin embargo, esta última opción sería ''gravísima'' para el gobierno porque se perdería credibilidad.
De los pagarés que vencerán, los de mayor monto son los derivados del programa de capitalización y compra de cartera de instituciones como Banamex, Bancomer, Banorte y BBVA, entre otros.
En este sentido, dijo que este tema legal no se ha debatido en tribuna. ''El Congreso siempre puede no autorizar recursos para pagar deudas, porque aprueba el presupuesto y la Ley de Ingresos, pero esto no puede pasar en este caso'', destacó.
Tinoco Jaramillo expresó que el tema legal está muy complicado, porque el IPAB tiene que realizar previamente auditorías para conocer si en el intercambio y compra de cartera hubo operaciones irregulares. ''La junta de gobierno del instituto aprobó los términos de las tres auditorías que se tendrían que hacer a los bancos. Una de gestión, otra de existencia y legitimidad, y otra legal''.
Explicó que la auditoría de existencia y legitimidad consiste en revisar que los bancos le vendieron al Fobaproa lo que le debieron haber vendido. La de gestión es la que estipulaba que el banco debía gestionar el cobro de cartera como si fuera propia y se debe revisar que lo hayan hecho, que no exista discriminación entre su cartera y la del Fobaproa en perjuicio de esta última.
La de legalidad quiere decir que no haya habido situaciones ilegales entre el banco y sus clientes que generaran operaciones de crédito que se hayan vendido al Fobaproa.
La junta de gobierno del instituto aprobó los términos de referencia de las tres auditorías, que fueron notificadas a los bancos y estos se ampararon.
La etapa procesal del amparo está en trámite. Se ofrecieron alegatos y el juez está estudiando el asunto para dictar sentencia, pero este es un proceso que podría extenderse hasta el año 2005.
El nuevo vocal del IPAB, que sustituyó a Humberto Murrieta, informó que al comenzar el proceso el juez les concedió la suspensión en dos de estas tres auditorías. Le dijo al IPAB: ''tú no puedes hacer nada con respecto a la auditoría de gestión y de existencia y legitimidad'', pero no se manifestó respecto a la de legalidad. En torno al monto de activos por vender que todavía queda en manos del IPAB, dijo que asciende a 104 mil millones de pesos.
