John Saxe-Fernández
Guerra de conquista y ruptura del contrato social
"Usted nos está lanzando en aguas desconocidas. Piense cuidadosamente lo que está haciendo", respondió Mary Robinson cuando se le preguntó qué diría al presidente Bush después del fracaso diplomático de Washington en el Consejo de Seguridad. Esta y otras importantes observaciones de Robinson, cuya actuación como alta comisionada de Naciones Unidas en la defensa de los derechos humanos ha recibido reconocimiento internacional, fueron hechas pocas horas antes del anunciado discurso presidencial en el que Bush lanzó, urbe et orbi, un ultimátum a Saddam Hussein en lo que es una declaración de guerra a Irak.
Ante la argumentación unilateralista, selectiva, interesada y mendaz esgrimida por el equipo de halcones de la Casa Blanca para justificar el uso de la fuerza al margen de la legalidad internacional, en lo que sólo puede calificarse como una guerra de conquista en pos del vasto patrimonio petrolero iraquí, Robinson, haciéndose eco de la opinión predominante en la comunidad de abogados en derecho internacional, "advirtió" que ni la Carta de las Naciones Unidas ni resolución alguna adoptada por el Consejo de Seguridad, incluyendo la 1441, autoriza el uso de la fuerza contra Irak, máxime si como resultado se generaría un cataclismo humanitario.
El "derecho de una guerra de conquista no tiene otra fundamentación que el derecho del más fuerte", como bien expresó Jean Jacques Rousseau desde mediados del siglo XVIII al reflexionar sobre el tema en El contrato social, aseveración que calza al milímetro con la guerra y ocupación de corte mercantil e imperialista como la que despliega Bush en Medio Oriente. Cabe insistir en que no sólo no existen bases adecuadas para lanzar esta guerra fuera del marco del derecho y de Naciones Unidas, sino que durante los juicios de Nuremberg, y la normatividad derivada de ellos, se considera de manera explícita que la "guerra de autodefensa preventiva" -"doctrina" tras la cual la Casa Blanca escuda su unilateralismo agresivo- es un crimen de guerra. No existe justificación para esta guerra.
Es necesario sopesar la perspectiva legal y la presión de la opinión pública mundial. En ambas, Washington es percibido como el agresor. De aquí que, de acuerdo con Robinson, sea necesario reconocer que desde la perspectiva legal existen "consecuencias potenciales". Como la comunidad internacional decidió acertadamente no ofrecer cobertura legal a una guerra de agresión unilateral, la situación posbélica podría tornarse sumamente delicada, porque después de las atrocidades ocurridas en el Chile de Pinochet, los Balcanes y del 11/9 se ha procedido a considerar todo ataque contra civiles inermes como un crimen de guerra, independientemente de su procedencia, sea de la práctica del terrorismo internacional o de terrorismo de Estado. Y ya existe una Corte Penal Internacional (CPI).
La campaña de Bush contra la CPI y el gran esfuerzo que desplegó para lograr por la vía de convenios bilaterales con varios países la inmunidad en favor de sus ciudadanos, deben analizarse en el contexto del esquema de belicismo desenfrenado que puso en marcha en el momento que asumió la presidencia. A todas luces su política exterior no puede realizarse sin violaciones masivas a los ordenamientos legales internacionales y a los derechos humanos, y en especial al "orden" establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Este planteamiento fue sintetizado por Richard Perle, quien preside el Defense Policy Board del Departamento de Defensa, unidad burocrática a la que Bush dio prominencia desde su arribo a la oficina oval, y que a raíz de la embestida terrorista contra las Torres Gemelas y los extraños y selectivos ataques con ántrax adquirió más peso en el proceso de toma de decisiones en materia de política de seguridad interior y exterior. Según Perle "...el orden internacional que hemos llegado a conocer ya no es adecuado para la defensa de Estados Unidos en un nuevo siglo de amenazas -terroristas-, bastante diferentes a cualquiera que hayamos experimentado en el pasado (...) y todas las normas del orden internacional dificultan esta tarea. El presidente tiene que dar nueva forma a las actitudes fundamentales de cara a esas normas, de otra manera vamos a tener nuestras manos atadas por instituciones anticuadas, incapaces de defendernos." (sic)
Esta rotura con el ordenamiento legal e institucional de corte multilateral y judicial penal internacional es un aspecto cuya importancia se hace sentir al interior del aparato político inglés, expresado hasta ahora en tres renuncias a nivel de gabinete. El líder de la Cámara de Diputados (House of Commons), Robin Cook, quien renunció al gabinete de Blair por su rechazo al uso de tropas inglesas en la guerra de conquista de Bush, fue nítido en su argumentación: "la dura realidad es que Gran Bretaña está involucrándose en una guerra sin el consenso de ninguna de las instituciones internacionales de las que somos miembros. Sin consenso de la OTAN. O de la Unión Europea. Y ahora tampoco del Consejo de Seguridad. Es un grave revés llegar a este estado de aislacionismo de los cuerpos internacionales." En España y desde la perspectiva legal, el predicamento de Aznar es similar, como han señalado diputados de oposición en sesión formal de la legislatura.
En una corte internacional estas censuras y reproches a Blair y a Aznar, comparsas y cómplices de Bush en una atroz operación militar que derivaría en una magna catástrofe humanitaria, con la muerte, mutilación, y desplazamiento de cientos de miles de civiles -hombres, mujeres y niños- iraquíes (sólo como resultado de la primera etapa de las operaciones militares, la ONU estima en dos millones el número de desplazados), serían interpretadas tanto en su carácter de amonestación como de "notificación formal" en relación con la ejecución de crímenes de guerra. En relación con los graves peligros planetarios que acarrea el debilitamiento, si no es que colapso de la credibilidad del sistema multilateral, indispensable para generar una resolución no bélica de la crisis múltiple que enfrentamos, Robinson expresó que "...es de extraordinaria importancia que no se haga daño a esa estructura". Pero para Bush y el equipo del Pentágono esa estructura es un impedimento para el desempeño de una política exterior que tiene como una de sus metas centrales el mantenimiento de la hegemonía por la vía de la conquista y ocupación de recursos naturales estratégicos como gas natural, petróleo, minerales, agua y biodiversidad. La de Robinson es una expresión sobria y válida cuyas implicaciones mayores difícilmente pueden explicitarse en una breve entrevista de media hora. Presenciamos la rotura del contrato social, del ordenamiento interestatal, que se fue gestando desde la Pax de Westfalia (1648), centrado en la noción de la igualdad jurídica de los estados. Pero, como Perle -aunque por razones diametralmente opuestas-, lo que Robinson tiene en mente es aquel conjunto de expresiones normativas e institucionales gestadas después de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo no sólo a la ONU, sino también, y esto es de importancia nodal para la seguridad de la humanidad, aquella parte del contrato social que incluye los lineamientos establecidos durante los juicios de Nuremberg.
