Familiares de víctimas presentan recurso de revisión

"Falta voluntad" para aclarar desapariciones en Guerrero

Acosta y Quirós deben ser juzgados por la justicia civil, insisten

JESUS ARANDA

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem) cuestionó la falta de voluntad política de la fiscalía para desaparecidos, de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría Militar para avanzar en las investigaciones relacionadas con la desaparición de más de mil personas en Guerrero durante la guerra sucia.

Al presentar ayer un recurso de revisión contra la negativa del juzgado tercero de distrito B en materia penal de ordenar al Ministerio Público Militar que decline la competencia del proceso contra los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, así como del mayor Javier Barquín Alonso -quienes fueron consignados por el homicidio calificado de 143 campesinos, entre 1975 y 1979-, el representante legal de la Afadem, Enrique González Ruiz, condenó la falta de voluntad política para llegar a acuerdos y para que los militares señalados sean juzgados por los delitos de lesa humanidad que cometieron.

Explicó que mientras la fiscalía que encabeza Ignacio Carrillo Prieto se ha negado a solicitar a la Procuraduría Militar que decline en su favor la competencia, el Ministerio Público castrense rechaza que sea la justicia civil la que conozca del proceso en contra de los generales. El problema, explicó González Ruiz, radica no sólo en que los militares violan la Constitución al insistir en continuar con el proceso, sino en que una persona no puede ser procesada por el mismo delito, y en este caso, si la justicia castrense juzga a los oficiales por homicidio calificado, la fiscalía especial ya no podría iniciarles proceso por los delitos de lesa humanidad.

Entrevistado afuera del Palacio de Justicia, a donde acudió acompañado por Siria Oliva Ruiz, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, para presentar el recurso de revisión para que se garantice a los familiares de las víctimas su acceso a una justicia imparcial, pronta y expedita, "lo cual implica que se excluya al fuero militar del conocimiento de estos asuntos", González Ruiz sostuvo que sería benéfico que la Procuraduría Militar entregara a la justicia civil las pruebas que tiene en contra de los oficiales.

-Si el Ejército aceptara juzgar a los militares por delitos de lesa humanidad, Ƒcambiaría su posición?

-Esa hipótesis la veríamos una vez que se presentara -comentó el abogado.

Rechazó la versión castrense de que se juzga a los acusados en el fuero de guerra porque sus delitos los habrían cometido en actos de servicio. "Eso es ilógico; Ƒcómo puede ser un acto de servicio torturar, subir a una persona ilegalmente a un avión y tirarla al mar?"

Precisó que al menos la mitad de los desaparecidos (alrededor de 500) ni siquiera pertenecía a los grupos armados de aquella época. En este contexto, reveló que "el testigo protegido Gustavo Tarín declaró ante el Ministerio Público militar que detuvieron a más de mil personas en Guerrero, entre 1975 y 1979", cifra que coincide con un listado elaborado por la propia Afadem. Sin embargo, reconoció que esta cantidad se había puesto en duda a raíz de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos habló de 502 desaparecidos, "lo que revela que este organismo tampoco hizo una investigación exhaustiva".

El abogado dijo que así como los familiares de las víctimas se negaron a comparecer ante la justicia castrense durante el proceso contra Acosta, Quirós y Barquín, porque "tienen temor, ya que los guachos se llevaron a sus familiares, y ahora resulta que van a investigar", tampoco atenderán un eventual llamado del ministerio castrense, vía exhorto por medio de jueces civiles, porque "el fuero militar no debe aplicarse en estos delitos".

El recurso de revisión interpuesto ayer cuestiona la decisión de la juez tercero de distrito B de amparo en materia penal, Martha María Guadalupe del Carmen Hernández, quien sostuvo que los familiares de las víctimas no están "legitimados" para promover un juicio de amparo, porque el juicio en contra de los militares referidos "en nada agravia a los promoventes"