Analizarán hoy los puntos de coincidencia y discrepancia de sus propuestas

Constituirán gobierno y campesinos comisión redactora para el acuerdo

El planteamiento oficial no considera modificar radicalmente la política agropecuaria

ANGELICA ENCISO L.

La propuesta gubernamental acerca del acuerdo nacional para el campo no considera un cambio radical de la política agropecuaria y, en cambio, sí plantea mantener los programas existentes. Deja de lado el tema de la gobernabilidad y la demanda campesina de cancelar las órdenes de aprehensión contra productores, y limita la exigencia de revisar el artículo 27 constitucional a "llenar huecos en la legislación".

Contrario al planteamiento oficial, el documento conjunto entregado el martes a las autoridades por El campo no aguanta más, el Congreso Agrario Permanente (CAP), El Barzón y la Confederación Nacional Campesina (CNC), sostiene que el acuerdo debe plantear reformas estructurales de fondo, medidas de emergencia para aplicarse en 30 días y la revisión de la ley agraria para prohibir las sociedades mercantiles y profundizar en el reparto agrario.

Los aspectos centrales del texto de las secretarías de Economía, Agricultura y Gobernación parten del reconocimiento de que históricamente las políticas públicas "han carecido de visión estratégica de largo plazo y la acción de gobierno ha sido dispersa y desarticulada".

En el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuya revisión es la demanda principal de las agrupaciones, el gobierno refiere que con los socios comerciales se deben impulsar diversos esquemas de cooperación mediante acuerdos complementarios que coadyuven a superar las asimetrías existentes en los sectores rurales.

Indica que el crecimiento económico no se ha reflejado en los productores vinculados a cultivos tradicionales, mientras que para los hortofrutícolas han surgido nuevas oportunidades; pero también señala como urgente la necesidad llegar a altos niveles de competitividad. En lo que denominó Acuerdo nacional para el campo y el desarrollo de la sociedad rural, asevera que el agro debe ser estratégico para la nación y fundamental para la soberanía nacional, sin hacer referencia a la alimentaria.

En las acciones de desarrollo económico plantea que debe haber medidas para los productores competitivos y otras para los que no lo son. Para los primeros, propone certidumbre al ingreso en regiones con problemas de comercialización y percepciones objetivo por cinco años; costos competitivos en insumos como diesel y energía eléctrica; acceso anticipado a los recursos de Procampo mediante la ley de capitalización; aplicación de la protección comercial; creación de una oficina de inteligencia comercial con participación de los productores, y aplicar los instrumentos jurídicos vigentes.

La mayor parte de esos programas ya están en marcha, así como los que propone para los pequeños productores, que son: subsidios a la inversión mediante Alianza Contigo y el Fondo de Estabilización del Café. Se limita a señalar que debe crecer la participación de las organizaciones en el sistema financiero rural, hacerse el pago anticipado de Procampo y fortalecer la cobertura del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.

Otro punto de diferencia con la propuesta gubernamental es que las agrupaciones demandan aspectos puntuales como la revisión inmediata de las reglas de operación de los programas, ya que la excesiva burocracia dificulta la disposición de los recursos. En relación con la cartera vencida, sostienen que debe haber un programa de saneamiento y condonación para el sector agropecuario.

Reiteran sus demandas de revisar el TLCAN, excluir el maíz del tratado en forma definitiva, que el gobierno convoque a las organizaciones para formar la política en materia de cupos de importación y establecer una alianza nacional para recuperar el mercado interno y consolidar la soberanía alimentaria.

En cuanto al Procampo, piden que se regrese a la cuota original de cien dólares y que se amplíe su vigencia -la cual concluye en 2008- y que el sistema nacional de financiamiento rural permita que toda la población tenga acceso a los recursos.

Señalan que en materia de gobernabilidad debe otorgarse el indulto y la libertad inmediata a los campesinos y auténticos luchadores agrarios.

Este jueves las organizaciones y el gobierno se reunirán nuevamente para analizar los puntos de coincidencia y discrepancia, así como para constituir una comisión redactora que comience a dar forma al documento final del acuerdo nacional para el campo.

Por otra parte, el director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Supachai Panitchpakdi, dijo que las demandas de agricultores sobre la eliminación de aranceles a los productos agropecuarios en el contexto del TLCAN es algo que no le compete, pero si el gobierno de México desea que haga valer sus "buenos oficios", podría responder positivamente.

El dirigente de la CNC, Heladio Ramírez López, envió una carta al funcionario de la OMC en la que señaló la crisis que vive la agricultura mexicana por las asimetrías en el intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá, así como la necesidad de revisar el TLCAN.

Panitchpakdi respondió que muchas de las preocupaciones planteadas, "relativas a las desigualdades tanto en la cuantía del apoyo nacional a la producción agrícola como en la forma en que éste se presta y a su repercusión en el modo de vida de los productores agrícolas de los países en desarrollo, son también directamente pertinentes para la OMC" y ya se están examinando.