La contraloría interna del Instituto Federal Electoral (IFE) declaró improcedente la queja interpuesta por Lino Korrodi, ex coordinador financiero de Amigos de Fox, contra el consejero electoral Jaime Cárdenas. Después de realizar algunas "diligencias preliminares", Mario Espínola Pinelo, responsable de ese órgano de supervisión, desestimó el recurso por considerar que Cárdenas actuó en términos de lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales, sin que existan elementos para presumir el uso indebido de información.

Luego de casi dos meses de que Korrodi presentó un recurso contra Cárdenas, a quien responsabiliza de haber utilizado información confidencial obtenida mediante su cargo de funcionario público, Espínola concluyó que "no se cuenta con los elementos que sustenten la queja".

Esta determinación de Espínola representa el segundo revés contra Korrodi en su intento de responsabilizar al consejero de trasgredir la legislación, una vez que éste presentó una denuncia de hechos el 17 de octubre de 2002 en la Procuraduría General de la República contra el presidente de la República, Vicente Fox; el propio Korrodi y Carlos Magnon, así como de varios empresas relacionadas con Amigos de Fox, por el presunto financiamiento irregular a la campaña presidencial.

El recurso fue interpuesto primero ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que también desestimó el recurso por considerarse improcedente ante esa instancia. El contralor del IFE dio entrada al recurso, lo cual le valió los cuestionamientos de los consejeros electorales, quienes le imputaron asumir funciones más allá de las que le otorga la ley. Sin embargo, en las conclusiones, Espínola explica que aceptó la queja con fundamento en el artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Entre los argumentos que envió Cárdenas en su defensa figuró el hecho de que todos los servidores públicos que tengan conocimiento de la presunta comisión de un delito están obligados a dar parte a las autoridades competentes. En las conclusiones del contralor, Cárdenas actuó apegado a la ley, por lo que cerró el caso.