Los días uno y dos de marzo se reunieron autoridades y representantes de comunidades, municipios y organizaciones indígenas para recuperar el espacio del Foro Indígena de Oaxaca, que acuerpa a buena parte del movimiento indígena en la entidad. Entre los pronunciamientos vertidos en el documento emanado del Foro, los firmantes anotan:
Reivindicamos el ejercicio de nuestra autonomía y exigimos su respeto en los niveles comunitario, municipal y regional, así como en los ámbitos políticos, jurídico, económico, social, cultural y educativo, entre otros.Reclamamos y exigimos un alto a la intromisión de los partidos políticos y de intereses gubernamentales que sólo buscan el poder, en nuestras comunidades y municipios. Pedimos al gobierno estatal un papel imparcial en la solución de estos conflictos, muy especialmente en los de San Miguel Quetzaltepec, Santiago Amoltepec, San Pedro Molinos, San Juan Lalana, Unión Hidalgo, San Pedro Amuzgos, Villa Hidalgo Yalalag, Eloxochitlán, San Isidro Vista Hermosa, Nundaco, entre otros. A los hermanos de estos municipios, hacemos un respetuoso llamado a privilegiar la conciliación para resolver sus conflictos. Ante las grandes amenazas que hoy día enfrentan nuestros pueblos, debemos fortalecer nuestras comunidades y organizaciones, evitando la división interna y la confrontación entre nosotros, no permitiendo que se mal utilicen nuestras normas indígenas para provocar la división interna de nuestros municipios.
Los municipios aquí presentes, hacemos el compromiso de caminar juntos, pues nuestros problemas son ocasionados por una lógica e intereses políticos similares. Llamamos a todos los municipios que eligen a sus autoridades bajo el sistema de Derecho Indígena a impulsar una reforma electoral que posibilite la solución de los conflictos por medios legales y conciliatorios, evitando se sigan resolviendo con base en intereses políticos ajenos a la dinámica comunitaria.
[...] Condenamos el hostigamiento, agresión, persecución y represión que han cometido las fuerzas policiacas, paramilitares y militares en contra de los hermanos que decididamente han impulsado el respeto a nuestra libre determinación y autonomía, a nuestras tierras y territorios, así como a los intereses comunitarios que dan sentido a la vida indígena. Exigimos un alto a estas agresiones, sobre todo en los municipios indígenas donde se han violentado nuestros procesos de autonomía y en la región Loxicha de nuestro estado.
En el contexto actual oaxaqueño, las anteriores
son las demandas más sentidas, pues los municipios anotados viven
un clima de incertidumbre, precisamente porque hay quien acicatea la violencia
para que no puedan ejercer su derecho a gobernarse con un sentido propio.
Unión Hidalgo, Juchitán
Pregunten si no en este municipio, donde apenas el 13
de febrero "los policías municipales, encabezados por el presidente
municipal, Armando Sánchez Ruiz, y el síndico municipal,
Ricardo Ruiz de la Rosa, dispararon contra el pueblo, asesinando a nuestro
hermano Manuel Salinas Santiago e hiriendo a diez personas más",
lo que hizo que la gente de Unión Hidalgo detuviera en la cárcel
de la comunidad al regidor de obras públicas, Felipe Martínez
Matus, "ante la negligencia del gobierno de Oaxaca y la falta de solución
al conflicto [...] y después de más de tres semanas de constantes
manifestaciones en la ciudad de Oaxaca". Al cierre de esta nota, Unión
Hidalgo está concentrado en el parque central vigilando y en espera
de que las autoridades del Estado brinden una solución integral
a la crisis de gobernabilidad y vacío de autoridad, que los orilló
a que el 16 de febrero pasado presentaran un documento ante la LVIII Legislatura
de Oaxaca donde exigen "un dictamen de suspensión provisional del
ayuntamiento por parte del legislativo, para la posterior desaparición
de poderes en dicho municipio" y la cancelación de las ordenes de
aprehensión contra los dirigentes del Consejo Ciudadano Unidalguense.
Unión Hidalgo responsabiliza al gobierno de José Murat, al
Procurador de Justicia y a Juan Díaz Pimentel, de los actos violentos
y sus consecuencias en el municipio.
San Isidro Vista Hermosa, Nundaco
Otra muestra de violencia, es el caso de la comunidad de San Isidro Vista Hermosa, en la Mixteca, que --ante la imposición y la violencia ejercida desde el municipio de Nundaco por el grupo caciquil en el poder-- se movilizó hace unas semanas para "exigir al gobierno solución a sus problemas, entre ellos la segregación de esta comunidad del municipio para integrarse al de Tlaxiaco".
Sin embargo, el 28 de febrero el presidente municipal de Nundaco, junto con miembros de su cabildo y de las agencias de Ojo de Agua y de Loma Ñuhu-cua, el delegado de gobierno en Tlaxiaco y el Ministerio Público, custodiados por la policía judicial del estado, con lujo de violencia y armados de palos y piedras, irrumpieron violentamente a la Agencia Municipal, cerrando los caminos que la comunican y secuestrando a tres personas.
Este ataque, se dio tres días después de
que la gente de Vista Hermosa "destituyera a su agente municipal, Felipe
Sánchez Victoria, por haber estado actuando en contra de los acuerdos
de la comunidad y haber firmado un acuerdo de no continuar con el
proceso de segregación, a cambio de recibir las participaciones
municipales que le corresponden". El primero de marzo, las autoridades
de Vista Hermosa, junto con un grupo de sus habitantes rompieron el cerco
en que se encuentran.
Eloxochitlán de Flores Magón
El sábado 25 de enero de 2003, el presidente del Consejo Central Indígena de Eloxochitlán, Jaime Betanzos Fuentes, fue víctima de un atentado, recibiendo tres balazos en el cuerpo cuando se encontraba trabajando en su apiario, como de costumbre lo hace los fines de semana. De acuerdo a varios boletines de prensa del Consejo Central Indígena de Eloxochitlán, organización mazateca a la que pertenece el señor Betanzos "los agresores que trataron de asesinarlo son simpatizantes de Eugenio Cerqueda, pero sólo lograron dejarlo herido quedando muy grave".
Estando en esas condiciones caminó al centro de la población para recibir auxilio. Al percatarse los compañeros que había sido herido y que se encontraba muy grave, lo trasladaron inmediatamente a Huautla de Jiménez y ahí les dijeron que no podía ser atendido ya que no contaban con los recursos. Este atentado, se suma a la serie de agravios que se acumulan en ese rincón magonista de la Sierra mazateca (es el municipio donde nacieran los Flores Magón) que resiste desde hace mucho tiempo la embestida de los caciques locales que, apoyados por gente clave en el congreso oaxaqueño impusieron al presidente municipal de origen priísta desde el 1 de enero de 2002. La asamblea comunitaria repudió desde el primer día de su gestión al gobierno municipal, al que consideran ilegítimo, "pues deja en la exclusión a miles de hombres y mujeres".
Los hechos que narran la historia reciente, y que desembocan
en la crisis que actualmente vive el municipio de Eloxochitlán,
se resumen en la siguiente cronología, elaborada por la Asamblea
Comunitaria y el Consejo Central Indígena de Eloxochitlán:
8 de octubre de 2001. El Consejo Central Indígena, en la primera ronda de votaciones, aceptó la elección de Eugenio Cerqueda Herrera como presidente municipal. Con el objeto de garantizar el equilibrio, en la segunda ronda solicitó a la mesa de los debates y a la asamblea general, integrar a uno de sus elementos como Síndico Municipal propietario. A esta petición, los caciques respondieron con una rotunda negativa. La asamblea se replegó nombrando a sus propias autoridades, quienes desde luego no fueron reconocidas por el Consejo del Instituto Estatal Electoral en donde los funcionarios mayoritariamente pertenecen al partido en el poder.Primero de enero de 2002. Conocida la imposición de Cerqueda Herrera, la asamblea se apoderó del palacio municipal, recuperándola los caciques en el mes de abril con el pretexto de las fiestas tradicionales..
12 de mayo de 2002. Convencidos de que el nuevo presidente gobernaba sólo para los intereses de los ricos, un vasto sector campesino se unió a nuestra lucha. El 19 del mismo mes se nombró un ayuntamiento popular. El 27, los priístas intentaron desalojar a la asamblea con piedras y machetes, pero se resistió este ataque con decisión, sin embargo, esa misma noche en Huautla de Jiménez, una comisión que asistía al ministerio público fue cobardemente atacada por gente pagada por los caciques y fue encarcelada injustamente. El magisterio organizado y la decisión final de las autoridades pusieron en libertad a nuestros camaradas. La asamblea respondió a esta afrenta con la movilización.
Durante los meses de mayo y junio unos 15 compañeros fueron agredidos en diferentes parajes del municipio, de ello se formularon expedientes en la agencia del Ministerio donde hasta la fecha permanecen archivados. Desde entonces se implementó la autodefensa en los diferentes barrios, es decir; no permitir más el ultraje de sus personas.
15 de julio de 2002. La Cámara de Diputados dictaminó la suspensión del ayuntamiento encabezado por Cerqueda Herrera y 15 días después, lo reinstalaron sin explicaciones jurídicamente válidas. Para paliar la situación el gobierno envió a un administrador municipal quien ejerció el poder durante un mes aproximadamente. Al mismo tiempo la Secretaría de Comunicaciones amenazó en los medios con decomisar la radio comunitaria Nguixó.
12 de agosto de 2002. El gobernador del estado, en una reunión simulada, prometió solucionar de fondo el problema con la condición de detener, en Cuicatlán, una marcha indígena de protesta. Sin embargo, ante la falta de seriedad se agudizó la confrontación. Se bloquearon permanentemente los accesos al municipio. Se detuvieron las obras de infraestructura que se venían realizando y se guardó silencio.
Septiembre, octubre y noviembre de 2002. No existen servicios de registro civil ni servicios médicos, la atención a la educación es limitada, están desaparecidos por Cerqueda Herrera los ciudadanos Adolfo Alameda González y Genaro Llave Miramón. La asamblea comunitaria resiste la falta de solución y decide marchar a la ciudad de México y hacer un mitin el 21 de noviembre de 2002 en la Rotonda de los Hombres Ilustres para denunciar la actitud de cerrazón del gobierno del estado, anular las órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros y exigir la deposición del actual presidente.
La situación comenzó a recrudecerse
en julio de 2002, cuando --después de que la legislatura local dictaminara
la suspensión de poderes del Ayuntamiento encabezado por Eugenio
Cerqueda Herrera-- la misma legislatura en donde priva una mayoría
priísta, "dictaminó en pleno su reinstalación sin
mediar la más elemental investigación, y a pesar de los sólidos
argumentos presentados en tiempo y forma ante esta instancia legislativa".
En agosto, se gestionó incluso una reunión con el gobernador de la entidad, José Murat, en la que con su peculiar lenguaje, el gobernador afirmó ante la comisión: "aguanten" voy a "matar a mi manera las pulgas".
Los 26 comuneros que fueron de comisión a reunirse con el gobernador sufrieron un trágico accidente.
La asamblea comunitaria, y el Consejo Central Indígena,
volvieron entonces a publicar un comunicado, con motivo de su marcha a
la ciudad de México en noviembre de 2002. En este documento, dirigido
al Congreso de la Unión, al secretario de gobernación, a
la Oficina de la Presidencia para la Atención de los Pueblos Indígenas
y al presidente de la república, afirman:
En este municipio indígena de Usos y Costumbres se violan los derechos de los pueblos y quienes lo hacen se amparan en el vacío jurídico existente en la Ley Electoral. En tanto nuestro gobernador se proclama adalid de los derechos indígenas al interior y al exterior, en las montañas de Oaxaca las aspiraciones de autonomía indígena se reprimen a sangre y fuego por quienes hoy ostentan el poder.La situación actual de nuestro municipio es delicada, no se cuentan con los servicios que requiere una población de más de cinco mil habitantes. La miseria, debido al desplome del precio del café, (principal producto de la región) amenaza con su rostro de hambruna y la justicia tiene precios elevados en la mesa de los jueces y ministerios públicos donde se han denunciado los excesos de estas falsas autoridades.
El objetivo de su traslado a la capital del país
era solicitar al Congreso de la Unión que se conformara una Comisión
Visitadora "con el objeto de conocer la violación a nuestros derechos
colectivos y la disposición generalizada de un pueblo levantado
contra el absurdo caciquismo impulsado desde el Congreso local por los
señores Genaro Sosa Gómez, Sofía Castro y Juan Díaz
Pimentel, así como Lilia Mendoza Cruz, diputada Federal".
El atentado contra Jaime Betanzos, si bien es gravísimo,
se suma a las penurias de esa comunidad mazateca, acumuladas desde por
lo menos 1992, pero sobre todo, refleja la descomposición social
que se vive en Oaxaca. ¿Quién logrará, y cómo,
la real y justa pacificación de la entidad? La violencia no es ni
buena consejera ni prohijadora de justicia.
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En otros pronuncimientos el Foro Indígena de Oaxaca llamó a realizar una consulta para decidir su participación en las próximas elecciones federales, el apoyo a las demandas del movimiento El campo no aguanta más, la exigencia de una nueva política agraria hacia los pueblos indígenas "que incluya la revisión del artículo 27 de la Constitución mexicana a fin de garantizar la integridad territorial de nuestros pueblos indígenas, y un programa a corto plazo para superar los conflictos agrarios". El Foro exige, a mediano y largo plazo, "la revisión de las titulaciones agrarias en donde tengan participación fundamental las comunidades, limitándose la función gubernamental a apoyar estas iniciativas y procesos". También acordaron participar en la campaña de difusión del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, manifestarse en el evento de la Organización Mundial del Comercio el 10-14 de septiembre del 2003 y en el Encuentro sobre la Resistencia y Respuesta Mesoamericana a la Globalización Neoliberal en San Juan Guichicovi, Oaxaca.
Por último, el Foro Indígena de Oaxaca insiste en fortalecer su espacio de reflexión y al Congreso Nacional Indígena, y solidarizarse con la lucha de las comunidades y pueblos indígenas.
Fotos: Amatenango, 1971 y Zinacantán, 1973