Leonel Rivero y su esposa fueron atropellados el viernes y el culpable salió libre sin fianza

La agresión a abogado de labriegos de Atenco tensa el clima electoral

Provocación de la Procuraduría, dice Desde 2001 recibe protección federal por orden de la CIDH

MARIA RIVERA Y JAVIER SALINAS ENVIADA Y CORRESPONSAL

Leonel Rivero, quien encabeza la defensa jurídica de los labriegos de San Salvador Atenco, sujetos a proceso penal tras las protestas contra la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, y su esposa María de los Angeles Espinoza, fueron atropellados la noche del viernes en el estacionamiento del condominio que habitan, por un taxi conducido a alta velocidad. El ataque, que se suma a la llamada amenazante que recibió el abogado el 18 de febrero anterior, ha tensado más el ambiente en el municipio mexiquense, previo a los comicios de hoy.

El litigante -quien desde octubre de 2001 recibe protección del gobierno federal como parte de las medidas decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo del asesinato de la abogada Digna Ochoa- sólo sufrió heridas leves, mientras que su esposa fue lanzada a varios metros de distancia y requirió hospitalización. El agresor, Ernesto Macías, fue detenido inmediatamente por la escolta. Los guardaespaldas, al presentarlo ante el Ministerio Público (MP) de Ecatepec, informaron que tenía aliento alcohólico y que circulaba con las luces apagadas a alta velocidad, en un sitio donde sólo está permitido transitar a 15 kilómetros por hora. Sin embargo, pocas horas después Macías fue liberado sin fianza, sin presentar identificación y sin asegurarse de que el domicilio presentado fuera verídico.

"Estoy indignado, es escandaloso lo que hizo el MP -subrayó Rivero, en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Atenco la tarde del sábado- es obvio que tenían prisa por liberar al agresor. Además, sustrajeron evidencias, ahora dicen que no hay marcas de llantas ni huellas de sangre. Esto se presta a tres hipótesis: es una provocación montada por la Procuraduría del estado, ya que nunca hubo intención de integrar adecuadamente la averiguación previa; es parte de los actos de hostigamiento de que he sido objeto desde 2000, o fue un acto de delincuencia común. En cualquiera de los casos, exijo a las autoridades estatales y federales tomar cartas en el asunto. Ya destruyeron a mi familia porque ahora vivimos en la zozobra; sin embargo, quiero aclarar que no voy a dar un paso atrás, si mi trabajo me lleva a la muerte, la voy a asumir".

También señaló que mientras no se esclarezcan los hechos los considera como parte del enrarecido clima en que se han desarrollado los comicios del estado de México.

Agregó que ante la falta de respuestas a su caso está pensando en presentarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace días, cuando denunció la llamada intimidatoria que quedó grabada en la contestadora de su despacho, aseguró que en México no existen condiciones adecuadas para que los abogados ejerzan debidamente su trabajo, en particular cuando asumen la defensa jurídica de personas procesadas por motivos políticos.

Tras su intervención, Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) sostuvo que la agresión "deja en claro que la venganza del gobierno no sólo se dirige a los miembros del FPDT, sino también hacia aquellos que se solidarizan con el movimiento. Responsabilizamos al gobierno estatal de toda represión que sufra el compañero Leonel Rivero y su familia".

El viernes, horas antes de la agresión, el defensor había declarado a La Jornada que pese a las reiteradas afirmaciones del gobierno del estado de México de que el conflicto de San Salvador Atenco se encuentra resuelto, no es verdad. Explicó que hubo múltiples oportunidades de avanzar en el proceso de distensión, pero el gobierno mexiquense eligió dejar pasar el tiempo, "administrar el conflicto de tal manera que la gente terminara creyendo que las elecciones eran impostergables y se agudizaran aún más las contradicciones que existen. No se contempló la posibilidad de aplazar los comicios y las consecuencias las vamos a ver el domingo, es probable que haya enfrentamientos, nuevas órdenes de captura y procesos legales, y que al final se rompan las negociaciones".

Recordó que pese a que el gobierno estatal ha dicho que estaban dispuestos a desistirse de las 32 averiguaciones previas, no hablaron de que hay 16 pendientes, que se deben sujetar a un procedimiento de carácter legal; no se ha visto lo de las seis órdenes de aprehensión pendientes y la cuestión de los procesos penales que se están desahogando, ni se ha abordado el caso José Enrique Espinoza (campesino que murió en julio de 2002 tras los golpes recibidos durante el enfrentamiento con las fuerzas policiales).

Para Damián Camacho, quien también forma parte del equipo de defensores de los campesinos, la ingobernabilidad del municipio empezó el 22 de octubre (fecha en que se expide el decreto expropiatorio), cuando el pueblo solicitó información al presidente municipal Margarito Yánez sobre el proyecto del aeropuerto y el ayuntamiento decidió abandonar San Salvador Atenco sin responder. "Desde entonces, el ayuntamiento quedó en el limbo, hasta que en febrero de 2002 publicaron el bando de policía y buen gobierno en donde ubicaron a Santa Isabel Ixtapa como su nueva sede. En ese periodo el movimiento de defensa de la tierra envió una solicitud al Congreso para que desconociera a las autoridades municipales. A partir de ahí se desató la lucha contra el decreto y el pueblo desconoció a las autoridades.

"En agosto cayó el decreto y en septiembre el pueblo presentó una nueva solicitud al Congreso para que desaparecieran los poderes municipales y se nombrara un concejo municipal, como está establecido en la Constitución tanto federal como estatal, pero los legisladores se mantuvieron callados también en esta ocasión.

"Como se ve, los intentos del pueblo por comunicarse con las autoridades ha sido constante sin que se le haya prestado atención. Nunca ofrecieron respuesta a los planteamientos de la gente de Atenco, los procesos siguen vigentes y las órdenes de aprehensión pueden ejecutarse en cualquier momento. Esperemos que esta cerrazón no detone de nuevo el conflicto", afirmó.

A partir de las 5 horas, despliegue de fuerzas de seguridad en 11 municipios: Cadena Morales

Prevén IEEM y partidos abstencionismo de por lo menos 50% en comicios de hoy

ISRAEL DAVILA Y RENATO DAVALOS CORRESPONSAL Y ENVIADO

Toluca, Mex., 8 de marzo. La probable aparición de la violencia es la cuestión en los comicios mexiquenses, definidos por el desencanto ciudadano, en una elección en la que se estima un abstencionismo, de acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y los propios partidos, de por lo menos 50 por ciento, es decir, 4 de los 8 millones del listado nominal.

Los electores presenciaron una guerra sucia, hoy inconclusa, que el máximo órgano electoral fue incapaz de detener. Las acusaciones entre partidos no cesaron ni en la víspera de una elección en que las autoridades estatales están en alerta extrema en más de 20 municipios. Los más emblemáticos, San Salvador Atenco y Chimalhuacán, marcados por una historia que les ubica en esa frontera en la que comparten problemas y vecindades. El secretario de Gobierno estatal Manuel Cadena Morales, dijo ayer que la policía no entrará a Atenco, permanecerá en los alrededores. En Chimalhuacán, precisó, se tiene prevista la vigilancia policiaca dentro del ayuntamiento.

Fueron 40 días oficiales de una campaña en que se entreveraron líos de alcoba e inclusive propuestas incumplibles como aquella de los priístas sobre la pena de muerte. Del flanco panista, la promesa de un tren expreso, la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) o inclusive como el toluqueño Armando Enríquez, quien se atrevió a proponer que habría un "grupo táctico" para el combate a la delincuencia. Los programas del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, fueron el sendero por donde caminaron los perredistas, especialmente en los municipios conurbados a la capital del país.

Estos comicios en el estado electoral más importante del país estuvieron precedidos por recriminaciones contra el presidente Vicente Fox y su esposa Marta Sahagún, y contra el gobernador Arturo Montiel, quien tiene desde hace mucho tiempo la mira puesta en 2006.

En rueda de prensa, Cadena Morales prometió que la policía no actuará en forma coercitiva sino preventiva. La PFP, aclaró, no intervendrá y respecto al Ejército, señaló que se encuentra listo para cualquier eventualidad, siempre que solicite su intervención el IEEM.

Cadena Morales respondió a los partidos que pidieron la presencia policiaca, que el gobierno estatal "será cuidadoso" con la seguridad, para que luego "no se nos acuse de querer intimidar la votación". El despliegue de fuerzas se dará según las circunstancias y de lo que digan los partidos y el IEEM. Hizo un llamado a las autoridades federales a participar en el ámbito de sus responsabilidades y no contribuir a enrarecer el ambiente sino a fortalecerlo.

El sur del estado es uno de los focos rojos, en los que tanto el IEEM como la autoridad estatal prevén escenarios de violencia. Luvianos, Tejupilco, Tatlaya y Amatepec figuran en ese mapa violento. En el oriente mexiquense, Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Texcoco.

Cadena Morales informó al respecto que desde las cinco horas de mañana empezarán a llegar los cuerpos de seguridad a esos municipios. Los partidos conocen la ley y saben que si transgreden la paz y la tranquilidad, seguramente la ciudadanía cobrará la factura en las urnas, apuntó.

Los perredistas, en los sondeos que desplegaron a lo largo de la campaña con empresas como Parametría, previeron que el abstencionismo será de por lo menos 50 por ciento. Los panistas incluso llegaron a estimar que podría rebasar 60 por ciento. Y el IEEM, en una encuesta que encargó a finales de febrero y principios de marzo, dio a conocer que un tercio de la población ni siquiera conocía la fecha de las elecciones.

En ese muestreo, la gente identificó al Instituto Federal Electoral como el órgano encargado de los comicios y no al IEEM. Apenas 58 por ciento externó su convicción de concurrir a las urnas. El motivo esencial de la deserción estriba en la desconfianza que hay en el proceso. La mitad de los encuestados reveló que las trampas constituyen el signo primordial de estos comicios.

Un elemento esencial que gravitó en el desencanto mexiquense y en el descrédito de los partidos fue la guerra sucia que emprendieron desde el arranque del proceso, a finales del año anterior.

Panfletos nocturnos, cómics, spots radiales y televisivos, acusaciones contra el Presidente de la República y su esposa, el gobernador Arturo Montiel y Rosario Robles, enrarecieron un horizonte que hoy culmina con el proceso en el que se perfilará, en buena medida, la elección del 6 de julio venidero.

Las agresiones se desbordaron hasta el punto del atentado aún no esclarecido contra María Luisa Farrera Paniagua, presidenta del IEEM. Se incluyó también el navajazo al presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Otzoloapan; la muerte de dos priístas en Malinalco; las riñas callejeras entre brigadistas panistas y priístas en Coacalco, y las agresiones a los funcionarios electorales en Valle de Chalco.

Pero también a ese descrédito contribuyeron las acusaciones recíprocas entre los partidos sobre reparto de materiales de construcción y despensas. A ello se sumaron las acciones del procurador Alfonso Navarrete Prida, que ordenó la declaración ante el Ministerio Público del alcalde y el candidato panista en Ecatepec, además de sus hipótesis sobre el "autoatentado" de Farrera Paniagua.

Las veleidades políticas partidistas explicaron que, por ejemplo, en Metepec, el perredismo existente en el municipio se volcara a la campaña del candidato priísta. Inclusive, el dirigente estatal priísta, Isidro Pastor, denunció hoy que varios de sus correligionarios fueron citados tres días por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Frente a esa batalla negra, el IEEM no pudo integrar un solo expediente para contrarrestar la guerra que emprendieron los partidos y candidatos.

Los partidos tienen previsto dar a conocer, después del cierre de casillas, a las 18 horas, los resultados de las encuestas de salida que contrataron para definir las tendencias de un proceso que no está exento de los conflictos poselectorales.

Elecciones en el estado de México

Municipios: 124

Distritos: 45

Electores: 8 millones 147 mil 617

Candidatos: 14 mil 718

Casillas: 14 mil 127

Funcionarios de casilla

112 mil 985

Representantes de partidos: 484 mil 279

Boletas:

17 millones 212 mil