Es el ataque más feroz a las libertades civiles de EU, acusan defensores de derechos humanos

Bush busca más poderes policiacos para un mayor control interno

Prepara proyecto de ley para realizar procesos judiciales secretos e invasiones a la vida privada

Washington, a la espera de la guerra con Bagdad para presentarlo formalmente al Congreso, dicen

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington, 4 de marzo. El control in-terno en Estados Unidos está avanzando tan de prisa como el intento de imponer el dominio en Medio Oriente y otras partes del mundo. Hay propuestas de ley para realizar juicios secretos, deportaciones de quien sea considerado amenaza a los intereses políticos, económicos y de seguridad y hasta la prohibición de la música y el baile.

En secreto, el gobierno de George W. Bush está preparando un proyecto de ley para establecer un régimen de seguridad interna que incluye mayor autoridad para realizar procesos judiciales secretos, in-vasiones a la privacidad de individuos y nuevos límites al acceso a información pública, en un intento para ampliar los poderes policiacos y de inteligencia ya establecidos por la Ley Patriótica.

Charles Lewis, director de la or-ganización no gubernamental Center for Public Integrity, difundió el borrador del proyecto filtrado a su centro, al cual define como "una propuesta de ley que otorgaría al gobierno... nuevos poderes para incrementar aún más la recaudación de inteligencia doméstica, las prerrogativas de vigilancia y seguridad pública y reducir simultáneamente la evaluación judicial y el acceso público a la información".

Esta propuesta, consideró Lewis, representa "otro giro tectónico en el equilibrio histórico constitucional entre seguridad y libertad".

El nuevo proyecto está diseñado para ampliar la ya aprobada Ley Patriótica, aprobada en seis semanas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 -velocidad relámpago para el Congreso-, bajo un clima de emergencia.

Coyuntura propicia

El nuevo proyecto, la Ley de Me-joramiento de la Seguridad Do-méstica (DSEA, por sus siglas en inglés), fue preparado en secreto en enero y algunos analistas dicen que el gobierno está esperando otra "coyuntura propicia" de emergencia -como una guerra- para presentarlo formalmente al Congreso.

Según el profesor de leyes y experto constitucionalista David Cole, la Ley Patriótica fue nombrada así "para implicar que son traidores aquellos que cuestionan sus amplios y nuevos poderes de vigilancia, detención y fiscalización".

La DSEA, escribió Cole en The Nation, es un paso más en esa di-rección, pero ahora propone que cualquier ciudadano, aun los nacidos en Estados Unidos, que apoya las actividades legales de una organización que según el Poder Ejecutivo es "terrorista", podría ver anulada su ciudadanía y ser deportado.

Además, la propuesta ley otorgaría al procurador general la autoridad para expulsar a cualquier no ciudadano que represente una amenaza a la "defensa nacional, la política exterior o los intereses económicos" de Estados Unidos.

De acuerdo con abogados, la DSEA también autorizaría arrestos secretos -sin precedente en este país- y anularía órdenes judiciales que prohíben el espionaje de las fuerzas policiacas, además de intervenciones telefónicas y cateos secretos sin autorización judicial.

La Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), la principal organización de defensa de derechos constitucionales en el país, señala que la Ley Patriótica ya permite cateos secretos, así como previsiones que permiten a las autoridades el derecho de recaudar información sobre los libros que lee un individuo o las compras que hace con una tarjeta de crédito, y que la nueva propuesta ampliará aún más estos nuevos poderes.

"Cuando el procurador quita contrapesos vitales que nos han mantenido seguros y libres por más de 220 años, causa daños permanentes a las libertades civiles y los derechos civiles", alertó la ACLU.

Pero, además, las leyes de transparencia y acceso a la información oficial también han sido debilitadas y se busca limitarlas aún más.

El "derecho de conocer" de la ciudadanía sobre las actividades de su gobierno -tan debatido en Mé-xico- está ahora bajo amenaza de anulación en Estados Unidos, alertan abogados y expertos. "Hay un asalto completo sobre el acceso a la información", dice Charles Lewis, del Center for Public Integrity.

Recuerda que esta nueva disposición para ocultar información no es novedosa y que los gobernantes lo han hecho desde antes del 11 de septiembre. Lewis señala que en sus últimos momentos como go-bernador de Texas, Bush ordenó que todos sus documentos oficiales fueran empacados y enviados a la biblioteca presidencial de su padre, a fin de evitar que fueran custodiados por la biblioteca estatal de Texas, donde hay una firme ley de acceso a información oficial.

Señala también que el vicepresidente Dick Cheney rechazó de-mandas de legisladores para informar sobre sus reuniones con el sector energético para diseñar nuevas políticas federales.

El procurador general, John Ashcroft, también se ha negado a responder a preguntas del Congreso.

Poco después del 11 de septiembre de 2001, Ashcroft emitió un memorándum informando a todas las agencias federales que el De-partamento de Justicia defendería cualquier decisión de no responder por completo a demandas de información oficial bajo la ley de libertad de información.

Tres semanas después Bush fir-mó una orden restringiendo drásticamente el acceso público a los documentos de la Casa Blanca de ex presidentes, incluyendo los de Ronald Reagan y de Bush padre.

Lewis escribe que por lo menos en 300 diferentes instancias en los seis meses posteriores a los atentados del 11 de septiembre, autoridades federales, estatales y locales limitaron el acceso a documentos gubernamentales al emitir órdenes ejecutivas o nuevas leyes.

En marzo del año pasado, recuerda Lewis, el Washington Post reveló que Bush había despachado a unos cien altos funcionarios de todas las secretarías del gabinete para establecer un "gobierno de sombra" en dos sedes secretas fortificadas fuera de Washington.

Bush mantuvo ese "gobierno paralelo" durante seis meses antes de notificarlo al Congreso y al público, e insistió en que como presidente tenía que hacerlo así.

Todo esto, según Lewis, nutre la sospecha y falta de confianza, y provoca la pregunta de por qué este gobierno tiene tal "obsesión con el secreto, tal desdén de ofrecer información al público".

Alarma conservadora

Estas medidas son tan dramáticas que aun cuando sólo se proponía arrestos y juicios secretos de ex-tranjeros en Estados Unidos, algunos conservadores se alarmaron.

William Safire, columnista conservador del New York Times, escribió en noviembre de 2001 sobre las primeras medidas de la Ley Patriótica: "mal aconsejado por un procurador general frustrado y en pánico, un presidente acaba de asumir lo que viene a ser un poder dictatorial para encarcelar o ejecutar a extranjeros. Intimidado por terroristas e inflamado por una pasión por la justicia bruta, estamos dejando que Bush logre sustituir el imperio de la ley con tribunales militares ilegítimos".

Por si esto no fuera demasiado, ahora resulta que hay dos proyectos que podrían resultar en la prohibición del baile y la música en vivo en lugares públicos. En iniciativas que seguramente complacen a Ashcroft, ya que su fe religiosa personal se opone al baile, los dos proyectos establecerían nuevas medidas que podrían acabar con conciertos, discotecas y otros antros públicos donde la gente acude a bailar o escuchar música, desde jazz y clásica a rock y electrónica, alertó la Drug Policy Alliance.

Ambos proyectos de ley proponen facilitar al gobierno fiscalizar a los dueños de un local público si se cometen delitos relacionados con droga. Así, estarían menos dispuestos a permitir actos como conciertos o bailes donde un solo cliente comete este tipo de delito.

Una de las propuestas establece que la promoción de "rave, baile, música u otro evento" con participantes que podrían usar o vender drogas es un crimen con un castigo de hasta nueve años de cárcel.

Todo en nombre de la defensa de la libertad y la democracia o, como dicen, "de nuestra forma de vida".