Ilán Semo
El espíritu (roto) de la colmena
ƑPor qué resultan tan explosivas las declaraciones de Eduardo Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sobre el origen ilegal de los fondos que alimentaron la campaña electoral de Vicente Fox? De hecho, las primeras acusaciones contra los Amigos de Fox -que es la versión triunfante de las ONG, una suerte de club parapartidario que circunvala al PAN para administrar lealtades, acopiar apoyos y (Ƒsorpresa?) blindar complicidades- se remontan a los días todavía festivos que siguieron a las elecciones de 2000. Inclusive antes de la entrega de poderes, los primeros en señalar evidencias son los priístas. Se les desacredita porque "están dolidos y no saben perder"; "es pura envidia y rencor", dice el jefe de la bancada panista en el Congreso de la Unión. Un priísta clamando "šfraude!" es simplemente una falta de seriedad; Ƒqué pasó, licenciado?
No obstante, el panismo se apresura a revirar con acusaciones en contra de Francisco Labastida por haber empleado fondos de Pemex para su propia campaña. El PRI denuncia al PAN por haber recurrido a fondos de "origen oscuro" (dinero lavado); el PAN al PRI, por haber desahuciado al erario. Gradualmente, en los meses y años siguientes, la opinión pública -existen ya cuatro libros al respecto- documenta que probablemente ambos tengan razón. Todavía en octubre de 2000, el panismo intenta un pacto o un voto de silencio (compartido). La consigna es el cambio en la omertá. "Si tú no hablas, yo me callo". Si el país se ha democratizado, si los votos cuentan, si ya somos efectivamente plurales, Ƒpor qué no democratizar también los privilegios que otorga la complicidad? Algo así como el respeto al fraude ajeno es la estabilidad democrática. La nueva democracia se esmera en asegurar una creativa e imaginativa reinvención de tradiciones probadas.
En 2001 y 2002, el financiamiento de los partidos políticos se transforma en el vía crucis de una de las pocas instituciones hipotéticamente sanas que el viejo régimen hereda al nuevo: el Instituto Federal Electoral (IFE). Si después de 2000 ceden o desaparecen paulatinamente, no sin accidentes aquí y allá, los conflictos poselectorales como fuente principal de la incertidumbre que se cierne sobre el naciente sistema democrático, aparece en cambio, de manera, por decirlo de alguna forma, epidémica, el problema del financiamiento de los partidos como un territorio inabarcable de disputas que minan y debilitan la legitimidad lograda por el IFE. Quienes abonan este terreno son los propios partidos políticos, que jamás elaboran leyes regulatorias de su financiamiento y códigos que acoten el secreto bancario, y el Poder Judicial que cede y concede amparos a los acusados -en particular a los dirigentes de los Amigos de Fox-, que resultan auténticos blindajes legales.
En 2000, los políticos descubren que el voto lo es todo. Después de décadas de elecciones que eran simulacros, es un descubrimiento sin duda saludable. Pero descubren también que en una era dominada por los medios masivos de comunicación, el financiamiento también lo es todo, es decir, que el carisma del acarreo ha llegado a su fin. Y el sistema no se halla preparado para digerir ambos descubrimientos. Hoy un político sin medios no es ni medio político.
Dada la historia natural de la corrupción en el país, el principio del secreto bancario formula un derecho que la Constitución, por decir algo, sancionaría como un privilegio: el privilegio de usar el secreto como una caja fuerte de la corrupción. La mayoría de los escándalos recientes, digamos en los últimos 10 años, están ligados a este secreto: las cuentas de Raúl Salinas de Gortari, el Fobaproa y ahora el dudoso origen de los fondos de los Amigos de Fox.
Quien acaso conoce una de las combinaciones de esta caja fuerte es precisamente Eduardo Fernández, quien ejerció la dirección de la CNBV durante años clave en el sexenio de Ernesto Zedillo.
De existir un programa de testigos protegidos, el antiguo presidente de la CNBV podría ofrecer información no sólo sobre los Amigos de Fox sino también, por ejemplo, sobre el Fobaproa. Los programas de testigos protegidos están dirigidos a posibilitar que cómplices del crimen sirvan como fuentes realmente autorizadas de información. El cómplice es un testigo tan fiel o tan dudoso como cualquier otro. La diferencia es que lucha por su sobrevivencia. En el caso de los Amigos de Fox, Eduardo Fernández representa probablemente el testigo estrella.
Lo que anima el carácter, digamos, voluble de las interpretaciones sobre la procuración de justicia actualmente es observar al Presidente de la República pasar en tan solo dos meses del "ƑPor qué yo?", que quiso demarcar la hipotética imparcialidad del Poder Ejecutivo frente a la represión en contra del Canal 40, a "El que la hace, la paga", con el que se arenga a la PGR para practicar la forma de justicia exprés más expedita que se ha visto a lo largo de lo que va del sexenio, y detener a Eduardo Fernández.
La similitud entre ambos casos es un principio antiguo y general: el derecho es para los amigos, mientras que la ley es para los enemigos. La diferencia reside en que en la denuncia contra los Amigos de Fox el implicado directo es el propio Poder Ejecutivo.
Las implicaciones podrían ser graves, gravísimas. La más alarmante, obstrucción de la justicia.
Es inútil proclamar la voluntad de pasar a un régimen de estado de derecho, cuando quienes ejercen la procuración de justicia pueden emplear la justicia misma para quedar exonerados de sus implicaciones.
