Francisco López Bárcenas
El campo en llamas
En un hecho insólito para un estado de derecho en el que supuestamente vivimos los mexicanos, las autoridades reconocen los derechos de los ciudadanos pero nada hacen para que sean respetados. Es el caso de las comunidades mixtecas de Yosotatu, Yosonotú y sus agencias municipales, que durante los días 3 al 6 de febrero se movilizaron a la capital del estado de Oaxaca para exigir que se les brindara seguridad para ellas y sus habitantes; que cesen las agresiones de sus vecinas, San Sebastián Nopalera y Santa Lucía Monteverde, y que puedan seguir viviendo en sus lugares. Asimismo pedían que se agilicen los juicios agrarios y penales para que las tierras de las que han sido despojados les sean devueltas y los responsables de estos hechos ilícitos sean llevados ante los tribunales, para que sus conductas no queden impunes. Junto con esas comunidades iban la de San Isidro Vistahermosa, que desde hace años busca separarse legalmente del municipio de Santa Cruz Nundaco para pasar legalmente al de Tlaxiaco, adonde siempre ha pertenecido, y la de San Miguel Progreso, que exigía se autorizara el recurso económico para la construcción de obras sociales comunitarias.
La primera reacción de los funcionarios gubernamentales del estado fue de sorpresa al ver que ninguna organización política estaba detrás de la marcha. Cuando reaccionaron lo primero que hicieron fue reconocer que a todas les asistía el derecho y la razón, secundados por el magistrado del tribunal unitario encargado de resolver los conflictos agrarios. Junto con ese reconocimiento llamaron al diálogo, el cual las comunidades aceptaron, porque eso es lo que siempre habían buscado, sin conseguirlo. Después de cuatro días de caminar desde sus sitios hasta la capital del estado, lograron un acuerdo con las autoridades gubernamentales, en que éstas se comprometían a brindarles seguridad por medio de la policía preventiva, dialogar con el municipio de Santa Cruz Nundaco para plantear la demanda de segregación de San Isidro Vistahermosa y liberar los recursos para las obras demandadas por San Miguel Progreso.
Las promesas gubernamentales duraron lo que el problema en la opinión pública. Ahora las autoridades de las mismas comunidades han denunciado que ninguno de los acuerdos se ha cumplido: no se brindó la seguridad comprometida, ni se ha facilitado la información para que se agilicen los juicios agrarios, tampoco se ha allanado el camino para destrabar la segregación de San Isidro Vistahermosa y menos se han liberado los recursos para las obras sociales. Es más, el gobierno no ha acudido a las mesas de diálogo con las autoridades comunitarias para evaluar el cumplimiento de los compromisos; la última vez que se reunieron les ofreció balones y computadoras, pero no cumplió lo pactado.
Mientras eso sucede, Santa Catarina Yosonotú sigue sufriendo las agresiones de Santa Lucía Monteverde. Los días 20 y 21 de este mes la comunidad de Lagunilla, que pertenece a la primera, fue agredida con armas de alto poder por la de Altamira, que forma parte de la segunda, al tiempo que compañeros de los agresores talaban los bosques en las tierras invadidas. La falta de atención obligó a las personas agredidas a cerrar el camino que comunica a ambas, en primer lugar para evitar que se introduzcan armas de fuego, pero también como forma de resguardar su seguridad. En esta acción cuentan con el apoyo de las demás comunidades que también se movilizaron y ya discuten qué acciones realizar en caso de que no les preste atención el gobierno del estado.
Lo que en la Mixteca sucede es sólo una parte de lo que acontece en todo el país. Recientemente otras comunidades de la región han denunciado la falta de solución a sus añejos problemas agrarios. Pero lo mismo se puede escuchar en cualquier parte de la República. Escoja usted el estado que quiera, desde Baja California hasta Yucatán, y en cualquiera podrá encontrar problemas muy parecidos: conflictos agrarios por falta de aplicación de la ley o porque no se ha realizado de manera correcta. Y si le escarba un poco, se encontrará con que estas anomalías ocurren porque detrás de los problemas hay intereses políticos o económicos que se afectarían si se atendieran las demandas de los afectados. Todo esto crea el panorama de un campo en llamas, sin que el gobierno cuente con un programa para apagar el fuego, y con sus omisiones más bien parece que atiza más la leña. Parece que no toma en cuenta que él también se puede quemar.
