Unión Hidalgo, Oaxaca. El 31 de enero de 2003, un nuevo capítulo de la historia agraria del sur del istmo de Tehuantepec se comienza a escribir, al admitirse un amparo agrario en Salina Cruz, Oaxaca, en el juzgado federal 6º de Distrito. El amparo fue interpuesto por más de setenta comuneros de Unión Hidalgo y Chicapa de Castro, ambos anexos agrarios de la comunidad agraria de Juchitán. El amparo pretende resolver por la vía legal un problema de límites que durante años, sino es que siglos, se arrastra entre las comunidades de San Dionisio del Mar (ikood) con Unión Hidalgo y Chicapa de Castro (binnizá) por sus colindancias.

Entre los pueblos binnizá e ikood, conocidos como zapotecos del istmo y huaves, persisten conflictos por tierras y territorios. Gran parte de esta historia agraria ha sido propiciada y escrita por los Estados dominadores de los distintos tiempos, en la Colonia y los siglos XIX y XX.

Diversos historiadores y antropólogos, como Francisco de Burgoa, afirman que la presencia ikood fue anterior a la binnizá en algunos espacios de la planicie sur del istmo. Sin embargo, la forma de poblamiento preexistente a las concentraciones que hicieran los peninsulares y dominicos durante la segunda mitad del siglo XVI, son aún un reflejo difuso de la ubicación de las principales comunidades ikood y binnizá.

Dadas las particularidades histórico-geográficas y socioculturales de la región, la dotación y reconocimiento de títulos primordiales que la Corona hiciera a los pueblos durante los siglos XVI y XVII, obedecían a la ubicación que en su momento los peninsulares encontraron en las primeras décadas de su arribo a estas tierras.

Desafortunadamente, muchos de estos títulos, en particular para el caso del pueblo de Juchitán, se dice desaparecieron en uno de tantos incendios de los motines y rebeliones frecuentes en Xhavizende y sus alrededores. Sin embargo, en el Diario Oficial del 13 de julio de 1964, se citan títulos que: "presentados por los solicitantes para demostrar la propiedad de sus terrenos, fueron declarados auténticos según el estudio paleográfico respectivo", lo que coteja nuestra afirmación: las Resoluciones presidenciales se basaron en los títulos primordiales.

La historia es conocida. Mientras el Estado no tomara cartas o interés en el asunto de las tierras, los pueblos difícilmente se conflictuaban por tal razón. Es a raíz de la expedición de títulos y/o reconocimiento de los territorios y tierras por parte del Estado cuando surge el conflicto entre comunidades.

Después de que las comunidades zapotecas se quedaran durante décadas sin títulos primordiales, sólo la posesión y el trabajo de las tierras les garantizó su permanencia en ellas, previa sanción social al interior de sus propias comunidades y con las comunidades vecinas, fueran zapotecas o no. Aún así, en el ramo de Tierras del Archivo General de la Nación encontramos recurrentes conflictos entre comunidades de un mismo pueblo, entre comunidades y cofradías y entre comunidades de distintos pueblos, como es el caso de Guazontlán (ikood) y Huilotepec (binnizá), al suroeste de Juchitán.

Hoy, los proyectos privatizadores, megaproyecto del istmo, Plan Puebla Panamá o ALCA, pretenden despojar a las comunidades originarias de sus mejores tierras: la gran riqueza que albergan gracias a que los pueblos indígenas han sabido cuidar y convivir con ella desde tiempo inmemorable. Lo que garantizaría para estos proyectos la explotación de los recursos que aquellas contienen: bosques, selvas, minerales, petróleo, agua, etcétera.

Aunado a lo anterior, las transnacionales y compañías privadas, disponen de mano de obra barata. Para el capital internacional la "modernización" de las regiones indígenas representa un verdadero negocio. En este proceso, para despojar a los pueblos de sus tierras y recursos, se han usado los métodos más diversos: el "reacomodo" de comunidades y pueblos enteros so pretexto de proyectos llamados "de beneficio para la sociedad", valiéndose en muchas ocasiones de la "expropiación"; la llamada "certificación" de las tierras con programas como el Procede y Procecom que tienen el objetivo de acabar con la comunalidad indígena en lo que a la tierra se refiere. Esto acarrea, en muchos casos, conflictos al interior de las comunidades al grado de desarticular las asambleas comunitarias, y cumple así su objetivo principal: dejar la tierra y los recursos naturales desprotegidos y al alcance del gran capital. Otro método muy frecuentado es crear conflictos entre comunidades, sobre todo conflictos de límites territoriales inventados para evitar la cohesión de las comunidades y pueblos indígenas en la mejor defensa de sus recursos.

Este último ejemplo, de los que hay miles en el país, es el que actualmente viven los pueblos ikood y binnizá en el istmo de Tehuantepec. Basados en sus títulos primordiales que datan del siglo xvi, en 1964 se emite la Resolución presidencial que sobre Titulación de Bienes Comunales se le reconocen al pueblo zapoteca de Juchitán de Zaragoza y sus anexos (Xadani, La Ventosa, El Espinal, Chicapa de Castro y Unión Hidalgo): 68 112.54 hectáreas de diversos usos a los que estas comunidades zapotecas han dado a sus tierras. En esta resolución ya se reconocía la existencia de los conflictos de límites que se presentaban desde antes de los cuarenta con las comunidades de San Dionisio y Niltepec, mismos que esta resolución declaró "insubsistentes" ya que las zonas señaladas como litigiosas se encontraban, como hasta ahora, en posesión del núcleo gestor, en este caso Juchitán, señalándose en la Resolución que: "debe respetarse la situación de hecho existente, además de estar comprendidas dichas superficies en los títulos que demuestran su propiedad comunal".

Seis años después, en 1970, se emite la Resolución presidencial que reconoce y titula los bienes comunales del pueblo ikood de San Dionisio del Mar. Entre otras irregularidades, está la de no enterar a la comunidad agraria vecina Juchitán, de los trabajos de revisión de límites y ejecución. Dicha resolución en su plano definitivo resultó sobrepuesta en más de mil hectáreas de terrenos reconocidos y titulados a favor de las comunidades zapotecas Unión Hidalgo y Chicapa de Castro en 1964.

Después de más de 30 años, esta incertidumbre jurídica provocada por la negligencia e irresponsabilidad de las autoridades federales y estatales, no encuentra solución. En los setenta, Oaxaca vivió una de las épocas de mayor represión y violación a los derechos humanos de campesinos e indígenas, bajo los gobiernos de Vázquez Colmenares y Zárate Aquino. En esos años, la comunidad agraria de Juchitán y sus anexos sufrió uno de los golpes más duros en su existencia, al grado de que con la desaparición de Víctor Pineda Henestrosa, mejor conocido como Víctor Yodo, en ese entonces asesor del Comisariado de Bienes Comunales, desapareció también por la vía de la represión la última representación comunal agraria de la comunidad de Juchitán y sus anexos.

Hasta hoy, antes de la interposición y admisión del amparo indirecto, invocando la representación sustituta, el de los bienes comunales parecía ser asunto olvidado por las autoridades y por amplios sectores de la población. Al no contarse con la representación agraria respectiva, parecía que nada podía hacerse. En relación a los límites con San Dionisio del Mar, ni siquiera se consideraba como un conflicto agrario, esperando quizá, como ya es característico del gobierno de Oaxaca, que ocurrieran hechos lamentables que acabaran con cualquier viso de solución.