Sanciona a morosos y destructores

Entró en vigor nueva ley de condominios; fuertes multas

La Procuraduría Social (Prosoc) informó que ayer entraron en vigor las reformas y adiciones a la Ley de Propiedad en Condominio para el Distrito Federal, que sanciona a los residentes que no paguen sus cuotas de mantenimiento y permite que los vecinos se organicen de distintas formas antes no previstas en dicha legislación.

Las modificaciones realizadas a la ley contribuirán a generar una convivencia más sana y organizada entre los habitantes de unidades habitacionales y facilitarán todos los procedimientos inherentes a la organización y administración condominal que se deben realizar ante la Procuraduría Social, informó la dependencia.

De entre las reformas a la ley sobresale la del incremento al monto de las sanciones para quienes afecten la tranquilidad en el interior de los conjuntos habitacionales, cuyo monto a aplicar es de 10 a 100 salarios mínimos; y para los que alteren el estado físico del inmueble la sanción será de 50 a 200 salarios mínimos.

De la misma forma, a los condóminos que provoquen daño patrimonial, que incluye invasión de áreas comunes, se les aplicarán multas que van de 50 a 300 salarios mínimos. Por incumplimiento en el pago oportuno de cuotas ordinarias y extraordinarias de servicio de mantenimiento y del fondo de reserva se aplicará una multa no mayor a 100 veces el salario mínimo, lo cual ayudará a corregir la morosidad que se presenta en el condominio.

Por otro lado, la Prosoc exhortó a los habitantes condominales que se encuentran organizados por edificios, secciones, manzanas, entradas por área o por cualquier otro mecanismo, a que registren su administración ante la Procuraduría Social y realicen asambleas para tomar decisiones respecto de las zonas comunes que comparten, ya que con la reforma la ley condominal las reconoce.

Agregó que, en particular, la ley le otorga mayores facultades a la Procuraduría Social para normar la vida en condominio, entre las que se encuentra, de ser necesario, aplicar sanciones económicas a condóminos que afecten la tranquilidad o el estado físico de los inmuebles y fungir, a petición de parte, como árbitro en conflictos entre condóminos o entre éstos y la administración de su inmueble.