Revive el temor de la guerra sucia en Guerrero

Cita la Procuraduría Militar a familiares de desaparecidos

Analizan ONG denunciar el hecho ante organismos mundiales

VICTOR BALLINAS

En Guerrero el miedo ha vuelto a sentirse. El terror que los habitantes del estado vivieron durante la época de la guerra sucia vuelve a estar presente, porque a las casas de los familiares de desaparecidos en Atoyac, Acapulco y Chipancingo comenzaron a llegar citatorios de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) para que se presenten a declarar sobre las detenciones-desapariciones ocurridas durante el operativo militar contra el grupo armado que dirigía Lucio Cabañas.

La señora Elpidia Moreno González, anciana de 70 años, semiparalítica, quien denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) la desaparición de dos de sus hijos, de su nuera y de su hermano sintió temor cuando este 6 de febrero llegaron a su domicilio, ubicado en Calle 12, colonia Cuauhtémoc, en Acapulco, tres militares vestidos de civil a entregarle un citatorio para que comparezca el 14 de febrero ante el Ministerio Público Militar que se ha trasladado al ayuntamiento de Acapulco.

En dicho documento se le hace saber que los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite, así como el mayor Francisco Javier Barquín Alonso, son juzgados por el delito de homicidio calificado, "cometido en las instalaciones de la base área militar número 7 de Pie de la Cuesta, Guerrero, en agravio de diversas personas que fueron detenidas en los años 70 por personal militar que se encontraba realizando operaciones en ese estado con motivo del surgimiento del grupo armado de Lucio Cabañas.

Añade que "hasta el momento se desconoce la identidad de las personas que fueron privadas de la vida, pero existe la probabilidad de que entre éstas haya figurado su hijo Santigo Roque Moreno, ya que de acuerdo con la denuncia que usted presentó ante la PGR fue detenido en esa población el 11 de julio de 1968, sin que hasta la fecha haya vuelto a saber de su existencia".

Ofrecen asesoría para hacer valer garantías constitucionales

En el citatorio le hacen saber que la PGJM investiga esos hechos en la averiguación previa SC/257/2001, por lo que, "como familiar de una de las personas que pudieron haber sido privadas de la vida en las referidas instalaciones militares, por este conducto se le informa que usted tiene derecho a recibir asesoría jurídica por parte de la PGJM para hacer valer las garantías establecidas en la Constitución en favor de las víctimas u ofendidos; a que se le proporcione información sobre el desarrollo del procedimiento penal; a coadyuvar ante el Ministerio Público Militar, aportando todos los datos o elementos de prueba con los que cuente para contribuir al esclarecimiento de los hechos; a que se le repare el daño y a solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio".

En dicho citatorio, del cual La Jornada tiene copia, se hace saber a la señora Moreno que puede acudir sola o acompañada por alguna persona de su confianza, "en el concepto de que si usted lo solicita podrá estar presente durante la diligencia algún representante de la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos, o bien del organismo no gubernamental protector de derechos humanos que desee".

Dicho documento lo firma el agente del Ministerio Público Militar adscrito a la sección de Averiguaciones Previas de la PGJM, capitán segundo JM, Ernesto Medina.

En conferencia de prensa ofrecida en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Julio Mata, de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Afadem), denunció que "el miedo ha vuelto a sentirse en Atoyac, Chilpancingo, Acapulco y otros municipios, pues personal militar está llevando citatorios a las casas de los familiares de desaparecidos".

Los familiares han recurrido a la Afadem y "nos han manifestado que cómo es que los militares, a los que se acusa de haber desaparecido personas en la guerra sucia, ahora sean los que van a investigar lo que no hicieron en 30 años. Nosotros denunciamos ante la PGR, y si esta dependencia se declaró incompetente, debió turnar las cerca de 200 denuncias que le presentamos a la fiscalía especial para desaparecidos, no al Ejército".

Mata anunció que recurrirán a las instancias internacionales necesarias, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y que inclusive podrían recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Enríque González, abogado de la Afadem, dijo que lo que está ocurriendo es que el gobierno mexicano quiere aplicar una "ley de punto final como la de Argentina. No están investigando desapariciones forzadas de personas, sino que quieren sancionar por homicidio simple".