Hoy presenta José Luis Soberanes su tercer informe ante la Comisión Permanente

Se duplicaron quejas por tortura: CNDH

La institución recibió 3 mil 184 denuncias en 2002 La PGR, de nuevo en primer lugar

VICTOR BALLINAS

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, presenta hoy ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su informe de actividades correspondiente a 2002, en el que destaca que las denuncias por tortura aumentaron ciento por ciento respecto al año anterior.

El texto da cuenta de que los principales hechos violatorios de los derechos humanos durante ese año fueron el ejercicio indebido del cargo, negativa al derecho de petición, negativa o inadecuada prestación del servicio de salud, detenciones arbitrarias, cateos, dilación en el procedimiento administrativo, amenazas, retención ilegal, incomunicación y cohecho, además de que continúa la desaparición forzada de personas.

En el informe de 756 páginas, el ombudsman nacional señala que durante 2002 se recibieron 3 mil 184 quejas, es decir, 8.7 al día, de las cuales mil 326 quejas corresponden a hechos presuntamente violatorios de derechos humanos.

La Procuraduría General de la República (PGR) volvió a ocupar el primer lugar en el número de quejas por violación a las garantías, con 293; el segundo lugar el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 224; el tercero la Secretaría de la Defensa Nacional, con 105; el cuarto la Comisión Federal de Electricidad, con 68, y el quinto la Dirección General de Reclusorios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con 65 denuncias.

Las violaciones a los derechos humanos fueron constantes, en promedio 3.7 al día, apunta el ombudsman en su tercer informe de labores. En 2002, agrega, hubo mil 11 quejas por ejercicio indebido del cargo, 280 por negativa al derecho de petición, 266 por negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud, 206 por detención arbitraria, 177 por trato cruel y/o denigrante, 150 por cateos, 135 por dilación en el procedimiento administrativo, 96 por amenazas, 94 por negativa o inadecuada prestación del servicio de electricidad, 75 por retención ilegal, 74 por integración irregular de averiguación previa, 67 por robo, 47 por incomunicación y 22 por desaparición forzada.

El IMSS ocupó el primer lugar en recomendaciones emitidas por la CNDH, con un total de siete por negligencia, omisión, negativa y prestación inadecuada del servicio público de salud; el segundo fue para el gobierno de Morelos; en tercer sitio figuran la Secretaría de Educación Pública y el gobierno de Chiapas, con tres cada uno; el cuarto lugar lo comparten la PGR y la Secretaría del Medio Ambiente, ambas con dos, y el quinto los gobiernos de Nayarit y Yucatán, y la SSP, con dos recomendaciones cada una.

De las 49 recomendaciones que emitió el año pasado, tres no fueron aceptadas, 35 se encuentran "con cumplimiento parcial", sólo cinco con total, una atendida de forma insatisfactoria y nueve en tiempo de ser contestadas. El ombudsman refiere que 79 servidores públicos -34 del ámbito federal y 45 del estatal- fueron sancionados: uno arrestado, 15 destituidos, 18 suspendidos, dos inhabilitados, un multado, 28 sujetos a acciones penales en curso y 19 amonestados o apercibidos.

En el voluminoso informe se refiere que en sus 12 años de existencia, la CNDH ha recibido 82 mil 782 quejas, de las cuales 15 mil 595 han sido de tipo penal. De éstas, precisa, 12 mil 806 correspondieron a las interpuestas por las víctimas u ofendidos durante la ejecución de conductas delictuosas, y 3 mil 789 fueron presentadas por el presunto responsable del delito.

Dicho informe contiene un resumen de las 49 recomendaciones emitidas durante 2002, entre las que destacan la 12/2002 de fecha 14 de mayo, emitida a la PGR por tortura en el caso de Guillermo Vélez Mendoza, "quien falleció a manos de agentes federales investigadores", y que se encuentra parcialmente cumplida; la 39/2002, dirigida a la SEP por violación sexual de menores, en la que tomaron parte varios profesores del jardín de niños Arquitecto Ramiro González del Sordo, y las turnadas al IMSS por negligencia, contracepción forzada, servicio inadecuado y extracción de la matriz por errores médicos, entre otros casos.

Detalla sus informes especiales sobre reclusorios y centros de readaptación social varoniles y femeniles del Distrito Federal, en los que señala deterioro de los inmuebles, insalubridad, hacinamiento, privilegios, castigos inhumanos, segregación, carencia de servicios médicos, tráfico de drogas y corrupción.

También alude al informe especial sobre Agua Fría, Oaxaca, donde 26 personas fueron asesinadas el 31 de mayo pasado. La CNDH destaca que hubo denegación de justicia e incumplimiento de resolución agraria y procuración de justicia, así como otras violaciones a los derechos humanos de los detenidos, quienes asegura que no son los responsables de los hechos imputados.

El ombudsman nacional informará también hoy a la Comisión Permanente las violaciones a los derechos humanos de periodistas. En el documento indica que en 2002 hubo 42 quejas y un recurso de impugnación. Además había 16 casos de 2001 que se encontraban en fase de integración. Se concluyeron 44 y 15 quedaron pendientes, entre ellos el 2002/2959, iniciado el 18 de noviembre por la queja del 14 de noviembre de los reporteros de La Jornada Gustavo Castillo, Enrique Méndez, Andrea Becerril, Ciro Pérez, Roberto Garduño y Rubén Villalpando.

Se detalla que la queja es contra el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, y otros funcionarios de esa institución por las presiones que ejercieron contra los reporteros para que revelaran sus fuentes.

La CNDH da cuenta de que también recibió queja del corresponsal de esta casa editorial en Guanajuato, Martín Diego Rodríguez, por amenazas e intimidación de la policía local. Este caso se remitió a la comisión estatal en la materia.

También recibió en abril pasado la queja 2002/553, presentada por Juan Balboa, corresponsal de La Jornada en Chiapas y director del semanario Páginas, por disparos frente a las oficinas de este último medio de información. El caso se remitió a la comisión estatal.

En el balance de las quejas por tortura, la CNDH precisa que al 15 de noviembre de 1999 se recibieron seis quejas, para noviembre de 2000 se incrementaron a nueve, en 2001 se mantuvo en esa cifra y en 2002 aumentó a 19; la PGR fue señalada en 18 casos como responsable.