Son más de 200 personas de Atoyac de Alvarez
Denunciantes de desapariciones fueron citados por la Procuraduría Militar
JESUS SAAVEDRA LEZAMA Y ALMA MUÑOZ CORRESPONSAL Y REPORTERA
La Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) citó a comparecer a más de 200 personas de Atoyac de Alvarez, Guerrero, que han denunciado a los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quirós Hermosillo, así como al mayor Francisco Javier Alonso, por la desaparición de personas durante la guerra sucia.
Familiares de las víctimas denunciaron la acción por considerarla violatoria a los derechos humanos y porque evidencia que el fuero castrense está por encima de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Desde el jueves pasado, militares vestidos de civil entregaron los citatorios, firmados por el capitán Ernesto Medina León, en su calidad de representante de la PGJM, donde se requiere la presencia de los civiles para recabar testimonios y comenzar el desahogo de la causa penal 1723/2002. En ella se acusa a Acosta Chaparro, Quirós Hermosillo y Alonso de ''homicidio calificado cometido contra varias personas en las instalaciones de la Base Aérea número 7 de Pie de la Cuesta, municipio de Acapulco''.
Un hombe de más de 60 años, quien pidió el anonimato, mostró el oficio, donde se le informa de la averiguación previa SC/257/2002/I, radicada en el juzgado cuarto del Campo Militar Número Uno, a raíz de la desaparición de su hija.
El documento fue redactado en la sede de la 27 Zona Militar, en la comunidad El Ticuí, Guerrero, y deja en claro que la comparecencia de los citados se realizará en una calle de Atoyac de Alvarez.
Los familiares dijeron: ''No vamos a comparecer ante la instancia que desapareció a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Se trata de una pantomima para proteger a los militares responsables de estas atrocidades. El caso se tiene que ventilar ante la justicia civil, porque no hemos interpuesto ninguna denuncia ante la castrense''.
La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Fadem) externó su inconformidad y calificó la medida como ''una nueva agresión hacia quienes desde los años 60 resisten los embates del terrorismo de Estado''. Sobre todo porque la Procuraduría Militar propuso a la agrupación coadyuvar en las investigaciones.
Además, desacreditó la actuación de la fiscalía especial, porque al permitir estas acciones ''garantiza la impunidad de los militares''.