Víctor Suárez Carrera
ƑQué nuevo pacto social requiere el campo?
La histórica megamarcha campesina Salvemos al campo para salvar a México del pasado 31 de enero lanzó un clamor unánime a la nación: nuevo pacto Estado-sociedad urbana-sociedad rural, nueva política hacia el campo y renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En días pasados señalamos en este mismo espacio qué necesitamos renegociar en el TLCAN (La Jornada, 29/1/03, p. 8).
Ahora ponemos a consideración del lector la propuesta del movimiento El campo no aguanta más respecto a qué nuevo pacto social y qué nueva política hacia el campo requiere nuestro país de cara a un nuevo proyecto de nación en la soberanía, el crecimiento, la equidad, la sustentabilidad y la globalización.
El pacto social entre el Estado y los campesinos, surgido de la Revolución de 1910 y refrendado durante el cardenismo, se agotó hacia finales de los años 60 y se rompió definitivamente a lo largo de décadas de neoliberalismo. Dicho pacto hoy requiere refundarse sobre nuevas bases. Obviamente, no podrían ser las mismas sobre las cuales se fundó anteriormente ni mucho menos sobre las que se rompió. Se requiere de un nuevo acuerdo político nacional y de un nuevo contrato social con nuevos derechos y obligaciones entre el Estado, la sociedad urbana y la sociedad rural. Lo anterior, con base en un consenso fundamental respecto del nuevo papel del campo y los campesinos en el futuro de la nación.
Entre los compromisos del Estado, la sociedad urbana y la sociedad rural que configurarían el nuevo pacto se encuentran los siguientes:
1. El campo, la sociedad rural, las agriculturas campesinas e indígenas y sus patrimonios constituyen una prioridad nacional y representan un sector imprescindible para el presente y futuro de la nación para asegurar su soberanía, desarrollo y viabilidad a largo plazo.
2. El Estado se obliga a garantizar el derecho a gozar una vida digna y a respetar los derechos humanos, económicos, sociales y culturales para toda la población rural, reconociendo el principio de paridad entre el nivel de vida de la población urbana y la población rural.
3. La soberanía alimentaria como principio rector de la política agroalimentaria en sustitución de la política de dependencia alimentaria.
4. Reconocimiento al carácter multifuncional de la agricultura en sustitución a la política reduccionista, economicista y productivista hasta ahora vigente.
5. Reconocimiento del derecho de los campesinos a seguir siendo campesinos y revalorización de la capacidad de desarrollo de las agriculturas campesinas e indígenas. Por tanto, compromiso del Estado en inversiones estructurales multianuales para su desarrollo productivo, social y ambiental.
6. Alimentación sana, suficiente, nuestra y con garantía de acceso para toda la población, principalmente la de bajos ingresos.
7. Impulso a sistemas sustentables de producción agropecuaria, forestal y pesquera, con orientación prioritaria para el mercado interno y complementariamente para los mercados de exportación.
8. Reconstrucción de cadenas productivas agropecuarias y forestales con un mínimo de contenido nacional y agregación de valor a la producción primaria en las localidades y regiones rurales.
9. Ordenamiento de los mercados con intervención del Estado sobre la base del control y administración de la oferta por los productores organizados.
10. Protección al empleo rural, impulso a actividades no agropecuarias, conservación de los recursos naturales y producción de bienes y servicios ambientales para el desarrollo urbano, industrial, turístico y para el bienestar de la toda la población mexicana.
11. Defensa y valorización de los patrimonios territoriales (tierra, agua, bosques, selvas vegetación de zonas áridas; biodiversidad, recursos genéticos, cultura, conocimientos, etcétera) de ejidos, comunidades y pueblos indios; fin del rezago agrario y distribución de activos productivos para el desarrollo agropecuario y rural, principalmente entre jóvenes y mujeres.
12. Reconocimiento a la diversidad de actores productivos y sociales del campo como sujetos responsables de su propio desarrollo; fin del clientelismo y el corporativismo, y nueva relación Estado-sujetos rurales basados en la autonomía, autogestión y reconocimiento pleno de derechos.
Expresiones concretas, verificables y duraderas de este nuevo pacto nacional, además de la firma de un acuerdo nacional Ejecutivo-Congreso-gobernadores-organizaciones campesinas, deben ser, entre otras:
1. Nuevo programa de desarrollo rural 2004-2006 y programa 2020 concertado con la sociedad rural y aprobado por el Congreso de la Unión.
2. Renegociación del capítulo agrícola del TLCAN y acuerdos paralelos sobre migración y fondos compensatorios.
3. Modificaciones constitucionales a efecto de permitir un presupuesto multianual para el desarrollo agropecuario, forestal, pesquero y para el desarrollo rural, con al menos 3 por ciento de presupuesto anual con respecto al producto interno bruto nacional para el desarrollo productivo y social del campo.
4. Reforma estructural de las instituciones rurales y del sistema financiero rural.
5. Derecho constitucional a la alimentación.
6. Reforma al artículo 27 constitucional a efecto de prohibir a las sociedades mercantiles el acceso a la tierra y garantizar que la parcela ejidal se considere como patrimonio familiar.
7. Reforma a la ley indígena a efecto de cumplir los acuerdos de San Andrés.
8. Reforma de los órganos de gobierno de las instituciones públicas, federales y estatales, a efecto de garantizar una participación incluyente y plural de la diversidad de expresiones organizativas de la sociedad rural.
