Podemos avanzar en lo social, pero la inseguridad es lo que preocupa a la gente, dice

Pasan las obras a segundo plano si no hay seguridad: López Obrador

En tres semanas podría estar listo el proyecto para aumentar penas por robo: Encinas

SUSANA GONZALEZ G.

La ayuda a los pobres, los programas de desarrollo social o la construcción de obras públicas del gobierno capitalino podrían quedar en segundo plano de no haber avance en materia de seguridad pública, porque ésta continúa siendo la principal preocupación de la gente.

Así lo reconoció el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, durante la entrega mensual de reconocimientos a policías preventivos y judiciales, a quienes -al igual que su gabinete de seguridad- exhortó a seguir trabajando en equipo para abatir la incidencia delictiva.

En la ceremonia participaron Gabriel Regino García, subsecretario de Apoyo Institucional y Policías Complementarias de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y Alejandro Encinas, subsecretario de Gobierno, quienes confirmaron que el GDF propondrá cambios legales para incrementar las penalidades en el robo, e impedir que los delincuentes salgan fácilmente de la cárcel con el pago de una fianza.

"Estamos revisando delitos que actualmente tienen penas reducidas, como los asaltos a transeúntes o en microbuses, los cuales afectan en su mayor parte a la gente con menos recursos, y que por el monto de lo robado tienen mitigaciones en la sanción. Vamos a garantizar la integridad y seguridad de las personas más allá de lo que implica el daño patrimonial", explicó Encinas, y dijo que en tres semanas podría estar listo el proyecto.

Los cambios son necesarios porque el sistema penal actual presenta severas fallas, por ello se busca "un castigo ejemplar y eficiente" contra los delincuentes, "lo que no debe confundirse de manera simple con autoritarismo", sentenció el subsecretario de Gobierno.

Resultados pese a la adversidad económica

En su discurso ante decenas de uniformados, López Obrador manifestó que si entregan buenas cuentas sobre seguridad pública a los capitalinos, toda acción del gobierno quedará acreditada.

"Podemos avanzar mucho en el desarrollo social, podemos estar ayudando a la gente pobre, podemos construir obras públicas y ofrecer servicios para atender las demandas de la sociedad, pero si no avanzamos en esa materia, todo lo demás pasa a segundo plano. Estamos muy conscientes de eso y, por tanto, es la principal prioridad de mi gobierno".

La de ayer fue una ceremonia que López Obrador y sus colaboradores aprovecharon para desmentir que haya diferencias al interior del gabinete de seguridad pública, principalmente sobre el endurecimiento de sanciones, propuesta reiterada de Marcelo Ebrard, titular de la SSP.

"Si no estuviéramos trabajando de esta forma, unidos y con profesionalismo, tendríamos una situación muy complicada, pero como hay trabajo responsable de todos y hemos enfrentado las adversidades a pesar de una circunstancia difícil por la falta de crecimiento económico y de creación de empleos, estamos obteniendo resultados".

Por su parte, Marcelo Ebrard destacó que durante los 11 meses que lleva al frente de la SSP sólo unos 100 policías han sido remitidos al Ministerio Público por algún delito; en contraste, más de dos mil elementos han recibido estímulos económicos, ascensos y reconocimientos.

Castigo ejemplar, no endurecimiento

Regino García se congratuló de la iniciativa de López Obrador para analizar las deficiencias del marco legal y dijo que "todas las acciones (del gobierno) tienen como única finalidad elevar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de México, aun de aquellos que se resisten a la conformación de este nuevo pacto social y prefieren el camino del delito para obtener ganancias ilícitas. Los esfuerzos del gobierno no deben pasarse por alto. Quienes a pesar de ello violan la ley, deben ser severamente castigados".

Interrogado al respecto, Alejandro Encinas precisó que más que endurecer penalidades, se trata de dar garantías en la legislación para que los delincuentes que dañan el patrimonio e integridad de las personas sean sancionados penalmente.

No sólo se trata, dijo, de incrementar la pena o calificación de delito menor a delito grave, sino que no puedan obtener algunos beneficios de la ley, de acuerdo con la violencia con que actúen. Por otro lado, también negó que haya diferencias con sus compañeros de gabinete sobre dicho tema: "lo que yo veo es una discusión de cómo perfeccionar la ley, los instrumentos de combate a la delincuencia y la coordinación de las distintas dependencias que participamos en el combate al crimen. Estamos construyendo una propuesta consensuada, no veo litigio, sino la búsqueda de nuevos caminos por el combate a la delincuencia".