Enfasis en procuración de justicia y
seguridad pública, acuerdan gobiernos federal y de Chiapas
Coordinarán acciones para frenar la violencia
en San Juan Chamula
Declaran los 4 tzotziles presos en el penal de Cerro
Hueco, por la emboscada en Tres Cruces
ALONSO URRUTIA, JUAN BALBOA Y ANGELES MARISCAL CORRESPONSALES
Los gobiernos federal y de Chiapas acordaron estrechar
la coordinación en los ámbitos de seguridad pública
y procuración de Justicia, con intención de desactivar el
conflicto en el municipio de San Juan Chamula, donde la semana anterior
ocurrieron dos enfrentamientos en los que perecieron siete personas.
Para abordar la situación que prevalece en Chiapas,
este lunes se reunieron en la Secretaría de Gobernación el
subsecretario Ramón Martín Huerta; el comisionado para la
Paz en Chiapas, Luis H. Alvarez; el secretario de Gobierno de esa entidad,
Emilio Zebadúa, y el procurador chiapaneco Mariano Herrán
Salvati.
Al
término del encuentro, Zebadúa dio a conocer que en breve
se reunirá con dirigentes políticos de la región,
con el objetivo de hacer corresponsables de la seguridad y tranquilidad
en Chamula a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional
y de la Revolución Democrática, los grupos organizados a
través de autoridades municipales que son católicos tradicionalistas,
y otras comunidades religiosas.
Sostuvo asimismo que con la coadyuvancia del gobierno
federal, mediante sus áreas de seguridad pública y procuración
de justicia, cesará la violencia en esa zona. Según el secretario
de Gobierno, las acciones aplicadas en la administración que encabeza
el gobernador Pablo Salazar han reducido "al mínimo" el riesgo de
violencia. Señaló que "evidentemente en un municipio tan
complejo como Chamula, no se está exento de situaciones como las
ocurridas la semana pasada", y por ello hay mayor vigilancia en las comunidades
donde se produjo la violencia.
Por su parte, el procurador Herrán Salvati dijo
que los funcionarios chiapanecos informaron al gobierno federal que los
responsables de las dos masacres ocurridas en Chamula ya están detenidos,
y destacó que con fundamento en el desempeño de la Base de
Operaciones Mixtas, donde confluyen el estado y la Federación, se
buscará inhibir nuevos hechos de violencia.
Entretanto, presentaron sus declaraciones preparatorias
los cuatro indígenas tzotziles oriundos del paraje Tres Cruces,
municipio de San Juan Chamula, presos en el penal de Cerro Hueco, acusados
de lesiones calificadas, homicidio calificado y delincuencia organizada.
En su testimonio, Pascual Heredia Hernández, confirmó
que el martes 28 de enero se organizó con otras tres personas para
evitar que la policía los
detuviera por la agresión perpetrada contra evangélicos
el día 26 de ese mes. Añadió que en Tres Cruces vio
que otros sujetos dispararon con un rifle AK-47 cuerno de chivo contra
una camioneta blanca en la que viajaban policías y mayoles -guardias
tradicionales-, entre ellos Salvador Pérez Sánchez y Domingo
Chilón Chilón. Abundó que entonces, junto con otras
cuatro personas disparó a los agentes.
La Procuraduría General de Justicia del estado
informó que resultaron positivas las pruebas de radizonato de sodio
practicadas a Gregorio Heredia Hernández (occiso), Enrique Hernández
Hernández, Mariano Gómez Heredia, Pascual Heredia Hernández
y el menor Ramón Patishtán López y/o Ramón
Patishtán González. Añadió que según
pruebas de balística, el AK-47 incautado en el operativo del
28 de enero fue uno de los tres cuernos de chivo usados en los homicidios
del domingo 26.
Anuncian médicos de Comitán que demandarán
a medios
Médicos del Hospital Regional de Comitán
anunciaron que procederán jurídicamente contra medios de
comunicación que a decir de los galenos pretendieron "difamarlos"
al cubrir las muertes de bebés nacidos en el nosocomio, ocurridas
entre diciembre y enero anteriores, y difundir la actual condición
del Sector Salud en la entidad.
Los médicos, entre ellos dos a quienes al momento
se investiga administrativa y penalmente, pues estaban asignados al área
de pediatría del citado hospital, enviaron una carta a las autoridades
federales y a la opinión pública, en la cual exigieron que
"se apeguen a derecho" los dictámenes que efectúen las autoridades
en cuanto a la situación en Comitán
