Magdalena Gómez
Gobierno emplazado, justicia aplazada
Conforme transcurre el sexenio se acumulan problemas de fondo cuyo aplazamiento evidencia la ausencia del cambio prometido. Es el caso de la negociación con el EZLN, la ineficacia en la investigación sobre delitos de genocidio -de lesa humanidad- y la guerra sucia que siguió a 1968 y 1971, a los que ahora se añaden las grandes movilizaciones campesinas que demandan renegociación del capítulo agropecuario del TLC y una nueva política para el campo.
El mensaje zapatista en la toma pacífica de San Cristóbal de las Casas (1/1/03) que rompió el silencio, pero no para hablar con el gobierno, fue respaldado por la reciente declaración del Congreso Nacional Indígena en el sentido de que del Estado no se espera nada y por ello no se insistirá en la demanda de reconocimiento de derechos. En cambio, los indígenas reafirmaron su decisión de avanzar en la autonomía por la vía de los hechos, así como en su defensa. Sin embargo, el gobierno no parece darse cuenta de lo que implica esa postura, y se engaña -o finge hacerlo- promoviendo el llamado a un encuentro con el EZLN, por conducto de la Cocopa.
En la investigación sobre los crímenes de Estado, el gobierno tampoco parece caminar en sintonía, pues por una parte el Presidente de la República se atrevió a declarar sin fundamento que han prescrito, mientras por otra el fiscal especial no cierra del todo la puerta a la consideración de que conforme derecho internacional no es posible dar carpetazo a la investigación, aun cuando no acaba de asumir que su ámbito no puede limitarse al Código Penal Federal, pues los tratados están por encima.
De parte del Comité del 68 hay un planteamiento claro, tanto en el plano político como en cuanto al sustento jurídico de sus demandas, no obstante la complejidad de los casos. Justamente por ello promovió un foro auspiciado por el PRD en el Senado, en donde se revisaron las experiencias chilena, guatemalteca, argentina, la de Ruanda, además del caso mexicano. Esto permitió detectar los factores de poder que continúan trabajando para impedir que se haga justicia, pero existe un campo común que da sustento a las demandas de las víctimas: resulta fundada la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la tipificación del delito de genocidio y la jurisdicción universal al respecto. Lamentablemente, la riqueza del foro no fue aprovechada por los senadores del resto de las fracciones partidistas: si bien decidieron formar una comisión de seguimiento a las investigaciones de la fiscalía especial, no asumen que parte de la fortaleza jurídica para enfrentar estos crímenes reside en el ámbito del derecho internacional. Del lado de la sociedad civil y de los grupos de derechos humanos también se observó escasa presencia. El mayor reto para acabar con la impunidad es que los tres poderes se involucren. Si bien habría que reconocer que es un avance abordar el tema, esto no garantiza resultados justos, por lo que el movimiento democrático debe acompañar este proceso. Nuestro país será otro el día en que pasemos del no se olvida a la justicia.
De la parte campesina también ha habido evidencias de autonomía no vista en décadas: la movilización del pasado 31 de enero expresó que una importante fuerza social sigue confiando en la vía pacífica para hacerse escuchar. Ya sabemos la traición que sufrió la experiencia zapatista, a pesar del respaldo popular que concitó la marcha del color de la tierra. El gobierno tiene de nueva cuenta en sus manos la posibilidad de atender estos justos reclamos o continuar cerrando puertas, respaldado por los otros poderes.
Llama la atención que en los tres problemas enunciados esté presente el componente de derecho internacional y su relación con el derecho interno. Si se quisieran abordar reformas estructurales que abrieran paso a un auténtico estado de derecho, tendría que incluirse en la agenda la revisión de los artículos 133 y 135 constitucionales: en el primer caso para garantizar que los tratados internacionales tengan rango constitucional, en especial los relativos a derechos humanos en su amplia acepción que incluye derechos económicos, políticos, sociales y culturales, y en el segundo, para diseñar un mecanismo de reforma constitucional que impida la modificación indiscriminada de artículos que son pilares del pacto social; es el caso de la contrareforma que se hiciera al 27 constitucional en 1992, que no es ajena al espíritu del TLC.
De ese tamaño son los retos para que superemos la mera alternancia y enfrentemos los saldos del régimen príista, y su magnitud obliga a impulsar en serio un proyecto que dé sustento al ideal de que otro México es posible.
