Indígenas desplazados por grupos armados piden la restitución de sus tierras

Marcha mixteca a la capital de Oaxaca

ROSA ROJAS ENVIADA

Tlaxiaco, Oax., 3 de febrero. Ellos creen todavía que en este país debe haber alguien que pueda hacer justicia. Por eso, unas 350 personas -hombres mujeres y niños- decidieron emprender una marcha de casi 190 kilómetros desde esta ciudad de la Mixteca Alta hasta la capital oaxaqueña, para ver si hay alguna autoridad estatal o federal que pueda hacer que se cumpla la ley.

Muy de madrugada se pusieron en camino a la ciudad desde sus pueblos, algunos situados a casi tres horas de viaje por malas carreteras de terracería que atestiguan el abandono oficial en la región y que son parte de la explicación de por qué esta entidad es una de las principales expulsoras de mano de obra hacia el norte de México y a Estados Unidos.

Los contingentes son de San Pedro Yosotato, Santa Catarina Yosonotú, San Isidro Monteverde y San Miguel del Progreso. La marcha es para exigir solución a los problemas agrarios, políticos, económicos y sociales de la Mixteca. A su paso, al tiempo que informan de sus problemas a las comunidades por donde cruzan, invitan a los habitantes a unírseles para obligar a las autoridades a actuar: "el gobierno sólo hace caso cuando corre sangre. Nosotros estamos tratando de evitarlo".

La primera parada fue en el centro de Tlaxiaco, donde organizaron un mitin en el que los ejidatarios de Yosotato explicaron que se ven obligados a abandonar su comunidad porque un grupo de 300 hombres armados de San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas -ambas comunidades del municipio de Santa Lucía Monteverde- invadieron su pueblo, destruyeron sus casas, quemaron sus huertos y viven en sus tierras. Exigieron que se encarcele a los malhechores, que les sean devueltas sus tierras y sus pertenencias, porque incluso hay fallos del Tribunal Unitario Agrario que reconocen sus derechos.

También Yosonotú tiene problemas con sus vecinos de Santa Lucía Monteverde, que los despojaron "de manera ilegal y con uso de violencia" de poco más de 788 hectáreas. "Marchamos para no perder nuestras tierras", señalan en sus pancartas.

San Isidro Vista Hermosa por su parte, lucha desde el siglo pasado por separarse del municipio de Santa Cruz Nundaco e integrarse al de Tlaxiaco. Acusaron a los habitantes de la cabecera municipal de constantes agresiones, imposiciones, violación de su derecho a decidir su destino y la relación de gobierno que quieren, como lo establece el artículo 39 constitucional.

Imágenes tutelares

Al frente de la columna un pendón del Cristo del Perdón, un cuadro de la Virgen de Guadalupe y la bandera nacional. Integran la descubierta las autoridades ejidales de Yosotato; las municipales de Yosonotú; los integrantes del consejo de ancianos de San Isidro. Atrás, una gran manta con la imagen de Emiliano Zapata armado y la leyenda "Exigimos solución a los conflictos de la Mixteca".

"Varias comunidades hemos decidido abandonar nuestros pueblos, desesperados por la violencia y los desalojos, somos desplazados y no volveremos hasta que haya respuesta a nuestros reclamos, porque en nuestras comunidades no hay seguridad", voceaba de trecho en trecho uno de los marchistas, encaramado en la patrulla de la policía municipal de Tlaxiaco.

En otra consigna el clamor se repite fila tras fila cuando se le pregunta a la gente por qué están en la marcha: "ya nos quitaron nuestras casas, ya nos quitaron nuestra tierra. ƑQué sigue? Que nos quiten nuestras vidas ƑJusticia? ƑCuál? ƑDónde?

"Estamos viviendo en la comunidad de Yosotato porque se quedaron con nuestro ejido quienes lo invadieron en noviembre de 2000. Estamos arrinconados con las familias, no hay tranquilidad para nosotros", explicó Manuela Castro Santiago, madre de cuatro hijos -de 30, 28, 25 y 15 años-. Se le preguntó hasta dónde van a llegar: "vamos a Nochistlán y de ahí, esperemos que con suerte, a ver si hay alguien que venga a nuestro encuentro y resuelva nuestras demandas, y si no, vamos hasta Oaxaca".

En Tlaxiaco, el presidente municipal -de extracción perredista-, Hugo Pacheco Pérez, participó en el mitin invitando a los ciudadanos del municipio a solidarizarse con los marchistas para que las autoridades federales y estatales den solución a problemas que han estado rezagados por casi 70 años. "No podemos vivir con la represión a nuestras comunidades" subrayó, y enumeró los problemas que no han encontrado solución, pese a que las comunidades tienen en su favor resoluciones de tribunales agrarios y judiciales, los de Yosotato y Llano Guadalupe, así como la del municipio vecino de Yosonotú. Afirmó que los problemas agrarios se están convirtiendo en problemas sociales.

Francisco López Bárcenas, del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, apuntó que si los conflictos que motivaron la marcha no se resuelven en los próximos días, junto con la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos se solicitarán medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pactos políticos e impunidad

La siguiente parada, ya a 40 kilómetros de Tlaxiaco, fue en un vallecito a un lado del camino, para la comida -tacos y tamales fríos-. La marcha, que va acompañada por una caravana de unos 40 vehículos, se detuvo menos de una hora. Ahí, Inocente Castro Victoria, abogado que lleva los casos penales; el comisariado ejidal de Yosotato, José Cenobio López Castro, y una decena de ex autoridades de la comunidad explicaron cómo es que campea la impunidad en la Mixteca Alta.

Informaron que la primera incursión de Nopalera y Zimatlán contra San Pedro Yosotato fue en febrero de 1998, cuando invadieron armados y en forma violenta 30 hectáreas del predio denominado Segundo Polígono, donde destruyeron 16 viviendas. Entonces se hizo la denuncia ante el Ministerio Público, se abrió el expediente 58/98, se dictaron 22 órdenes de aprehensión y se ejecutaron sólo 11. "Y eso se logró no porque hayan llegado a Nopalera a detenerlos, porque la policía no puede entrar ahí, ya que tienen armas más poderosas que las de los policías", sino porque unos 400 agentes preventivos pusieron un retén en el camino.

El resto de las órdenes de aprehensión ya no se ejecutó "por las presiones que hizo el ahora diputado local del PRD Salomón Jara y la organización que encabeza, la UCD. Se llevaron detenidas a esas 11 personas a Oaxaca y por los acuerdos que hicieron con el entonces gobernador Diódoro Carrasco y con el presidente del PRI en ese tiempo, el actual senador Ulises Ruiz Ortiz, los pasaron luego a Tlaxiaco, después a Putla y de ahí salieron en completa libertad.

"A criterio del juez no hubo elementos suficientes para acreditar el despojo, a pesar de que habían destruido 16 casas y se habían apoderado de 30 hectáreas ejidales. Será que somos pueblos que no pertenecemos a ningún partido político ni a ninguna organización. Quizá ese es nuestro punto vulnerable" comentaron.

La segunda invasión se dio en 2000, el 9, 10, 11 y 12 de noviembre. Los de Santa Lucía Monteverde (Nopalera y Zimatlán) "desaparecieron" el pueblo en el que vi-vían ahí 35 familias, "teníamos escuela, cancha de basquetbol, nos robaron toda la cosecha, destruyeron los árboles frutales de los huertos, se robaron el ganado y animales como gallinas. Pusimos una averiguación en la procuraduría estatal de justicia, la 78/FM/2000, se consignó, pero la juez sigue considerando que no hay daños que perseguir".