No hay impedimento legal para la difusión, según los consejeros Barragán y Cárdenas

Presenta el PRI solicitud al IFE para hacer público el expediente Pemexgate

Si se autoriza, sería una "importante contribución" para que sean claras las cuentas de partidos

Critican contradicciones entre la ley de transparencia y el Código de Procedimientos Penales

ENRIQUE MENDEZ Y ALONSO URRUTIA

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ayer una solicitud formal a la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), para que pueda hacer público el contenido de los 70 tomos que integran el expediente de la investigación que sobre el presunto desvío de recursos de Petróleos Mexicanos a la campaña priísta en 2000 realiza el órgano electoral.

Al respecto, los consejeros José Barragán y Jaime Cárdenas Gracia afirmaron que aun cuando para la Comisión de Fiscalización del IFE la Ley de Transparencia y Acceso a la Información impide la difusión del contenido del expediente relativo al Pemexgate, no existe prohibición para que ese partido haga pública la información.

Por el contrario, sostuvieron, si se les autoriza a ventilarla, habría una importante contribución para hacer públicas las cuentas de los partidos políticos.

Asimismo, el PRI pidió una vez más que la comisión abra sus sesiones para que en ellas puedan estar presentes los medios de comunicación y así se evite, argumentó, "la indebida práctica de filtraciones, que lejos de contribuir con el principio de reserva de la información sólo ocasiona perjuicios irreparables a los partidos políticos". Todas las acciones de la autoridad electoral en este procedimiento, insistió, deben ser transparentes.

La dirigencia priísta entregó este lunes dos documentos: la petición a los consejeros electorales y un apercibimiento que le hizo el secretario técnico de la Comisión de Fiscalización, Arturo Sánchez Gutiérrez, en el sentido de que si permitía que la prensa consultara el expediente, el partido se haría acreedor a una sanción.

En ese documento, con fecha del 29 de diciembre de 2002, Sánchez Gutiérrez confirma que se le turnó al partido el expediente Q-CFRPAP/PRD vs PRI, "en virtud de que existen indicios suficientes, respecto de la probable comisión de irregularidades" por parte del PRI en su financiamiento de campaña.

La carta, dirigida al senador Fidel Herrera Beltrán, representante del tricolor ante el Consejo General del IFE, se emitió el mismo día en que el coordinador jurídico del comité nacional priísta, Miguel Angel Yunes Linares, afirmó que pondría a disposición de los reporteros las casi 45 mil fojas que recibió de la Comisión de Fiscalización.

En respuesta, Sánchez Gutiérrez expuso a Herrera Beltrán: "me permito advertir que la documentación que se le proporciona contiene información que se considera reservada en términos de lo previsto por el artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo cual no deberá darle un uso distinto o proporcionarla para fines diversos".

Sin embargo, la interpretación de Cárdenas y Barragán -miembros, ambos, de la Comisión de Fiscalización- es que ese criterio no es procedente. Para Barragán incluso existen algunas contradicciones entre la Ley de Transparencia y el Código de Procedimientos Penales, pues mientras la primera prohíbe la difusión de información sobre procesos en marcha, el código sólo establece esa restricción para la fase correspondiente a la averiguación previa.

El código, añadió Barragán, considera que en el resto del proceso, es decir, cuando ya el juez desahoga la causa, todas las actuaciones serán públicas.

Consultado sobre la solicitud del PRI, el consejero Barragán explicó que la ley de transparencia "sólo opera en este caso para los consejeros, quienes tienen prohibido dar información sobre las quejas que aún se encuentran en proceso, pero ello no implica al PRI, cuyo único inconveniente es que al dar a conocer el contenido de lo que les fue entregado afectaría a terceras personas, que en su caso podrían demandarlo".

Para Cárdenas Gracia, la aplicabilidad de dicha legislación aún está en duda. Explicó que para hacerla vigente el IFE debería haber expedido el reglamento que contenga los criterios de la información que podrá ser puesta a disposición del público, "situación que no ha sucedido".

Hasta ahora, concluyó, esa ley sólo ha servido para cerrar la difusión de informes sobre diversas causas abiertas en el IFE y ha operado en contra de los fundamentos que la motivaron.