Implica a nueve secretarías de Estado; pudo haber sido creado por Cisen y Sedena

El gobierno desarrolla plan para contrarrestar a seguidores del EZLN

El documento plantea llamar a un nuevo diálogo bajo el amparo de la ley indígena

En Chiapas no existen paramilitares, sino grupos de "choque", según el documento

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 31 de enero. El gobierno federal ha venido desarrollando en los meses recientes un "plan de acción" para contener, acotar, desmentir, desprestigiar y perseguir judicialmente a miembros y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la denominada "zona de influencia" del grupo armado.

El plan, probablemente elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero como quiera, procedente de la Secretaría de Gobernación, planteaba desde septiembre de 2002 cuatro "vertientes de acción" para el Grupo Chiapas, entidad gubernamental convocada por las dos secretarías mencionadas y que ha venido operando a lo largo del gobierno foxista.

"Con el objetivo de acotar el activismo del EZLN e impedir la configuración de un escenario similar al de diciembre de 1997, cuando se presentaron los hechos de Acteal, se propone un Plan de Acción, que bajo una visión integral (dividido en cuatro vertientes: política, social, comunicación, jurídica y seguridad), permita en una primera etapa restablecer el estado de derecho", expresa el documento de contrainsurgencia institucional que, como diversos hechos lo confirman, ha guiado las acciones gubernamentales en relación al conflicto chiapaneco y la ausencia de acuerdo o negociación con el EZLN.

La vertiente política del plan pretende, de entrada, "desarticular la estrategia de hostigamiento, provocación y denuncias del grupo armado y sus organizaciones afines", y acusa al EZLN, sin mayor fundamento, de "escalar los conflictos comunitarios ante fechas emblemáticas como el 12 de octubre, el 22 de diciembre o el primero de enero".

Entre las muchas "ventajas" del plan, está la de "debilitar a las bases de apoyo del EZLN", si bien entre sus objetivos generales el gobierno se propone "convocar nuevamente al diálogo, planteando un nuevo esquema de negociación ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", que rechazó las impugnaciones presentadas por 300 municipios chiapanecos en contra de la ley indígena. En relación a este objetivo, el plan no contiene una sola línea. Por el contrario, dedica el grueso de sus páginas a la articulación de una estrategia que contrarreste las denuncias y las acciones de los zapatistas, las ONG y "organizaciones sociales afines".

En todos sus niveles, las acciones planteadas involucran tanto al gobierno federal como al de Chiapas. Durante las reuniones del Grupo Chiapas en septiembre y octubre, se presentaron diagnósticos "sobre el avance y obstáculos de los programas que se aplican en la entidad", dentro del marco de un diagnóstico conjunto que presentaron la Sedena y el Cisen "sobre los principales conflictos derivados de la estrategia del EZLN".

La instancia interinstitucional que ha definido las políticas hacia el conflicto con los indígenas rebeldes involucra a las secretarías de Desarrollo Social, Educación Pública, Reforma Agraria, Comunicaciones y Transportes, Hacienda, Relaciones Exteriores, Agricultura, Medio Ambiente, Marina, además de la PGR, las oficinas del comisionado para la paz y de la Presidencia, así como al gobierno chiapaneco.

Para la aplicación de esta "vertiente política" del plan, el gobierno ha contado con el respaldo de una "coalición de apoyo", en la que participan el Consejo Coordinador Empresarial, el Congreso del Trabajo, el Congreso Agrario Permanente, los coordinadores de las fracciones parlamentarias del PAN y el PRI en el Congreso de la Unión, y "las principales televisoras, radiodifusoras y periódicos no afines al EZLN".

Al comisionado para la paz, Luis H. Alvarez, se le indica que "debe mantener sus visitas a la zona de conflicto", como hasta la fecha lo ha hecho, a pesar de haber sido acusado por los rebeldes de "repartir dinero" con fines de contrainsurgencia.

A escala estatal, y "aprovechando la existencia" del Grupo de Coordinación Chiapas (en materia de seguridad) y la Mesa Agrario-Ambiental (para Montes Azules), en 2002 se conformó, no sin contradicciones internas, el Grupo Local Chiapas.

De hecho, el plan de desalojo de comunidades en Montes Azules que se evidenció en diciembre pasado en la región de Ixcán, y que se aplicó al menos en el poblado Lucio Cabañas, fue elaborado en la Mesa Agrario-Ambiental siguiendo los lineamientos generales de la estrategia de contención al movimiento zapatista que lleva a cabo el gobierno foxista.

La vertiente social del plan de acción plantea la entrega de recursos y programas sociales "evitando interferencias con el grupo armado". En la búsqueda de "espacios institucionales para la concertación", el Grupo Chiapas se plantea "organizar a la población beneficiaria para que se constituya en un contrapeso al activismo radical de las bases de apoyo del EZLN".

Para conseguir estos objetivos, se abre la tercera vertiente del plan: "de comunicación social", cuyo objetivo principal es "generar una corriente de opinión pública mayoritariamente favorable a la estrategia gubernamental de atención al conflicto que desmienta las tergiversaciones que realizan las organizaciones afines al EZLN".

Además, se pretende "explicar que no existen grupos paramilitares en Chiapas" (si bien el documento reconoce enseguida la existencia de "grupos contrainsurgentes o de choque"). Otra meta es "contrarrestar la escalada de acusaciones contra las autoridades gubernamentales provenientes de organizaciones afines al EZLN".