Silvia Gómez Tagle
Venezuela: crisis sin salida
Hay evidencias de que la crisis no está en vías de resolverse por la vía de la negociación, según se desprende de las decisiones que ha tomado el Supremo Tribunal de Justicia de Venezuela: suspender la realización del referéndum que la oposición pretendía realizar el 2 de febrero, así como ordenar al parlamento sustituir las autoridades electorales identificadas con los opositores a Hugo Chávez. Tampoco es buen síntoma el cierre del mercado cambiario ni la ocupación de empresas como Coca Cola por parte de las fuerzas armadas.
Chávez llegó al poder decidido a ejercerlo efectuando cambios importantes en el país: promovió una nueva Constitución, aprobada en 1999, que tuvo notables virtudes como actualizar los derechos humanos, incorporar los derechos indígenas y ambientales, establecer nuevas pautas para la restructuración del Poder Judicial, así como profundizar la democracia política; introdujo además formas de participación directa, dando el voto a los militares. Creó además el Poder Electoral y el Poder Ciudadano.
No obstante, también incluyó cambios muy negativos para la consolidación democrática y el equilibrio de poderes; cabe mencionar dos de ellos: uno consiste en la supresión del financiamiento oficial a los partidos políticos; el otro, muy grave, radica en la aprobación de un mecanismo constitucional denominado Ley habilitante, el cual, con la aprobación de la Asamblea Nacional, permite al presidente legislar en cualquier materia sin que estas leyes deban ser ni discutidas ni aprobadas por el Legislativo nacional. Haciendo uso de este mecanismo, Chávez aprobó 49 leyes en 2001, que no son ajenas a los conflictos de 2002. (Margarita López Maya, Partidos de izquierda en Venezuela al comenzar el siglo xxi, mimeo, 2002.)
El autoritarismo de Chávez en el ejercicio del poder y su incapacidad para detener el deterioro de la economía, ya vislumbrada desde los años 90, posibilitó una alianza muy amplia entre las cúpulas empresariales y los sectores medios, pero la principal causa de esta crisis parece ser el enfrentamiento entre el gobierno y los intereses petroleros nacionales y extranjeros. La reforma petrolera que efectuó Chávez, tendiente a fijar una política nacional y contener la apertura al capital privado, restó autonomía a esa tecnocracia de la empresa petrolera que ahora encabeza la huelga.
Se puede entender la dimensión del enfrentamiento si se toma en cuenta que el presupuesto total del Estado venezolano es de alrededor de 20 mil millones de dólares y el presupuesto anual de Petróleos de Venezuela de 53 mil millones de dólares. Inversiones que han sido hechas sin tomar en cuenta el "interés nacional". Sus costos de producción han aumentado desproporcionadamente y el proceso de internacionalización de la empresa ha resultado en muchos casos una estafa al país, en probable asociación de altos funcionarios con capitales extranjeros.
Los medios de comunicación electrónica también han jugado un papel fundamental en contra del gobierno: a Chávez lo tildan de "asesino, dictador y castro-comunista", mientras el único canal del Estado trata de contrarrestar inútilmente la propaganda en su contra. Así se ha creado una imagen virtual totalmente falsa del conflicto, a pesar de que en esto Chávez ha actuado con gran prudencia, evitando el uso de la fuerza en contra de sus opositores; ni siquiera ha procedido contra los militares insurrectos instalados en la plaza Altamira de Caracas, convocando a la oposición.
El descontento social se ha extendido a las capas medias de la población, pero no hay que perder de vista los intereses económicos particulares que representa la llamada Gente del Petróleo, que implican una amenaza aún peor para el pueblo venezolano, como ya lo demostraron en las pocas horas que duró su gobierno golpista el 12 de abril de 2002 convocado por Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la llamada Coordinadora Democrática, que agrupa partidos políticos y organizaciones sociales de la oposición. En el breve lapso que ocuparon el gobierno disolvieron los poderes públicos y se reprimió la resistencia popular.
En un informe sobre derechos humanos se contabilizan, entre otras violaciones: 73 muertes, por lo menos 40 debidas a motivos políticos; cinco torturados también por razones políticas; 100 personas heridas con armas de fuego; persecución política a funcionarios caídos y cerco informativo por parte de los medios de comunicación, lo que ha vulnerado los derechos a la expresión y a la información.
El triunfo de Lula en Brasil significa un cambio en la correlación de fuerzas de la región y posiblemente su presencia dé viabilidad a un consejo de países amigos de Venezuela que pudiera facilitar la negociación, aun cuando la insistencia de Estados Unidos de estar presente en dicho grupo resulta inadecuada en virtud de sus intereses particulares en el conflicto petrolero. No obstante, hoy, después de 53 días de paro, no se vislumbra la solución del conflicto que ha tenido semiparalizada a Venezuela.
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