Advierten que no permitirán que se declare ilegal la huelga en la planta de Cananea

Amenazan mineros con realizar paros en todas las empresas del Grupo México

El cierre es inminente porque opera con números rojos, insiste en plantear la compañía

FABIOLA MARTINEZ Y CRISTOBAL GARCIA REPORTERA Y CORRESPONSAL

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM) podría encabezar paros en todas las empresas del Grupo México, propietario de Mexicana de Cananea, en caso que la autoridad laboral declare inexistente la huelga que desde el pasado lunes encabezan los trabajadores de esa planta o el corporativo insista en cerrarla.

"La presión será recíproca. No nos dejemos intimidar por una medida de presión utilizada para evadir el cumplimiento del contrato colectivo y de la Ley Federal del Trabajo", respondió el dirigente del gremio, Napoleón Gómez Urrutia, ante la amenaza del consorcio de Germán Larrea Mota Velasco de concluir en definitiva la extracción de cobre en ese municipio sonorense.

A dos días de que los mil 150 trabajadores de base de Mexicana de Cananea colocaran las banderas rojinegras en demanda de un bono de productividad, aumento salarial de 10 por ciento y la reinstalación de diez empleados, la empresa solicitó formalmente a la sección 65 del sindicato minero integrar una comisión que inicie el proceso de liquidación de la plantilla con el argumento de que se enfrentan problemas financieros en el corporativo.

José Fernando Rodríguez Correa, vocero de Mexicana de Cananea, confirmó lo anterior y solicitó el inicio de las negociaciones en torno al pago de finiquito. "El cierre es inminente porque desde los últimos dos años la empresa ha trabajado con números rojos y fuertes adeudos", dijo.

El vocero culpó de esta situación a los trabajadores y a la caída de los precios internacionales de los metales. Por ello, dijo, aun con la pérdida de 150 mil toneladas de cobre al año concluirán las operaciones, porque ello le permitiría contar con un mayor flujo de efectivo para el resto de sus compromisos.

La pugna del SNTMMSR con Germán Larrea tiene su origen en 1990, cuando este consorcio adquirió a precio de remate los bienes de la minera en 475 millones de dólares y se comprometió, de acuerdo con el sindicato, a entregar 5 por ciento de los activos sociales a los trabajadores, monto cercano a 19.5 millones de dólares.

Por ello, la dirigencia nacional minera afirmó que podría tomar "medidas drásticas" para hacer valer sus derechos, advertencia que incluye paros en 11 secciones en las que existe relación con el Grupo México, entre las que se encuentran, además de la planta en conflicto, Industria Minera México, Minerales Metálicos del Norte y Mexicana del Cobre.

Gómez Urrutia envió una carta al dirigente de la sección 65, Guadalupe Coronado Amaya, la cual fue leída ayer en la asamblea de los huelguistas. En la misiva, el líder nacional de los mineros explica que en los últimos años la membresía de sindicalizados en Cananea ha disminuido considerablemente ante las decisiones unilaterales de la empresa.

Sin embargo, advierte que el cierre de la planta en los términos que argumenta el Grupo México "no es posible ni es tan fácil", porque para ello se requiere de un procedimiento jurídico ante el sindicato y la Secretaría del Trabajo, incluida una justificación de las presuntas causas económicas, al tiempo de cumplir con lo dispuesto en los artículos 434, 892 y 900 de la Ley Federal del Trabajo.

Incluso, afirmó el dirigente, la huelga no genera por sí sola la terminación de las relaciones laborales porque en principio la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) debe calificar el paro.

Gómez Urrutia aseguró que el gobierno federal ni el estatal permitirán el cierre de Mexicana de Cananea porque es la principal productora de cobre del país.

Por su parte, el líder de los trabajadores en huelga manifestó la preocupación de sus representados por las amenazas del Grupo México. Sin embargo, reiteró que les asiste la razón respecto a la legalidad del paro, en particular por las violaciones al contrato colectivo.

Lo anterior porque el emplazamiento a huelga por la revisión contractual correspondiente al año 2000 fue declarado inexistente por la JFCA; luego, un juez falló en favor de los trabajadores para que pudieran ejercer ese derecho.