Emilio Pradilla Cobos
ƑCentro Histórico o corredor financiero?
Lo que está "reconstruyendo" el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es el Centro Histórico, sino una pequeña parte: el corredor financiero que enlaza el Zócalo con el eje turístico-financiero de Reforma por medio de la Alameda; es decir, la zona que más interesa al capital inmobiliario, turístico y financiero de la capital. Todas sus acciones se orientan a mejorar esta zona y a elevar la rentabilidad de la inversión privada. El resto, el área verdaderamente popular, sigue tan abandonada como en el pasado. Los capitalinos desinformados reciben un mensaje distante de la realidad.
La reconstrucción de la infraestructura eléctrica, hidráulica, vial y el mobiliario urbano en 2002 y 2003 se limita a esta zona; igual ocurre con la pintura de fachadas de inmuebles privados financiada con recursos públicos, a pesar de que toda la estructura física de la mayoría de los inmuebles, muchos en franco deterioro o de plano en ruinas, exige mantenimiento, no un simple remozamiento de la fachada, pues su estado actual atenta contra la preservación patrimonial.
Al mismo tiempo se pretende "liberar" de ambulantes la zona remodelada, aunque se les reubique en áreas de menor interés mercantil o en otro lugar de la ciudad. Lo que se busca es desplazarlos, no resolver este problema socioeconómico.
Las autoridades capitalinas señalaron que el Centro Histórico -o más exactamente su corredor financiero- será el "laboratorio" de la cero tolerancia del ex alcalde de Nueva York, quien en su espectacular y publicitada visita recorrió básicamente esta zona y no la totalidad de las áreas de alta incidencia delictiva de la ciudad. El objetivo parece el mismo que en la capital económica del imperio: limpiar el Manhattan local, a pesar de que los delincuentes se desplacen hacia otras zonas. El refuerzo policial, con sus atuendos efectistas, también se concentró -o se amontonó- en el corredor financiero Alameda y Reforma.
La plaza Juárez, ausente en los programas de reconstrucción de la Alameda, tiene el propósito de aumentar la inversión en la zona y mejorar su rentabilidad en apoyo de los inversionistas que sustituirán al anterior propietario, a quien se llevó a entregar la propiedad de los terrenos poseídos, los cuales seguramente serán transferidos por el gobierno capitalino a uno o varios nuevos empresarios. El monto de la inversión pública directa y los incentivos fiscales que se han acumulado en la zona en tres años de gobierno ha sido cuantioso, aunque desconocido para la opinión pública. Mientras tanto, las zonas de vivienda y actividad popular ubicadas en los dos perímetros del Centro Histórico -la mayoría de su superficie- continúan su acelerado deterioro económico, social e inmobiliario, a merced de las mafias de distribuidores y comerciantes ilegales que avanzan sin freno en la expulsión de residentes y pequeños comerciantes, y la bodeguización de inmuebles, destruyendo el patrimonio histórico de la humanidad. La construcción de unidades habitacionales populares ha sido sin plan, dispersa, de mala calidad y sin soporte infraestructural.
El interés gubernamental de atraer al gran capital hacia la zona se enfrenta al pragmatismo de la política aplicada. No se conoce ningún proyecto integral y de largo plazo para la recuperación de todo el Centro Histórico ni de su corredor financiero. Las acciones espectaculares se amontonan sin ninguna articulación estructural.
De otro lado, limpiar y remozar superficialmente un fragmento de la zona, dejando al resto en el deterioro, no garantiza el éxito y permanencia de las acciones públicas o privadas, pues como ocurrió con otras políticas similares -sobre todo la del regente Manuel Camacho Solís-, con el tiempo los problemas sociales vuelven a aflorar, persiste el deterioro estructural y cae la rentabilidad privada de la inversión pública y privada.
Los procesos urbanos actúan como una compleja trama de prácticas económicas, sociales, culturales, ambientales y territoriales que no pueden ni deben enfrentarse con una sumatoria pragmática de acciones dispersas y puntuales. Por ello diversos sectores de la opinión pública, sobre todo investigadores y técnicos del urbanismo y organizaciones sociales, solicitan que se restructure a fondo el consejo consultivo creado hace tiempo, haciéndolo democrático, plural y representativo, sobre todo de los residentes y usuarios populares; que su dirección pase del gran empresario que la detenta a un representante de la sociedad civil democráticamente designado; que se elabore un proyecto integral de recuperación y revitalización de todo el Centro Histórico, que articule todas las políticas dispersas, dando prioridad a las áreas populares, y que la acción empresarial se regule y se establezcan acuerdos y convenios específicos con inversionistas que incluyan la derrama de beneficios hacia los sectores populares residentes y a la ciudadanía usuaria del patrimonio histórico de la ciudad.
