Javier Aranda Luna
De IVA, censores y revistas
Uno de los derechos mínimos de la vida democrática es la lectura. Lectura para el ocio y para estar informado. Se lee para estar a gusto, carcajearse un rato, emocionarse con las historias de otros -reales o imaginarias-, conmoverse con la música de unas cuantas palabras, para curiosear, para estar al día o elaborar una tarea. También sirve para continuar un provechoso diálogo con los muertos.
Si la lectura ensancha el espacio de la plaza pública, limitarla equivale a limitar el diálogo, el intercambio que tanto requiere la vida democrática. El gobierno del presidente Fox es hijo de ese diálogo. Sin él el cambio democrático seguiría siendo una utopía. Un ojalá, un tal vez, ahora sí, dentro de seis años. Sin ese diálogo no podríamos entender por qué gente de izquierda, del catolicismo más ortodoxo y priístas inconformes coincidieran, en el momento de las urnas, en un voto por el cambio.
Cientos de notas, artículos y ensayos inundaron las planas de periódicos y revistas con voces a favor y en contra de un cambio de gobierno. Una visita a la hemeroteca puede dar cuenta de esa efervescencia democrática que inundó, sin hipérbole, todos los medios impresos. Por eso llama la atención la política que en materia de medios instrumenta el gobierno foxista.
No me referiré en estas líneas a la dilación gubernamental en hacer respetar el estado de derecho en el caso CNI Canal 40 ni al aseguramiento de sus instalaciones. Ya otros, como Jenaro Villamil, lo han hecho en estas páginas. Me referiré a la pretensión de gravar con el IVA a algunas revistas y a ese curioso tribunal calificador en que quieren convertir al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
La ley inquebrantable del libre mercado sentencia que la oferta y la demanda determinan la existencia de un producto. Esto, lo sabemos, no es totalmente cierto. Si así fuera, cientos de productos -y aun de funcionarios- no estarían circulando. El mercado es sólo un mecanismo ciego y sordo, como escribió Octavio Paz, que necesita dirección. Y la dirección la deben dar los gobernantes en favor del bien común.
Gravar con el IVA a las revistas más que atentar contra algunas empresas, atenta contra ese derecho mínimo a la lectura que cualquier sociedad democrática debe garantizar. Y así ocurre por el escaso hábito por la lectura en el país. Si una de las líneas culturales de la presente administración es convertir a México en un ''país de lectores", flaco favor le hace la reforma fiscal del 30 de diciembre de 2002, en el que esas publicaciones quedan excluidas del régimen de ley de tasa cero.
Para taparle el ojo al macho, las autoridades decidieron que algunas revistas podrían mantener el régimen de tasa cero: las que determinaran el CNCA y el Conacyt. En menudo lío metieron a esas instituciones, que a sus no pequeños problemas deberán sumar el haberse convertido en tribunal inquisidor.
ƑCuáles serán los criterios para separar a los justos de los réprobos? Si ya nos condenó con dedo flamígero el secretario de Hacienda al calificarnos como un pueblo lector de semipornografía, Ƒqué revistas podremos leer? ƑLas revistas de sexología serán semipornográficas y, por tanto, no merecedoras de mantener la tasa cero? Un número de Luna córnea, de la revista Cuartoscuro o de Artes de México dedicadas al desnudo o al erotismo deberán ser excluidas de la tasa cero? ƑCuáles serán las revistas que el Conacyt, por su parte, excluirá?
Al margen del medio centenar de editores de revistas que decidieron ampararse contra la aplicación del IVA en sus publicaciones, la idea de instaurar un tribunal calificador, como lo pretende la administración foxista, es algo grave. Podría crear un funesto precedente que iría achicando los espacios de la plaza pública, del punto de encuentro para el diálogo indispensable para la vida democrática. El máximo tribunal de cualquier publicación debe ser el de los lectores comunes y corrientes. No un tribunal que reparta bonos por buena conducta que sólo cebaran esa peste autoritaria llamada censura. Más que censores hacen falta lectores. Desanimar el incipiente gusto por las páginas impresas, más que servir al bien común, lo empobrece.