Arturo Alcalde Justiniani
INEGI: los pecados de Arely
La tentación de controlar los sindicatos es parte de nuestra auténtica cultura laboral. Desde las primeras formaciones gremiales en nuestro país la libre organización ocasiona un grave temor a nuestros gobiernos. Se pensaba que esta cultura, que encuentra su grado más avanzado en el corporativismo, aparecía como producto natural y exclusivo del viejo sistema priísta. La realidad cotidiana acredita que en esta materia las cosas no cambian, y en algunos casos, incluso, se agravan. Dos indicadores, entre otros, se muestran como evidencia: la iniciativa de reforma laboral que se pretende aprobar en el próximo periodo de sesiones del Congreso, elaborada al gusto de un grupo de abogados patronales, y la actitud del gobierno federal en el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (SNTINEGI).
En el caso de la iniciativa, reconocida como oficial, de reforma a la Ley Federal del Trabajo, sin recato alguno se plantea un nuevo sistema de control que condiciona el ejercicio del derecho a la contratación colectiva tanto en su firma o nacimiento como en la posibilidad de un cambio de representación o titularidad a la obtención de una certificación previa, que estará en manos de los patrones y el gobierno. No se dará trámite a un reclamo de estos derechos colectivos básicos si previamente no se obtiene esta especie de certificado de buena conducta por parte de los integrantes de las juntas de Conciliación y Arbitraje, tratándose de materia local, o del área del Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo en asuntos de competencia federal. Basta imaginar las dificultades que tendrá cualquier sindicato auténtico para obtener una autorización previa para demandar a patrones o líderes no deseados, ya que ni más ni menos los futuros demandados serán estos últimos. Una propuesta más corporativa y violatoria del derecho de libertad sindical no era imaginable.
En el caso del INEGI vemos esta cultura corporativa en plena acción. Un organismo hasta hoy desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, cuyos directivos decidieron soltarse el pelo y con la misma actitud mostrada por los dueños de Televisión Azteca decidieron hacerse justicia por su propia mano, imponiendo de hecho a la dirección sindical más conveniente a juicio de la institución. No se piense que el director del INEGI se esperó a resolución alguna por parte del tribunal laboral, porque tal carga no resultaba fácil, ya que la líder elegida democráticamente por el voto secreto de los trabajadores del INEGI, Arely Hernández Rodarte, no podía ser removida legalmente porque la exigencia estatutaria de dos terceras partes de los votos de los afiliados lo impedía, por lo que decidió, con el apoyo del liderazgo de la FSTSE, reconocer de facto a una líder distinta con base en una reunión realizada en un salón de esta federación, dentro de sus instalaciones de la ciudad de México, cuando la inmensa mayoría de los trabajadores se encuentra en Aguascalientes. Acto seguido, ordenó la toma del local sindical con funcionarios del propio INEGI a la cabeza, la medianoche del pasado 6 de diciembre, según documentan los trabajadores en su demanda penal; se suspendió el pago de cuotas sindicales al comité democrático y se anunció que la dirección del sindicato del INEGI, independientemente de la suerte legal de su gestión, sólo reconocería a la líder impuesta, Gilda Martínez.
Los pecados de Arely fueron tres: primero, haberse tomado en serio sus compromisos de campaña, contraídos antes del día de su elección, realizada el 8 de julio de 2001, exigiendo el regreso a laborar a 70 comisionados a la FSTSE que no realizaban trabajo alguno. Segundo, haber solicitado la regularización salarial y funcional de los trabajadores del INEGI, que sufren un gran desorden administrativo, ya que no existe correspondencia entre la remuneración y la actividad que se realiza, afectando el modelo salarial en su conjunto. Tercero, haber solicitado una revisión en las formas de contratación, tomando en cuenta que de sus 18 mil trabajadores, 12 mil se encuentran en la irregularidad de una contratación temporal que se prolonga permanentemente bajo la argucia de una "lista de raya" que priva a dichos trabajadores de sus derechos fundamentales. Otros 5 mil 500 son trabajadores de confianza sin ajustarse a las clasificaciones de la ley, y sólo mil 500, 8 por ciento del total, son reconocidos como trabajadores de base. Un mundo al revés.
Pero el pecado más importante de Arely fue haber querido formar parte de los vientos del cambio y actuar en consecuencia ejerciendo la autonomía y la libertad propias de un sindicato democrático, haberse relacionado con líderes distintos a los de la FSTSE y haber informado a sus afiliados con la verdad sobre los obstáculos de los que ha sido víctima desde los inicios de su gestión. Un pecado adicional ha sido no entender que la futura autonomía de la institución, cuya suerte se decide en una iniciativa de ley pendiente, reclama, al parecer de algunos directivos del INEGI, de la falta de autonomía del sindicato.
ƑHabrá alguna autoridad que someta el INEGI al estado de derecho?
