Informe de la relatora Gabriela Rodríguez Pizarro

ONU: "hostigamiento" a migrantes en México

Se dice preocupada por la "impunidad en ese entorno"

VICTOR BALLINAS

"En México se observa un clima general de hostigamiento y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de los migrantes", destaca la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos de los Migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro, en el informe sobre su visita de trabajo al país. Asegura que recibió información de la existencia de bandas organizadas de delincuentes que asaltan, violan y agreden a los migrantes, y también quejas directas de abusos de funcionarios públicos contra ellos.

En el documento que presentará en marzo próximo durante el 59 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la relatora especial subraya que "observó con mucha preocupación la impunidad que predomina en este entorno, donde la violación de los derechos humanos de los y las migrantes ocurre de manera fugaz y sin denuncia".

Apunta que recibió quejas de migrantes, quienes le informaron que "existe una aparente complicidad entre los pasantes (coyotes o polleros), los delincuentes que los asaltaron y los agentes de las fuerzas públicas que los extorsionaron". Rodríguez Pizarro da cuenta además de que fue informada de casos de estafa e incluso secuestro por parte de "pasantes" (polleros). Al secuestrar a un migrante, los delincuentes entrarían en contacto con los familiares del mismo condicionando al pago del rescate la liberación y la continuación del viaje hacia el norte".

En un documento de 19 páginas, al que La Jornada tuvo acceso, la relatora señala que tuvo oportunidad de visitar las estaciones migratorias de Tapachula, Chiapas y Veracruz, así como otras ubicadas en la frontera con Estados Unidos, donde observó espacios habilitados de manera improvisada para ese propósito. "Muchas carecen de camas y los migrantes se acomodan en el suelo, en pasillos y en oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), y ahí permanecen días e incluso muchos meses".

Precisa que en el caso de la estación migratoria de Tapachula, tomó nota de la sobrepoblación existente, y constató que no está habilitada para albergar la cantidad de extranjeros que se intercepta en la zona. Asimismo, da cuenta de que cuando éstos no caben en las instalaciones del INM, "son internados en cárceles municipales, mismas que no están adaptadas para ello, y además ahí se les daría trato de criminales".

Rodríguez Pizarro destaca que durante su visita a la estación migratoria del Distrito Federal "se le anunció que sería remodelada y ampliada", pues constató los problemas sanitarios y las condiciones de hacinamiento en que se encontraban los indocumentados detenidos ahí. "Recogí testimonios de que la comida proporcionada no era suficiente ni adecuada para un centro que acoge personas con culturas diferentes. Se servían platillos con cerdo a personas cuya religión no les permite comer esa carne".

La relatora afirma que observó el trató humillante que reciben los asegurados de culturas, religiones y etnias diferentes. En su presencia -anota- un paquistaní habría sido llamado despectivamente "osama", identificando erróneamente con terroristas a los musulmanes detenidos.

Denuncia que observó que la atención médica en esa estación migratoria es precaria y que algunos internos eran atendidos por otros de sus compañeros. "Fui informada sobre el caso de Emilio Capussi Naomi, ciudadano de Costa de Marfil que se encontraba detenido a pesar de su estado crítico. Sufría de diabetes mellitus, de la amputación bilateral de miembros inferiores y de una herida abierta en el miembro inferior derecho. Un médico le había indicado que requería una dieta especial, pero fui informada que empleados del INM sustraían sus alimentos. Para limpiarse era ayudado por otro migrante, y ya llevaba dos meses en dicha estación".

Asegura que recibió informes de abusos cometidos por parte de agentes de la fuerza pública contra migrantes detenidos en instalaciones del INM o centros de aseguramiento. De los casos recibidos, dijo, "me preocupa especialmente la situación de Luis Castillo Sepúlveda, quien habría sido golpeado por un oficial del INM y dos agentes de Seguridad Pública mientras se encontraba detenido en la estación migratoria del Distrito Federal, por lo que perdió tres dientes y le quedó una cicatriz por las lesiones sufridas".

En ese caso, denuncia la relatora, el migrante permaneció en aislamiento, sin recibir auxilio, por 18 días, para luego ser trasladado a un hospital de emergencia, por ello pide al gobierno mexicano que le envíe información actualizada sobre la investigación y denuncia presentada.

Asevera que constató que la mayoría de los detenidos en esos centros no tienen asistencia consular debido a la ausencia de muchas representaciones diplomáticas en la ciudad de México y otros puntos. "La falta de asistencia consular es contraria al derecho internacional y puede ser la causa de otros abusos, entre ellos, las detenciones prolongadas".

Hace mención especial al Plan Sur, del que dijo, "observé que se ha concretado al establecimiento de cinturones retenes en diversas partes del itsmo, con lo que se crearía una barrera de contención que abarca las principales rutas de migrantes para dirigirse al norte". Dice que ve con preocupación que el aumento de controles y la presencia de fuerzas armadas puede tener impactos negativos tanto para los indocumentados internacionales como para los propios mexicanos que se dirigían al norte del país.

Otra de las consecuencias de dicho plan, dice, es que se ha podido observar la desviación de los flujos migratorios hacia las zonas más inhóspitas y con más riesgos, poniendo en peligro el derecho a la vida y la integridad física de los migrantes.

En el informe, la relatora señala que "los grupos Beta están dedicados primordialmente a tareas de protección y orientación del migrante, y deben contar con los recursos necesarios para ejercer su labor de manera profesional y eficaz". Manifiesta "beneplácito por la formación de ese grupo, que debe ofrecer respuestas concretas a los indocumentados con problemas, y representa una forma innovadora de protección en la gestión migratoria fronteriza".