Admiten autoridades de la Cuauhtémoc que el reordenamiento es complejo

Comerciantes fijos demandarían por daños de ambulantes

JOSEFINA QUINTERO Y ANGEL BOLAÑOS

Las bajas ventas del comercio establecido provocaron que los integrantes de la Unión del Centro Histórico analice la posibilidad de contratar los servicios del abogado Ignacio Burgoa Orihuela para interponer una demanda en contra del gobierno de la ciudad por los daños ocasionados por el ambulantaje.

Los bloqueos en las entradas de sus comercios, la oferta de los mismos productos que venden a menores precios y los impuestos que pagan ante la Secretaría de Hacienda los pone en desventaja frente al comercio informal, del cual advirtieron se sirve de la mercancía de contrabando.

Explicaron que han realizado diversos llamados a las autoridades, a la jefa delegacional Dolores Padierna, a Rocío González, directora de programas delegacionales e incluso han llegado con el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, pero no han tenido respuesta.

Sobre el reordenamiento del comercio establecido que anunció el subsecretario de Gobierno, Alejandro Encinas, indicaron que no han tenido ningún contacto con las autoridades, ni nadie les ha hablado del tema; no obstante, autoridades de la delegación Cuauhtémoc informaron que mañana se reunirán con empresarios de la zona, entre ellos refirió a los que amenazaron con demandar al GDF.

Por su parte, Nacim Russ, comerciante e integrante de la organización, expuso que ya ha tenido enfrentamientos con los vendedores de vía pública y antes de que las cosas "truenen " por la falta de atención del Gobierno Distrito Federal, es necesario tomar medidas, por lo cual ayer iniciaron una campaña para anunciar la muerte del Centro Histórico, la cual se dio a conocer por medio de mantas y desplegados en algunos medio de información.

Autoridades de la Cuauhtémoc aseguraron que las resistencias al reordenamiento del comercio en vía pública en el Centro Histórico por parte de ambulantes que pertenecen a las organizaciones priístas Alianza Mexicana de Organizaciones Productivas, Sociales y de Servicios, de Jorge García Rodríguez, y Asociación Legítima, Cívica y Comercial, que dirige Alejandra Barrios Richards, de ninguna manera representan un obstáculo para el programa, pues el resto de las agrupaciones "han aceptado de muy buena manera las reglas que se están poniendo".

Consideraron, sin embargo, que el problema es complejo, pues se tiene que abordar desde diferentes aristas y negociar no sólo con los ambulantes, sino también con los establecidos que se benefician de la actividad informal y contribuyen con su proliferación, ya sea por que se extienden con sus mercancías hacia las aceras o porque ofrecen sus locales como bodegas y almacenes de las mercancías que se venden en la vía pública.

Explicaron que los acuerdos que se han aceptado se refieren a los horarios de recolección de basura, pago de energía eléctrica y el tipo de mercancías que podrán expender, pues tienen que garantizar que no se trate de productos ilegales.

Sin embargo, sobre este último punto no refirieron ningún tipo de medida que se adopte para asegurar que cumplan su compromiso de no vender artículos robados o "pirata" limitándose a señalar que es un trabajo de la Procuraduría, "sí lo estamos viendo, pero le toca a la Procuraduría de Justicia".