José Luis Soberanes Fernández*
Legalidad: la intransigencia que hace falta
Comienza enero y aún parecen muy limpias las primeras horas del calendario de 2003 para recargar en ellas el peso de nuestros saldos nacionales de 2002, entre éstos, la alarmante multiplicación de los casos de justicia por propia mano, de linchamiento de personas y de la violencia entre grupos y entre particulares. Ante estos casos vemos ahora, si acaso, una reacción de pasmo social -por lo demás, indispensable para despertar la conciencia general-, pero muy insuficiente todavía para asegurarnos, como sociedad, de que estamos en condiciones de enfrentar y atender las muy frecuentes expresiones de ese fenómeno pernicioso y peligroso para todos.
Los medios de comunicación comienzan a registrar con mucho mayor atención y detalle las más graves expresiones de la justicia por propia mano, pero hay casos menos incruentos y sutiles que el de una lapidación o el de la incineración de un ser humano vivo, y que también contienen la violencia latente y una ofensa a la noción general de que es necesario y posible lograr en México: una vida comunitaria regida por la civilidad y el respeto a las leyes. La sociedad debe advertir que puede haber actitudes y acciones tan amenazantes de la legalidad y tan punzocortantes como cualquier machete.
Quienes participaron en 2001 y 2002 en los esfuerzos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para analizar el fenómeno de la justicia por propia mano, advirtieron de manera coincidente que tras él no sólo hay una expresión directa de desconfianza en el funcionamiento de las estructuras de la procuración y administración de justicia, sino también una señal de alerta hacia una reducida credibilidad en el funcionamiento del estado de derecho y en el apego a las leyes como único medio civilizado para dirimir los conflictos sociales y los intereses encontrados de las personas o grupos.
La irritación asoma en muchas desgarraduras del tejido social. No son sólo los linchamientos, que no parecen tener respuesta ni desde el punto de vista penal ni desde el social, sino que tenemos el gigantesco problema de la impunidad, que en su doble vertiente alienta el delito y cobija a los malos gobernantes; y no parece aminorar. La migración de compatriotas al norte no ceja y se eleva enormemente el costo en vidas y en sufrimiento humano de quienes no encuentran en su patria las condiciones mínimas para pagarse la vida. Las violaciones a los derechos humanos que estos fenómenos acarrean apenas si pueden cuantificarse.
Hemos visto también algunos de los excesos a que puede llevar la mezcla perversa de irritación social con la búsqueda de ganancia política (la toma de San Lázaro por grupos de campesinos y maestros), pero ello podría ser poco respecto a lo que nos depara el año si los gobernantes y las organizaciones sociales del campo no se ponen de acuerdo, pronto y a fondo, en cómo enfrentar las nuevas contingencias por las desgravaciones arancelarias previstas en el TCLAN, por mencionar sólo un caso.
Tolerancia, templanza, diálogo, negociación habrán de erigirse en este 2003 como faros orientadores hacia toda la sociedad y de ésta hacia ella misma, siempre bajo el principio rector del respeto a la legalidad y la sumisión ante la norma. Intransigencia es una mala palabra, pero no si hablamos de aplicar la ley. El ocaso de la norma, por el hecho brutal de violentarla y desafiarla abiertamente y aun por ignorarla, abre las puertas de la sociedad incivil; es el paso al vacío que debemos evitar a toda costa y cuyas señales debemos oportunamente advertir.
Ante muchas de las situaciones que nos heredó 2002 no es suficiente una salida política circunstancial o de ocasión. Como parte del análisis se requiere un conocimiento profundo de las cosas, esto es, histórico, jurídico, ético, cultural, antropológico. Y de esto parece que no hay mucho. Está pendiente, por ejemplo, hacer una reflexión profunda de lo que significa y ha significado la República y ser republicano hoy en México. Reflexionar sobre la frase de que "lo único peor que una república sin democracia es una democracia sin república".
Ojalá el comienzo de 2003 sea el momento más oportuno para recordar que en la República la ley es el único instrumento ético para regular la convivencia y las relaciones sociales. Que en una democracia la paz sólo puede ser fruto de la justicia. Que ni la sociedad ni el Estado pueden permitir la violencia ilegal e ilegítima, pues ésta niega o debilita la democracia y conduce a la irracionalidad, a la barbarie -el imperio de la turbamulta- y a la descomposición social.
Finalmente, si queremos cambiar para mejorar debemos ir a la raíz de los asuntos y no contentarnos con la expresión ritual de buenos deseos, pues éstos -siempre necesarios- sirven poco si no van acompañados de la comprensión de las condiciones en que pueden realizarse y del diseño de las políticas públicas que los materialicen.
* Presidente de la CNDH
