No a proyectos de vida sexenales
Antonio Contreras y Antonio Medina
El proyecto foxista de Ley General de Salud, en poder del Senado de la República para su discusión y eventual aprobación, constituye un retroceso, ya que en la ley vigente la salud está considerada como una garantía individual, por lo que el gobierno está obligado a garantizar la atención médica y a proporcionar los medicamentos necesarios para prolongar la vida y la calidad de la misma, en tanto que el anteproyecto de Fox señala que la salud es un derecho social, lo que implica que "su cumplimiento será progresivo y dependerá de los recursos del Estado", advirtió Pedro Morales, abogado litigante especialista en derecho a la salud, durante el primer día de trabajos del Segundo Foro Comunitario sobre VIH/sida y salud sexual, realizado los días 2 y 3 de diciembre en el Puerto de Veracruz.
En el Foro participaron alrededor de 450 personas de más de 50 organizaciones de todo el país, con el objetivo de presentar una propuesta consensuada ante el 8º Congreso Nacional sobre VIH/sida e ITS. Para ello, analistas gubernamentales, académicos y de la sociedad civil ofrecieron una serie de pláticas sobre políticas públicas y la situación de la pandemia en general. También se organizaron diversas mesas de discusión y talleres con los temas Acceso a tratamientos, Atención, Prevención, Derechos humanos y Elaboración de proyectos, entre otros.
Hugo Estrada, presidente del Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH (FrenpaVIH), manifestó su preocupación por la política de desincorporación de pacientes con VIH/sida del IMSS y advirtió que esta institución amenaza además con remitirlos al médico familiar y sólo turnar con especialistas a algunos pacientes, cuando es sabido que un médico familiar no puede recetar ni para un resfrío a quien está en tratamiento por VIH. Planteó que el acceso universal a medicamentos se dé en 2004 y no sea una acción de gobierno circunstancial, sino que quede presupuestalmente amarrado. "Los proyectos de vida no pueden esperar de un sexenio a otro", concluyó.
Una de las mesas más concurridas fue la de epidemiología. Ahí, el experto Luis Anaya López explicó que dentro de las nuevas estrategias de vigilancia epidemiológica en VIH/sida, a la fecha se realiza un control estadístico de segunda generación, denominado así a partir de un criterio de la OMS, que consiste en la "recolección, análisis y diseminación de la información epidemiológica sobre la distribución de la infección de VIH, relevante para la planificación, ejecución, seguimiento de las actividades de prevención y control del programa nacional". En el caso de VIH se utiliza el término prevalencia y se clasifica el nivel en que está la pandemia: incipiente si la prevalencia es menor a 5 por ciento, concentrada, si ésta es igual o mayor a 5 por ciento, y generalizada, cuando ha desbordado a la población con prácticas de riesgo e incide en población general con una tasa mayor a 5 por ciento.
En México la epidemia ha ido en aumento, no obstante que las cifras no reflejan la situación real por el importante subregistro (33 por ciento de los casos) y el lento fluir de los datos. Empero, se sabe que 42.8 por ciento de los jóvenes entran en una categoría de riesgo, que la prevalencia del comportamiento de riesgo en HSH alcanza 80 por ciento y que para evitar la infección en mujeres es necesario fortalecer las campañas de prevención entre adolescentes, ya que los datos muestran que es entre los 12 y 23 años cuando se da el mayor número de infecciones.
Declaración del Foro Comunitario
Una vez concluidas las mesas de discusión y los talleres, integrantes de las organizaciones participantes se reunieron para redactar el pronunciamiento que se leería al día siguiente, en la inauguración del 8º Congreso Nacional. Los puntos más destacados fueron la exigencia de que las reformas a la Ley General de Salud y a la ley del IMSS no se lleven a cabo hasta que se consulte a la sociedad civil; recursos necesarios en todas las instituciones de salud para mejorar la atención en VIH/sida; promoción de los derechos sexuales a través de una educación laica, científica, objetiva, formal e integral desde temprana edad, así como el fortalecimiento y continuidad de las campañas específicas de prevención en HSH, trabajadoras/es sexuales, usuarios de drogas inyectables y mujeres y jóvenes, con énfasis en el uso del condón. Asimismo, condenaron cualquier forma de discriminación o exclusión que atente contra la vida y dignidad de las personas infectadas y afectadas por el VIH/sida.