En el marco del 8^o Congreso Nacional de Sida, realizado el pasado mes de diciembre en Veracruz, se dio la voz de alerta contra la iniciativa del gobierno de reformar la Ley General de Salud. En el Foro Comunitario, realizado en los días previos al Congreso, las organizaciones civiles de lucha contra el sida conocieron y discutieron la propuesta foxista en materia de salud pública.

Si bien en la exposición de motivos de dicha iniciativa se expresan los propósitos por todos deseados en el ámbito de la salud --como mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud y combatir la desigualdad, así como acabar con el gasto de bolsillo en salud, que resulta catastrófico para la economía familiar--, ya en las propuestas de reforma de la Ley la garantía constitucional del derecho a la protección a la salud no queda tan clara. El temor particular es que la responsabilidad del Estado como el garante de dicho derecho quede diluida y limitada al otorgamiento de "servicios esenciales de salud" definidos por el Consejo de Salubridad General de acuerdo con criterios de seguridad, ética, eficacia, costo y aceptabilidad social. Lo que en la práctica significaría un retroceso.

Por esa razón, algunas voces inconformes manifestaron su rechazo el día de la inauguración del Congreso. Y en la declaración final del Foro Comunitario las organizaciones participantes solicitan al Senado no aprobar la propuesta de reformas hasta que se discuta ampliamente en la sociedad civil.

Es de esperar que a la hora de discutir las reformas a la Ley General de Salud, los legisladores muestren la misma sensibilidad empeñada por diputados federales y asambleístas del DF cuando aprobaron mayores partidas presupuestales para mejorar el acceso equitativo a los servicios educativos y en salud en general, y en particular para combatir la epidemia del VIH/sida.